Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción promovida por la señora Rosa Isabel Fuentes contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que denunció padecer, declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones y ordenó su archivo (v. pronunciamiento de 30-VI-2023).
Para así decidir, valoró los dichos vertidos por las partes en los escritos constitutivos del proceso y la prueba agregada a la causa y juzgó que la actora no había acreditado el agotamiento de la etapa administrativa previa y obligatoria establecida por las leyes 27.348 y 14.997.
Sostuvo que de la documental acompañada no surgía constancia alguna de la tramitación del expediente administrativo invocado en la demanda, ni de que el Titular del Servicio de Homologación hubiera dictado -en los términos del art. 2 de la Resol. n° 899-E/17- un acto que reúna los requisitos de tipicidad exigidos por el ordenamiento jurídico para que posea la cualidad de imponer al particular cargas impugnatorias perentorias.
En tales condiciones, con sustento en el criterio delineado por la Suprema Corte a partir de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) y L. 121.755, "Ibarra" (sent. de 13-X-2020), declaró su falta de aptitud jurisdiccional para entender en autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo mediante proveído electrónico del 23 de agosto de 2023.
Alega que la decisión de grado es absurda, toda vez que al promover la demanda se ofreció como prueba documental (v. punto XVII.1) la disposición de alcance particular -acto de clausura- emitida en el expediente n° 376.963/21, pero que por un error involuntario omitió agregar dicho documento a la causa. Sostiene que el tribunal de grado debió requerir que se subsane dicho error, ordenado el diligenciamiento del oficio respectivo a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que remita las actuaciones administrativas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios remiten a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, marginados de revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 127.556, "Velázquez", resol. de 20-XII-2021; L. 122.773, "Urrutia", resol. de 15-VII-2022 y L. 129.688, "Carrizo", resol. de 15-II-2023; e. o.) y la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su crítica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
Cabe asimismo indicar, que tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal referida al vicio de absurdo (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; e.o.).
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.935, "Pazos", resol. de 1-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:33:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2024 12:27:08 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2024 10:23:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:09:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:29:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:16 hs. bajo el número RR-1147-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia