Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, en el marco de la acción deducida por el señor Rolando Carlos Antonio Lira contra Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, hizo lugar a las excepciones de falta de acción y de legitimación pasiva opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 14-XII-2023).
Para así decidir, tras defender la validez constitucional del procedimiento administrativo contemplado en el Título I de la ley 27.348, sostuvo que de las constancias obrantes en autos surgía acreditado que el actor había interpuso la presente acción luego de trascurrido el plazo de -noventa- 90 días hábiles judiciales previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, habiendo -por ende- adquirido la decisión emanada de la Comisión Médica jurisdiccional interviniente -sobre la cual no articuló pedido de revisión alguno- autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-II-2024), el que fue concedido por el a quo el día 4 de marzo de 2024.
En lo sustancial, relata los antecedentes del caso y sostiene que el tribunal de grado interpretó erróneamente las pretensiones deducidas por las partes en los escritos constitutivos del proceso y decidió sobre una cuestión no planteada por la demandada en el responde -vinculada a la excepción de cosa juzgada administrativa-, transgrediendo así el principio de congruencia. Denuncia además que dicho órgano jurisdiccional incurrió en absurdo al valorar los hechos y las pruebas de la causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 4-III-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes (v. cédulas electrónicas de fecha 5-III-2024), no mereció objeciones de la aquí recurrente.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
En este contexto, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, más allá de que la impugnación se encuentra vinculada a cuestiones de índole fáctica y probatoria, la única doctrina que se denuncia transgredida en el escrito recursivo se refiere al vicio de absurdo, no resultando idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022; L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023 yL. 131.531, "Gómez", resol. de 3-VI-2024; e.o.).
A lo expuesto cabe agregar, que el cuestionamiento sustentado en la alegada transgresión del principio de congruencia tampoco resulta admisible, toda vez que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.757, "Tarditi", resol. de 23-XI-2023; e.o.).
Finalmente, es dable recordar que la opinión de los autores no constituye la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 130.106, "Heredia", resol. de 27-VI-2022 y L. 130.986, "Alconchel", resol. de 4-XII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:52:28 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 12:58:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:21:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 15:30:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2024 08:32:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/08/2024 10:09:06 hs. bajo el número RR-1020-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia