Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en relación al agravio analizado en el punto III.1 (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653), y rechazarlo respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto III.2, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, en el marco de la pretensión deducida por el señor Elías Emmanuel Escobar contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó las excepciones de incompetencia y cosa juzgada opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 29-VI-2020).
Para arribar a dicha decisión, inicialmente dispuso -en atención a las particularidades de los planteos- tratar en forma conjunta a las mentadas defensas.
En ese contexto, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del trabajador del trámite administrativo previo y obligatorio por ante la Comisión Médica, habiendo dicho organismo emitido dictamen, el cual -destacó- no fue notificado al empleador y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, tal como lo dispone el art. 10 de la ley 27.348.
Sostuvo además, que de las constancias obrantes en autos no surgía demostrado que se hubiera celebrado un acto de homologación. También, que en la demanda promovida en sede judicial se reclamó por la existencia de un daño psíquico, siendo en consecuencia el objeto de la presente acción más amplio que el considerado en sede administrativa.
En tales condiciones, indicó que el actor optó -de conformidad con lo dispuesto por los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057- por recurrir ante la justicia ordinaria del fuero laboral lo resuelto por la Comisión Médica, sin limitación alguna.
Concluyó que, al no haber arribado las partes a un acuerdo posteriormente homologado, no se hallaba configurada en la especie la cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicha decisión la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-VII-2020), el que fue concedido por el órgano de grado.
II.1. En el inicio de su presentación controvierte el rechazo de la defensa de cosa juzgada y manifiesta que el dictamen emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional no fue apelado por el trabajador, habiendo inclusive la Aseguradora de Riesgos del Trabajo abonado las correspondientes prestaciones dinerarias.
II.2. Por otra parte, se opone a la decisión del tribunal de grado que declaró su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones. Sobre el particular, refiere que el actor no agotó debidamente la instancia administrativa previa y obligatoria que contempla el Título I de la ley 27.348, ya que no interpuso un recurso de apelación contra lo decidido por la Comisión Médica, sino que optó por promover una improcedente demanda ordinaria.
III.1. Alterando el orden de los agravios traídos, cabe indicar que, en relación a los embates orientados a cuestionar el rechazo de la excepción de incompetencia, el recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.370, "Ferreyra", resol. de 10-V-2023 y L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia -opuesta al contestar la acción- para entender respecto del reclamo por el accidente laboral invocado, bajo el argumento de que la parte actora cumplió con el trámite administrativo previo y obligatorio, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A." (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
III.2. En lo que respecta al restante cuestionamiento, el recurso deviene inadmisible.
III.2.a. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda, esto es la suma de $917.175,60- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.b. En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que no se ha denunciado doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con los cuestionamientos que se exponen, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el presente carril de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
Por lo demás, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en relación al agravio analizado en el punto III.1 (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653), y rechazarlo respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto III.2, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:25:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 11:11:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 13:27:14 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2024 14:28:55 hs. bajo el número RR-703-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia