Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131625
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Leonardo Darío Benítez promovió contra Federación Patronal Seguros S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. vered. y sent. de fecha 25-IX-2023).
Para así decidir, tras analizar en conciencia las pruebas rendidas, concluyó que el accionante presenta una dolencia derivada del accidente in itinere que sufrió y que le provocó una incapacidad psicológica del 3,23% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-X-2023), concedidos por el a quo , el segundo de ellos, en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resolución del 11-X-2023).
III.1. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denuncia que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis, como lo es -según apunta- la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557.
Asimismo, afirma que no fundamentó jurídicamente la sentencia en forma adecuada, ni invocó los preceptos legales pertinentes.
III.2. El recurso no prospera.
III.3. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
Por otro lado, sabido es que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez, no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020; L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023 y L. 130.636, "Valcarce", resol. de 8-IV-2024).
III.4. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que, de la lectura del escrito de inicio, se observa que la temática que se reputa soslayada (esto es, la supuesta pretensión vinculada al cobro de la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo) no fue planteada ni llevada a conocimiento del tribunal de grado, siquiera de modo subsidiario, por parte del demandante.
Por lo tanto, no acompaña razón al recurrente en cuanto denuncia que el tribunal de grado ha soslayado abordar dicha reparación, incurriendo -de esa manera- en la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
III.5. Por otra parte, se impone aclarar que la declaración oficiosa de la nulidad de un pronunciamiento judicial -a la que se acude en situaciones especialísimas- es una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte y, por ende, no resulta dable que su actuación sea propiciada por las partes (causas L. 117.190 "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 117.552 "Ibañez", sent. de 2-IX-2015; L. 118.023 "Monte", sent. de 21-X-2015; L. 119.170, "Diz", sent. de 6-IV-2016; L. 120.300, "Antognoli", sent. 13-X-2020; L. 129.432, "Galeano", resol. de 22-XI-2022; L. 130.292, "López", resol. de 30-V-2023 y L. 131.529, "Maidana", resol. de 26-II-2024).
III.6. Finalmente, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020; L. 126.568, "Insaurralde", resol. de 21-X-2022; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y L. 130.185, "Ruiz", resol. de 6-III-2024), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Insiste en que el tribunal de grado omitió referirse en su pronunciamiento a la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019; L. 125.843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020; L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023 y L. 131.130, "Gómez", resol. de 15-IV-2024), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023 y L. 131.129, "Suárez", resol. de 15-IV-2024).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, más allá que las únicas doctrinas que se denuncian como transgredidas se refieren al vicio de absurdo, las que no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por conducto del citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022 y L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023; e.o.), cierto es, que la eventual omisión de tratamiento de una cuestión esencial –como la que trae el interesado- resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 126.529, "Herrera", resol. de 6-VIII-2021 y L. 130.245, "Peralta", resol. de 6-XII-2023), aspecto que ha recibido respuesta suficiente en el apartado III.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:28:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:06:54 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:47:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:41:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:59:57 hs. bajo el número RR-879-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia