Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129356
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.356, "Guerra, Pablo Germán contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas a la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 17-V-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-VI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Pablo Germán Guerra y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ello, con motivo de la minusvalía que contrajo el actor como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 1 de agosto de 2017.
En lo relevante, teniendo en cuenta la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (la cual ubicó en el momento del mentado infortunio), juzgó que la controversia debía resolverse en el marco de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por la ley 27.348.
Al diseñar el contenido de la condena del caso, realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557 conforme el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348; cuya constitucionalidad -sostuvo- no resultó impugnada por el accionado. Respecto a esta última cuestión, señaló que si bien -a fs. 165- este último refirió a un supuesto planteo de esa índole que habría efectuado, este no había sido incoado oportunamente por aquel y tampoco habían sido expuestos fundamentos para ello al contestar la demanda; razón por la cual desestimó el abordaje sobre el punto.
Luego, tras cuantificar el ingreso base mensual del trabajador de acuerdo a lo estipulado en la mencionada norma, definió el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Por último, precisó que para el supuesto de mora en el pago de la indemnización habría de aplicarse lo dispuesto en el apartado 3 del mentado art. 12 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348).
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia arbitrariedad, la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4, ley 25.561- y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 21-VI-2022).
II.1. Afirma que la decisión adolece de un patente vicio que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Refiere que si bien a la fecha del accidente que motivó el reclamo se encontraban vigentes las disposiciones de la ley 27.348, la Provincia de Buenos Aires no había adherido a dicha norma; razón por la cual postula la improcedencia de su aplicación al caso. Asevera que ello de igual modo fue interpretado por ambas partes.
II.2. En otro orden, sostiene que en el pronunciamiento objetado se ha arribado a una solución incoherente, en tanto mientras la indemnización por responsabilidad civil debe justipreciarse bajo los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificada por la ley 25.561-; el mentado art. 12 de la ley de infortunios laborales se aparta de las limitaciones de dichos preceptos incorporando un mecanismo de actualización que arroja una indemnización completamente desproporcionada.
Agrega que el reproche constitucional que merece la normativa impugnada no puede mitigarse con el argumento de que el legislador intentó desalentar la judicialización de los conflictos por accidentes laborales. Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de diversas garantías constitucionales.
Pone de resalto que no existe una mínima proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido. Afirma que esta carencia entre el sistema general de reparación y el especial diseñado por la ley 27.348, se revela con facilidad a partir de los montos que arroja la determinación del ingreso base mensual determinado en el veredicto y el que fijó el tribunal en su sentencia por aplicación de la cuestionada normativa, el que además -apunta- no se compadece con la minusvalía que aqueja al trabajador.
En ese contexto, expresa que la suma indemnizatoria arribada en el fallo, jamás podría ser alcanzada en la hipótesis de haber la víctima sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral, lo que demuestra que los principios protectorios del derecho del trabajo han traspasado los límites de la razón.
II.3. Añade que la tasa de interés prevista en el apartado 2 de la norma en pugna (activa del Banco de la Nación Argentina), resulta contraria a la doctrina que enuncia y provoca una yuxtaposición indemnizatoria.
II.4. Finalmente, señala que el apartado 3 del art. 12 de la ley 24.557 cuestionado, admite -ante la hipótesis de mora- el anatocismo, sobre cuyo producido se estipula la aplicación de la tasa activa. Al respecto, asegura que su imprecisa redacción imposibilita interpretar el modo según el cual debe efectuarse el cálculo allí establecido, todo lo cual -alega- vulnera el derecho de defensa en juicio de su representada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera -como lo reconoce el propio recurrente- el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debería quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024; e.o.).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante al planteo de inconstitucionalidad del referido art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348), corresponde dejar de lado el mentado requisito del valor económico de lo cuestionado, ello, al encontrarse en juego una cuestión federal, razonamiento que tiene sustento en el conocido criterio sentado por la Corte nacional con los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y que de algún modo ha sido puesto de relieve por el quejoso.
Luego, y a tenor de lo señalado, más allá de lo que en definitiva se resuelva, de abordarse este concreto tramo del recurso debe hacérselo sin acudir a la mentada restricción procesal (causas L. 120.947, "Centauro S.A.", sent. de 15-IX-2021 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023).
III.2. Ingresando en el tratamiento de las impugnaciones, dable es señalar que la objeción inicial referida a la vigencia temporal de las disposiciones contenidas en la ley 27.348 en su vinculación con la adhesión de la ley provincial, carece de toda denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrina legal, deficiencia que en el marco de revisión de excepción antes indicado, sella su suerte adversa.
III.3. Sentado lo anterior, y como se ha indicado, en el medio de impugnación traído también se ha cuestionado la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, conforme las modificaciones introducidas por la ley 27.348. Ya correspondiendo su análisis despojado de la restricción económica prevista en el art. 55 de la ley 11.653, cabe adelantar que tampoco ha de tener favorable recepción.
III.3.a. He sostenido antes de ahora que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto (conf. mis votos en las causas L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003; L. 76.687, "Páez Nolasco" y L. 76.279, "Castillo", sents. de 1-X-2003; L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003; e.o.), con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004; L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004; e.o.). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
Esa exigencia traduce un principio de orden que promueve que las cuestiones acerca de la eventual invalidez constitucional de una norma - ultima ratio del orden jurídico, conforme conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 285:322; 300:241 y 1087; 301:962 y 1062; 302:457, 484 y 1149; 307:906; 312:435 (conf. dictamen del señor Procurador General, al que se remitió la Corte Suprema); 314:407; 326:2692; 327:831 e in re , "Berón", B.2.216.XXXVIII, sentencia de 15-II-2005, estos tres últimos conforme dictamen del señor Procurador General al que se remitió la Corte nacional- sean decididas con el mayor grado de debate posible, con adecuada contradicción y en función de las posiciones sustentadas por las partes en el litigio.
III.3.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348 que fuera publicada en el Boletín Oficial el día 24 de febrero de 2017, recién fue incorporado en el litigio con el recurso en examen, deducido el día 21 de junio de 2022. Luego, a poco de considerar que la norma ahora impugnada ya se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (fechada en 4 de junio de 2019), el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso en esta Sede extraordinaria bien pudo ser llevado ante el tribunal de grado en esa ocasión procurando de este modo su debida y oportuna bilateralización.
III.3.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo (conf. mi voto en causa C. 86.429, "Asociación Mutual de Empleados Municipales", sent. de 22-VIII-2007). Mas no lo es menos que, en la especie, el camino transitado por la parte en la instancia de grado torna inadmisible el planteo tardíamente pergeñado por el recurrente.
En determinados supuestos puede descartarse la imposición de este tipo de exigencias de planteamiento oportuno, pero al respecto, se observa que el impugnante no ha argumentado que concurra en autos ninguna hipótesis que conduzca a exceptuar este recaudo, las que en rigor igualmente no se constatan en el caso (v. mis votos en causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
En síntesis, toda vez que la parte no ha sometido la cuestión constitucional a la decisión del a quo y la introdujo extemporáneamente en ocasión de articular el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a estudio, no corresponde a esta Corte ingresar a su conocimiento.
III.4. Finalmente, los demás cuestionamientos, vinculados con la aplicación e interpretación de los distintos apartados del mentado art. 12 de la ley 24.557 no pueden ser atendidos pues no cuentan con argumentos hábiles tendientes a evidenciar la transgresión de doctrina legal aplicable conforme la plataforma fáctica y jurídica del caso en examen.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Coincido con lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Es que, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar al tratamiento -únicamente- del planteo de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348) contenido en la impugnación, sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio, pues involucra claramente, una cuestión federal que esta Corte debe abordar en tanto órgano máximo de la judicatura local (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Aclarado ello, adhiero a las consideraciones vertidas por el citado colega en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
Solo he de agregar, respecto al agravio dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la normativa mencionada, que concuerdo en que, en atención a las circunstancias de la causa, en las que -sin perjuicio de la posición asumida por la parte accionante- el tribunal actuante manifestara en su primer despacho, de fecha 27 de diciembre de 2017, que según la fecha denunciada del accidente de trabajo o su primera manifestación invalidante, el infortunio debía quedar abarcado bajo la órbita de las previsiones de la ley 27.348, su introducción -recién- en el recurso bajo examen es producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en esta instancia extraordinaria (causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 126.046, "Agüera" y L. 126.076, "Benítez", sents. de 27-VI-2023; e.o.). Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023); de allí que -por las razones expuestas por el colega que abre el acuerdo- corresponda su rechazo.
I.3. Finalmente, también concuerdo con lo expuesto en el punto III.4. del sufragio inaugural.
II. Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Ello así, en tanto el planteo de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348) formulado en la impugnación, involucra una cuestión federal que debe ser abordado por esta Corte sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Luego, comparto las consideraciones vertidas por el citado colega en los puntos III.2. y III.3. de su voto, así como las consideraciones adicionales efectuadas por el doctor Torres en el punto I.2. de su sufragio.
Al respecto, solamente he de señalar -en lo concerniente a los argumentos expuestos por el ponente para desestimar el referido planteo de inconstitucionalidad antes mencionado- que, de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
I.3. Por último, también adhiero al punto III.4. del sufragio inaugural.
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto de mis colegas, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Soria en el apartado III.1. de su voto, como también su propuesta de desestimar el agravio sobre la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348).
En ese orden, considero, como sostiene el colega ponente, que el planteo introducido en el recurso es producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en esta instancia extraordinaria (v. mis votos en las causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
I.2. Luego, en el marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, adhiero a los fundamentos vertidos por el colega en los apartados III.2. y III.4. de su exposición.
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:51:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:27:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:49:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:39:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:03:00 hs. bajo el número RS-45-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia