Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, en el marco de la acción iniciada por el señor José Manuel Alejandro contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 4-VI-2024).
Para así decidir, valoró las copias certificadas incorporadas a la causa del expediente caratulado "Alejandro José Manuel c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente-ley especial" (n° 36.635/2015), de trámite por ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 60 de Capital Federal, así como lo manifestado por los litigantes en los escritos constitutivos del proceso, y sostuvo que el reclamo formulado en autos versaba sobre las consecuencias lesivas derivadas del mismo siniestro ocurrido el día 27 de febrero de 2015, siendo las mismas partes también las que intervienen en ambos procesos.
Señaló que en fecha 17 de octubre de 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de grado en cuanto había dispuesto el rechazo de la demanda interpuesta, habiendo el actor dado inicio a las actuaciones administrativas por ante la Comisión Médica de Pilar el día 27 de febrero de 2019, para luego interponer la demanda ante el Tribunal de Trabajo en fecha 30 de septiembre de 2019.
En tales condiciones, concluyó que al haberse dictado una sentencia definitiva sobre el mismo hecho reclamado en las presentes actuaciones correspondía brindar favorable recepción a la excepción de cosa juzgada opuesta (art. 31 inc. "d", ley 11.653).
II. Frente a lo así resuelto, el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 26-VI-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 22-VIII-2024).
En lo sustancial, relata los hechos de la causa y alega que la sentencia dictada por el tribunal de grado condiciona el acceso a la justicia y afecta garantías y principios constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna.
Denuncia absurdo en la valoración de las pruebas y objeta la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario (v. resolución de 22-VIII-2024, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 131.027, "Peñalva", resol. de 27-II-2024), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. En este contexto, cabe señalar que no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, más allá de que la impugnación se encuentra vinculada a cuestiones de índole fáctica y probatoria, la única doctrina de la Suprema Corte que se denuncia como vulnerada se refiere al vicio de absurdo, no resultando idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022 y L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023; e.o.).
III.3. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
III.4. En otro orden, el cuestionamiento dirigido a objetar la imposición de costas también debe desestimarse, toda vez que no se ha denunciado a su respecto violación de doctrina legal alguna de la Suprema Corte de Justicia, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el citado art. 55 de la ley ritual del fuero (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 128.264, "Pacheco", resol. de 17-X-2022; L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023 y L. 132.294, "Nvichini", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:20:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/10/2024 08:59:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:10:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:23:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:49:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:06:00 hs. bajo el número RR-1405-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia