Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132123
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó íntegramente la acción iniciada por la señora Asuzena del Carmen Palmas contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto pretendía la reparación por el accidente in itinere que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 13-XI-2023).
Para así decidir, juzgó que el incidente de tránsito sufrido por la trabajadora en la vía pública no fue, respecto de ella, un accidente in itinere.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de nulidad y -en subsidio- de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 28-XI-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 13-XII-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 27-XI-2024).
III.1. En su remedio extraordinario de nulidad, la interesada, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, propiciando -además- la anulación del fallo, alega que el sentenciante omitió el tratamiento de cuestiones esenciales conducentes para la resolución del litigio, a la vez que se pronunció sobre una temática no introducida a debate por los contendientes. En este marco, cuestiona que el sentenciante no consideró que el infortunio del que resultó víctima tuvo lugar en circunstancias en que realizaba el recorrido habitual y normal desde su domicilio hasta el lugar de prestación de tareas.
Asimismo, cuestiona que no se haya hecho efectivo el apercibimiento previsto en el art. 386 del CPCC, en clara vulneración de los principios de bilateralidad e in dubio pro operario , así como del derecho de defensa en juicio.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. Inicialmente, se impone recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.186, "Balbuena", resol. de 29-X-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 119.509, "Cornou", resol. de 4-V-2016 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
III.2.b. En ese contexto, los agravios que contiene el remedio deducido no son atendibles, desde que se sustentan en el cuestionamiento a la forma en que el juzgador resolvió la contienda, lo que importa la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado y propios del recurso de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020 y L. 131.653, "Ruiz", resol. de 20-IX-2024).
Por otro lado, la eventual deficiencia en la consideración de la prueba o la ausencia de evaluación de alguna pieza probatoria, no conforman un supuesto de omisión de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 120.276, "Cancinos", sent. de 11-VII-2018; L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020 y L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI-2021).
III.3. La misma suerte habrá de correr la pretensión nulificante sustentada en la presunta definición extra petita en que habría incurrido el juzgador, pues el examen del vicio de demasía decisoria es ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, puesto que la hipótesis configuraría una eventual infracción a normas procesales, subsanable por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 85.884, "Jáuregui", sent. de 26-10-2005; L. 89.315, "Aguilera", sent. de 25-11-2009; L. 108.445, "Severini", sent. de 5-6-2013 y L. 120.314, "Martínez", resol. de 13-IX-2017).
III.4. Por otra parte, corresponde recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la potestad revisora, razón por la cual se halla vedada a las partes la posibilidad de realizar planteos de esa naturaleza al fundar sus recursos extraordinarios (causas L. 121.353, "Mayorano", resol. de 6-VI-2018; L. 121.938, "Martín" resol. de 21-VIII-2019 y L. 124.834, "Rodríguez", resol. de 13-X-2020).
III.5. Por último, cabe agregar, que tampoco se configura en el caso la alegada infracción al citado art. 171 de la Constitución local, toda vez que el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas normas legales, resultando extraño al recurso extraordinario de nulidad la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023)
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la recurrente denuncia la conculcación de las normas y de la doctrina legal que cita. Al efecto, controvierte la decisión del a quo que rechazó la demanda. Critica que el juzgador consideró que el accidente sufrido por la actora no fue - respecto de ella- un accidente in itinere . En ese orden, alega absurdo en la valoración de los elementos de juicio obrantes en autos y denuncia violación del principio de congruencia, así como la errónea distribución de la carga de la prueba.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. De manera liminar, cabe dejar sentado que es doctrina de esta Suprema Corte que, si bien resulta inadmisible la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios, en la medida que éstos posean -como en el caso- fundamentos propios y no promiscuos, corresponde su tratamiento (causas L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 128.338, "Oficialdegui", resol. de 22-XII-2022 y L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023).
IV.4.a. Sentado ello, tal como lo adelantó el órgano de grado, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por la suma reclamada en demanda- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento de la impugnación bajo examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020, L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022).
IV.4.b. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
IV.5. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la reclamante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas -vinculadas a determinar si se demostró, o no, con la prueba producida en autos, si en un caso se configuran los presupuestos para calificar como in itinere un accidente (causas L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017; L. 119.748, "Fidalgo", sent. de 29-VIII-2018; L. 119.990, "Andrini", sent. de 6-XI-2019 y L. 131.821, "Méndez", resol. de 20-VIII-2024), así como el supuesto absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Trabajo al meritar los escritos constitutivos del proceso y las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 126.513, "Romero", resol. de 6-VIII-2021 y L. 128.893, "Paz", resol. de 1-IX-2022).
Sumado a ello, los precedentes jurisprudenciales que se citan en el recurso aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 127.133, "Matos", resol. 20-X-2021 y L. 131.656, "Peluso", resol. de 9-VIII-2024).
Asimismo, tiene resuelto esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 129.141, "Bezek", resol. de 24-X-2023).
Además, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
IV.6. Para concluir, es dable destacar que tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional en cuanto se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones estrictamente procesales, como lo son las relativas a la distribución de la carga de la prueba y a la infracción del principio de congruencia, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación traída (causas L. 120.013, "Quilodran", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018 y L. 128.188, "Camino", resol. de 4-VII-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia y al cuestionamiento vinculado a la carga de la prueba, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2025 13:37:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 10:59:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:09:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:01:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:21:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:43:34 hs. bajo el número RR-129-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia