Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131232
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco del juicio iniciado por el señor Roberto Daniel Proos contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que invocó padecer, en lo que interesa destacar por ser motivo de agravio, rechazó el planteo de caducidad y la excepción de cosa juzgada administrativa opuestos por el demandado (v. pronunciamiento de fecha 9-VI-2023).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que ambas partes habían resultado contestes en señalar que el actor transitó la etapa administrativa previa y obligatoria que regula la ley 27.348 y sus reglamentaciones, obteniendo dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional en el expediente n° 73.369/17, en el cual dicho organismo determinó (en fecha 2-I-2018) que poseía incapacidad, habiéndose dispuesto el archivo de tales actuaciones sin la emisión de la disposición de clausura emanada del Titular del Servicio de Homologación, conforme lo regulado por la resolución SRT 298/17. Concluyó, que atento la inexistencia del acto de cierre del procedimiento y de la notificación fehaciente al trabajador en relación al plazo vigente para recurrirlo, había quedado expedita para este último la acción de revisión prevista por el art. 2 inc. "j" de la 15.057, disponiendo en consecuencia el rechazo del planteo de caducidad formulado por el accionado.
Por otro parte, juzgó que de las constancias obrantes en la causa no surgía acreditado que en la instancia administrativa transitada por el promotor del pleito se hubiera alcanzado algún acuerdo o transacción que amerite su consideración como basamento de la excepción de cosa juzgada interpuesta (art. 15 LCT).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 14-VII-2023).
En el inicio de la crítica, el recurrente esgrime consideraciones tendientes a defender la aplicación temporal y validez constitucional del trámite administrativo previo y obligatorio previsto en la ley 27.348 -con adhesión de la ley 14.997-, así como de la acción de revisión consagrada en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Luego, sostiene que la decisión de grado de rechazar la defensa de cosa juzgada opuesta transgrede la doctrina legal de la Suprema Corte emanada de las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020). Refiere que luego de haberse emitido el correspondiente dictamen médico, se liquidaron las sumas que le correspondían percibir al trabajador en concepto de prestaciones dinerarias, las que fueron percibidas por éste último, lo que demuestra -a la luz de la doctrina de los actos propios- una clara manifestación de voluntad tácita de consentir el porcentaje de incapacidad y la indemnización practicada.
Por otra parte, alega que también debe modificarse el fallo de grado que desestimó el planteo de caducidad formulado oportunamente, toda vez que -explica- debió el tribunal de grado decidir este tramo de la controversia luego de ordenar la producción de la prueba ofrecida y diferir la cuestión para su tratamiento ulterior conjunto con el fondo del asunto.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que la doctrina que se invoca transgredida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 129.729, "Azocar", resol. de 30-V-2023; e. o), no resultando -en consecuencia- idónea en el marco del estrecho carril en tratamiento.
Por lo demás, cabe destacar que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 27-V-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
A lo expuesto, se agrega, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Nuñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:14:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:40:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:35 hs. bajo el número RR-1271-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia