Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128779
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.779, "Monzón, Damián Elías contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida con el alcance que estableció, e impuso las costas a la accionada vencida (v. veredicto y sentencia de fecha 23-XII-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-II-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente precisó —ante todo— que la acción deducida consistía en una demanda de revisión plena de lo dictaminado por la Comisión Médica n° 11 de La Plata, por lo que entendió que la cuestión debía ser resuelta en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Luego, estableció que, en razón de la fecha de la primera manifestación invalidante, esto es, el 28 de febrero de 2017, resultaba temporalmente aplicable al caso el decreto de necesidad y urgencia 54/17.
En consecuencia, en lo que interesa destacar, analizó el planteo de inconstitucionalidad del art. 11 de dicho reglamento efectuado por la parte demandada. En ese orden, juzgó que tal pedimento debía ser desestimado. Por un lado, porque entendió que las pautas de actualización allí previstas habían sido expresamente aplicadas por la comisión médica interviniente, con el consentimiento del Estado empleador autoasegurado, al liquidar el importe de las prestaciones en sede administrativa. Sostuvo que, conforme las constancias de la causa, al cuantificarse el importe en dicho ámbito, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizó el ingreso base mensual (IBM) mediante el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), de acuerdo al referido art. 11 del mentado reglamento. Enfatizó que esa decisión no fue objetada por el Estado provincial, que —por el contrario— peticionó en la réplica de forma reiterada que el caso se resolviera conforme lo dictaminado por dicho organismo administrativo. Señaló que la demandada, luego de peticionar que se aplique el IBM determinado con las pautas del decreto de referencia, reclamó su inconstitucionalidad. Ello —agregó— contradice en forma manifiesta la doctrina de los actos propios, la cual impide ponerse radicalmente en contradicción con el previo comportamiento jurídicamente relevante.
Si bien sostuvo que lo señalado precedentemente bastaba para definir la cuestión (v. sent., pág. 6), seguidamente trató otros argumentos traídos para atacar la congruencia constitucional del decreto de marras. En este sentido, con sustento en variadas razones, explicó de qué manera —a su juicio— dicha norma desplazó la prohibición establecida en los arts. 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. Seguidamente, no advirtiendo violación alguna de los derechos de igualdad y propiedad, ni del principio de razonabilidad que el recurrente había denunciado conculcados, concluyó que debían aplicarse las pautas contenidas en la normativa cuya descalificación desechó.
Luego, con apoyo de las constancias de la causa, consideró acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido, el reclamante padece una incapacidad laboral permanente parcial del 12,96% del índice de la total obrera (v. vered. de fecha 23-XII-2021).
En lo que resulta relevante, en la sentencia declaró que el accionante resultaba acreedor de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, calculada según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 del decreto de necesidad y urgencia 54/17, que —como dijo— se hallaba vigente al momento del infortunio.
En estas condiciones, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador partiendo del dictamen contable presentado el 21 de marzo de 2020 y arribó a la suma de $28.259,22 (v. vered., cuarta cuestión). A ese monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante (28-II-2017) y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (3-XII-2021), un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, elevando el ingreso base del actor a la suma de $83.039,52 (v. sent., pág. 10). Definido el ingreso base, calculó el importe de la indemnización en la suma de $1.123.479,40.
Más adelante, señaló que en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la prestación, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Fue allí que consideró aplicable el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 —conforme el texto dado por el señalado decreto de necesidad y urgencia 54/17—, el cual —interpretó— "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios...", en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial, desplazando así, tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 —texto según ley 14.399— por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso —continuó expresando— lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios (v. sent., págs. 11 y 12).
Con esa definición, sostuvo que dicho precepto —el mentado art. 12 inc. 3 de la ley de infortunios laborales— debía ser interpretado en forma sistemática con los incs. 1 y 2 del mismo artículo que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación. A partir de ello, precisó que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito.
En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa "pura" del 6% anual. A su vez, juzgó procedente el planteo de la actora, reclamando la capitalización de intereses devengados desde la fecha del accidente hasta la notificación de la demanda, en los términos del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial.
En virtud de ello, al importe del capital arriba mencionado ($1.123.479,40) añadió los intereses moratorios desde la fecha del siniestro (28-II-2017) hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda (acaecido el 1-X-2019, v. fs. 127 y vta.), cálculo que (aplicando la indicada tasa del 6% anual) arrojó una cifra de $174.523,54. La suma de ambos montos ascendió a la suma de $1.298.002,94; la que una vez capitalizada devengó intereses (desde el 2-X-2019 y hasta el 3-XII-2021) a la tasa arriba indicada (6% anual), importe que ascendió a la suma de $173.470,30 (6% anual sobre $1.298.002,94, del 2-X-2019 al 23-XII-2021). Finalmente, estableció que el monto resultante de sumar ambos guarismos era de $1.471.473,24, importe nuevamente capitalizado que (desde el 24-XII-2021 y hasta el efectivo pago) debía devengar un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., págs. 16 y 17).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 6 apartados 1, 2 inc."b", 3 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 11 del decreto de necesidad y urgencia 54/17; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 354 inc. 1 y 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653. Asimismo, invoca quebrantada la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 10-II-2022).
II.1. En primer lugar, se agravia de la determinación del ingreso base mensual efectuada en el fallo de grado, denunciando absurdo en la interpretación de la prueba y las constancias objetivas de la causa.
Puntualmente señala que la suma cobrada por el trabajador en concepto de retroactivo por la categorización de sus funciones correspondía al período comprendido entre los meses de septiembre de 2015 a julio de 2016. Sostiene que dicho monto —al efectuar el cálculo del IBM— debió ser prorrateado, en virtud de que el mencionado período no abarca completamente los doce meses anteriores al infortunio (28-II-2017).
Discrepa con lo decidido porque —en su opinión— el juzgador se limitó a tomar el monto total de lo abonado al trabajador y lo incluyó en la base de cálculo, sin detenerse a analizar su contenido y conformación, contrariando la normativa legal aplicable al caso, y desoyendo las reiteradas observaciones que realizó la demandada al respecto.
II.2. Seguidamente, reprocha el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 11 del decreto de necesidad y urgencia 54/17 esgrimido al contestar demanda y su aplicación al caso.
II.2.a. Puntualiza que, bajo el pretexto de la supuesta contradicción a la doctrina de los actos propios, el juzgador de grado omitió tratar los argumentos expuestos al contestar demanda.
II.2.b. Destaca, a continuación, el desacierto de la decisión que impugna.
Por un lado, indica que el mecanismo utilizado por el legislador para el cálculo del ingreso, a través de lo estipulado en los dos primeros apartados de la normativa en cuestión, pretende justipreciar al mismo como una deuda de valor y no una deuda de dinero, puesto que en la ocasión en que es determinada la liquidación de la indemnización, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación, que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago.
Por otro, manifiesta que, si bien la normativa de marras técnicamente no importa ser un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, aun así, las actuales previsiones de la ley 27.348, como ley especial y posterior, bien pueden diferir de lo establecido en una norma de igual jerarquía como resulta ser la anterior ley 23.928.
II.2.c. Desde otroángulo, aclara que no cuestiona la potestad del legislador nacional para regular las pautas de la indemnización prevista en la ley 24.557 (texto según ley 27.348), sino la razonabilidad empleada en el caso para lograr el fin propuesto.
Manifiesta que si bien el art. 11 del decreto de necesidad y urgencia 54/17 recepta diversos cuestionamientos con relación al art. 12 de la ley 24.557, ello no lo exime del control de razonabilidad al que se encuentra sometido cualquier acto de gobierno. Luego, precisa los motivos por cuales entiende que el señalado precepto del decreto no es constitucional.
II.3. A su vez, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior, ignoró las directivas allí establecidas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, preciso es señalar que, en oportunidad de resolver la queja promovida en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial interpuesta por el Fisco provincial, esta Suprema Corte destacó que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria —representado por la diferencia que se verifica entre el ingreso base mensual establecido por el a quo y el que habría de obtenerse conforme el planteo de la recurrente— no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del citado digesto adjetivo y, por consiguiente, recordó en qué consiste la función revisora extraordinaria en ese acotado marco de examen.
Determinó, asimismo, que el agravio dirigido a controvertir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica —a su respecto— el abordaje del cuestionamiento con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Sentado lo que antecede, considero que el primero de los embates no resulta atendible.
En el estrecho marco de revisión por el que debe transitar este tramo del recurso, no observo la concurrencia del supuesto excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, respecto del reproche dirigido a objetar el cálculo del ingreso base, desde que, además de vincularse con cuestiones de hecho y prueba, cierto es que la doctrina legal que se denuncia como vulnerada refiere al vicio de absurdo. De allí que no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto de la ley ritual aplicable (causas L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022; L. 121.445, "Balbi", sent. de 9-II-2021; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023).
III.3. Por otro lado, tampoco merece favorable acogida el cuestionamiento direccionado a controvertir la decisión que desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 54/17, que —según lo anticipado— debe abordarse con prescindencia de las limitaciones establecidas por las leyes procesales locales.
Ello así, porque no resultan aptos para conmover la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 54/17, los argumentos del quejoso tendientes a desvirtuar la aplicación de la doctrina de los actos propios.
En efecto, en su motivación esencial, que reputó suficiente para decidir dicha parcela de la cuestión, el tribunal de grado expresó —con cita de precedentes del Cimero Tribunal nacional— que el planteo de inconstitucionalidad incoado en este caso por la parte demandada implicó una contradicción con su comportamiento anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz, en una cuestión que a su respecto implicó la disposición de un derecho de contenido meramente patrimonial, tanto al momento de cuantificarse el importe del IBM mensual por parte de la SRT (mediante el índice RIPTE, de acuerdo al referido art. 11 del decreto, v. fs. 70) sin la condigna objeción por el estado provincial, como por la posición asumida por este en la propia contestación de demanda (v. rec., apdos. IV.2 y VI), en la que peticionó de forma expresa y reiterada que el caso fuera resuelto de conformidad con lo dictaminado por dicho organismo administrativo (v. sent., págs. 4 a 6).
Pues bien, la impugnación soslaya efectuar un ataque directo y eficaz contra la esencial motivación sobre la que se basa el pronunciamiento. El tribunal de grado manifestó expresamente que las objeciones constitucionales planteadas por la parte codemandada debían entenderse desplazados por haber mediado su voluntario sometimiento al régimen jurídico vigente sin expresa reserva, sin perjuicio de lo cual los abordó en forma subsidiaria (v. sent., págs. 6/10). Ahora, la recurrente insiste en sostener sus embates contra estos fundamentos que lucieron secundarios, pero omite toda impugnación de los que resultan esenciales (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Y tiene dicho este Tribunal que deviene requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado. Y que esta tarea no se cumple cuando el recurso de inaplicabilidad de ley que contiene apreciaciones que no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del juzgador (causas L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023; L. 126.850, "Torales Cardozo", sent. de 25-X-2023; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.), desentendiéndose así de la réplica frontal de las motivaciones esenciales expuestas en el fallo (causas C. 109.181, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 24-IV-2013; C. 118.066, "Mueshstein Argentina S.R.L.", sent. de 7-V-2014; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
La insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, tal como acontece aquí, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos esenciales sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020; e.o.).
III.4. Finalmente, tampoco resultan atendibles los reproches vinculados a los intereses aplicados.
En efecto, debiendo resolverse esta cuestión en el estrecho marco de análisis, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que la doctrina legal denunciada por el quejoso ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022; L. 127.013, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024; L. 127.922, "Novajas", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
En las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), se dijo que, habiéndose determinado la indemnización por daños y perjuicios a valores actuales, debía emplearse para computar los intereses moratorios el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, el que se estableció en el 6% anual sobre el crédito indemnizatorio según el dies a quo establecido en la sentencia impugnada y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (conf. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.); y que, de allí en más, resultaba aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Ahora bien, en estos últimos precedentes citados, y que también invoca la recurrente, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar —en los términos del art. 622 del Código Civi
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