Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130926
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, en el marco de la acción iniciada por el señor Víctor Valeriano Quintana contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que invocó padecer, hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 24-V-2023).
Para así decidir, señaló que de conformidad con lo normado por los arts. 3 de la ley 27.348 y 32 de la resol. SRT 298/17 no basta con la denuncia del siniestro para que pueda comenzar a computarse el plazo con el que cuenta la Comisión Médica Jurisdiccional para emitir su dictamen, sino que el trabajador debe cumplimentar los requisitos que exige la reglamentación, como la presentación del patrocinio letrado y todo otro recaudo que requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Valorando las constancias obrantes en el expediente administrativo n° 308.804/22, así como lo manifestado por ambas partes en sus escritos constitutivos, el a quo sostuvo que si bien el Área de Control y Gestión ante Comisiones Médicas había considerado que se encontraban cumplidos los requisitos mínimos de admisibilidad para dar comienzo al trámite, siendo notificado el actor de la fecha de realización del examen médico no concurrió a la audiencia fijada y no concluyó la instancia administrativa previa y obligatoria establecida por el Título I de la ley 27.348.
Conforme ello, el tribunal de origen se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y ordenó su archivo.
II. Frente a lo así resuelto, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 21-VI-2023).
Cuestiona la interpretación llevada a cabo por el tribunal de grado de la ley 15.057 y sostiene que dicho órgano jurisdiccional omitió analizar los argumentos en que se fundó el planteo de inconstitucionalidad del procedimiento ante la Comisión Médica, violando así el deber de motivar y justificar sus decisiones.
Indica, además, que el a quo no tuvo en consideración que el plazo de sesenta -60- días hábiles para que la Comisión Médica Jurisdiccional emitiera dictamen se encontraba cumplido, encontrándose, por ende, agotada la vía administrativa de manera automática, y que el actor no concurrió a la audiencia médica fijada porque ya existía un expediente judicial en trámite.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnación ignora los argumentos vertidos en el pronunciamiento recurrido para avanzar en un cometido que traduce, tan sólo, la mera discrepancia subjetiva acerca de lo decidido en la instancia de grado, puesto que una característica propia de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación y, en ese marco, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020; L. 129.563, "Cabral Vera", resol. de 22-VIII-2023 y L. 128.919, "Bustamante", resol. de 23-VIII-2023; e.o.).
Ello implica que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe acatar -ante todo- el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada (art. 279, CPCC). Si este requisito no se cumple, la deficiencia resulta insalvable.
Bajo tales lineamientos, se advierte que el interesado omitió denunciar como infringida las precisas normas en las que el tribunal del trabajo sustentó el pronunciamiento, esto es, los arts. 3 de la ley 27.348 y 32 de la resol. SRT n° 298/17, sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la cita de los preceptos legales que debió efectuar el recurrente para sustentar su impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 y L. 127.843, " Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; e.o.).
En tal sentido, la carencia de mención de las disposiciones sobre las cuales se fundó el decisorio -vinculada con la suerte del recurso-, deja insatisfecha la carga de fundamentación adecuada.
III.2. A la deficiencia técnica apuntada se agrega que, no obstante pretender el recurrente la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria, tampoco ha denunciado -en concreto- la existencia del vicio de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas de la causa, lo que sella la suerte adversa de la crítica con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (causas L. 125.240, "Moreno", resol. de 11-III-2020 y L. 129.563, "Cabral Vera", resol. de 22-VIII-2023; e.o.).
Finalmente, cabe indicar que -en rigor- las lacónicas alegaciones formuladas en la critica -desprovistas de un desarrollo argumental que las sustente- no se ocupan de controvertir de modo frontal, concreto y eficaz las esenciales motivaciones del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, solo exhiben su disconformidad con la decisión objetada (causas L. 126.316, "Schwindt", resol. de 20-X-2021; L. 127.628, "Benítez", resol. de 28-XII-2021 y L. 126.835, "Ayala", sent. de 23-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 17:28:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:15:47 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2024 11:56:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 16:16:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:07:34 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/09/2024 11:53:33 hs. bajo el número RR-1239-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia