Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.173, "Duarte, Imanol Ariel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 26-VI-2023).
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-VII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Imanol Ariel Duarte y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias derivadas de la prestación contemplada en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557.
En lo que interesa, en relación con el ingreso base mensual a considerar, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y efectuó la cuantificación de la prestación tomando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del dictado de la sentencia. Dispuso que, a la suma así determinada, debía descontársele aquella percibida por el actor en concepto de incapacidad permanente, parcial y definitiva abonada por la demandada, como consecuencia de la ejecución parcial ordenada a fs. 168 y vta.
Finalmente, y toda vez que el monto indemnizatorio reconocido al actor se determinó a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, el tribunal de grado aplicó intereses -desde ese momento y hasta el dictado de la sentencia- a una tasa "pura" del 6% anual.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 12 y 14 de la ley 24.557; 165, 166 inc. 2 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 28-VII-2023).
II.1. Cuestiona que el tribunal de origen haya declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para calcular la prestación, en tanto afirma que la decisión es arbitraria, pues sus fundamentos son meramente aparentes y conjeturales.
Sostiene que sin perjuicio de que en la especie no se advierte cual es la real afectación que le produce a la parte actora la aplicación de aquella norma, ella no resulta violatoria de la Constitución nacional, expresa que la proyección de una limitación en materia de responsabilidad, mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
Señala que el juzgador de grado, al considerar la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", se arrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de estipular una fórmula indemnizatoria en la que los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual lo sean a valores "históricos".
Explica que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Ello, dice, no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. Agrega que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
II.2. Reitera que lo decidido por el a quo resulta arbitrario dado que sin justificación legal alguna calculó la indemnización debida a "valores actuales" y luego procedió a descontar el importe que su parte abonó en el mes de noviembre de 2016 en concepto de reparación del régimen prestacional (ley 24.557), es decir, a "valores históricos".
Agrega que el alejamiento de la "realidad económica" se verifica en el caso cuando se cotejan los montos respectivos.
Afirma que en estas condiciones el quantum indemnizatorio trae como consecuencia un enriquecimiento indebido del damnificado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ocupa destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por ello, el tratamiento del recurso, en principio, habría de justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal quedaría circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante a la declaración de inconstitucionalidad del referido art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348-, corresponde dejar de lado el mentado requisito del valor económico de lo cuestionado y tratar dicho agravio en concreto sin la aludida restricción, toda vez que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal (causas L. 120.947, "Centauro S.A.", sent. de 15-IX-2021 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023).
III.2.a. En cuanto a la objeción inicial, cabe poner de relieve que el tribunal tuvo por acreditado que el ingreso base mensual calculado conforme el art. 12 de la ley 24.557 -denunciado por la demandada- ascendía a $5.517,90, mientras que el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de junio de 2023 era de $87.987.
Luego, procedió a calcular la prestación dineraria establecida en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 (conf. modif. de la ley 26.773, vigente al momento del accidente) y señaló que el seguimiento estricto de los parámetros allí previstos, estructurada sobre el salario devengado el año anterior al infortunio, conllevaba una notable disminución de la indemnización debida.
Después de destacar la doctrina fijada por esta Corte en las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), manifestó que el art. 12 de la ley 24.557 deviene inconstitucional, pues provoca una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario del trabajador, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la carta magna.
A esos fines, estimó aplicables las directrices del fallo "Ascua" de la Corte nacional en el cual -dijo- se determinó que la indemnización especial no puede dejar de resarcir de manera íntegra la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia provocada por el infortunio.
Como consecuencia de lo expuesto, definió que correspondía en el caso declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual (IBM), y determinar su valor con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del dictado de la sentencia.
III.2.b. Frente a tales definiciones, la crítica que contiene el recurso deviene infructuosa.
Soslayando atacar idóneamente las razones sobre las que se estructura el pronunciamiento de grado, el recurrente se limita a formular genéricas consideraciones, y bajo esos términos alude a ciertos derechos y preceptos constitucionales, alega sin éxito una supuesta falta de adecuación de la jurisprudencia utilizada por los magistrados de grado, e insistentemente pretende evidenciar que el pronunciamiento peca de dogmático.
En ese marco se inscriben además las citas que contiene la impugnación referida a los precedentes de esta Corte individualizados como B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), que, sin constituir doctrina legal, reflejan -en este espacio del recurso- la opinión personal de uno de sus ministros.
De suyo, la sola invocación del vicio de absurdo que también contiene el recurso carece de todo vigor. En modo alguno se lo demuestra, pues la denuncia se encuentra despojada de una correcta y concreta argumentación, siendo que es sabido que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
En fin, son aplicables las directrices de esta Corte que indican que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013 y L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022).
III.3. Por otro lado, tal como se anticipó, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde analizar el restante agravio vinculado con el quantum indemnizatorio en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, última parte de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso-.
Bajo este cuadrante, el embate luce inadmisible, en tanto cabe advertir que la única cita que realiza el quejoso emparentada con precedentes de esta Corte (aquí individualiza las causas B. 64.953, "Ithurrart" y B. 58.475, "Petrini", a las que asimismo había hecho referencia en el otro segmento), no resulta apta para rebatir la decisión en crisis, ya que carece de todo argumento dirigido a demostrar -a partir de la debida identificación de las directrices que surgirían de estos y su vinculación concreta con el presente litigio- por qué y de qué modo el juzgador de grado habría incurrido en la supuesta violación que denuncia. Se incumple así con la carga de indicar en qué consiste la infracción de la doctrina legal que se pretende conculcada.
A todo evento, es dable agregar -para satisfacción del recurrente- que en las causas referenciadas mediaron presupuestos diversos a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Ello así, en tanto el planteo dirigido a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la ley 27.348), involucra una cuestión federal que debe ser abordada por esta Corte sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"; causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Luego, comparto las consideraciones vertidas por el citado colega en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto inaugural, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2024 12:59:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/11/2024 12:05:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:47:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 10:03:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 12:23:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 13:22:35 hs. bajo el número RS-108-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia