Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129453
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Emir Braulio Gaona contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y declaró la caducidad de la acción de revisión intentada (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2024).
Para así decidir, sostuvo que con la sanción de dicha normativa se concede a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires una vía amplia y alternativa a las previstas por las leyes 27.348 y 14.997, que mejora la posición de estos últimos frente a los demás asalariados del país. En tal sentido, concluyó que el término de noventa -90- días allí establecido es un plazo de caducidad que se encuentra previsto en el ordenamiento procesal vigente y no de prescripción.
Bajo esas directrices, juzgó que entre la fecha de inicio de las presentes actuaciones y la de notificación de la disposición de alcance particular emitida por el Titular del Servicio de Homologación había transcurrido en exceso dicho plazo, por lo que correspondía declarar caduca la acción.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 15-X-2024), el que fue concedido por el a quo el 6 de noviembre de 2024, habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 26-II-2025).
Con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial denuncia que el tribunal de grado omitió expedirse respecto de los argumentos en los cuales fundó el planteo de inconstitucionalidad del plazo de caducidad contemplado en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057. Bajo esos lindes, evoca la transgresión de garantías constitucionales.
Por otra parte, sostiene que el fallo en crisis se encuentra desprovisto de una adecuada fundamentación legal.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1.a. Inicialmente, se impone recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.186, "Balbuena", resol. de 29-X-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 119.509, "Cornou", resol. de 4-V-2016 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023; e.o.).
III.1.b. En tal sentido, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se repara que las cuestiones que se dicen preteridas -esto es, la alegada omisión en que habría incurrido el tribunal a quo de expedirse respecto de los motivos expuestos por el promotor del pleitos para sustentar el planteo de inconstitucionalidad del plazo de caducidad contemplado en el art. 2 inc. j) de la ley 15.057- han merecido expreso abordaje (aunque en forma negativa a las pretensiones del interesado) por los sentenciantes de grado al disponer "... que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse como la última ratio del orden jurídico. En razón de lo expuesto y analizado el escrito inicial, los fundamentos esgrimidos por la parte según los cuales -a su criterio- la norma cuestionada sería contraria a la Constitución Nacional resultan puramente teóricos y redundantes, ya que omiten mencionar los motivos por los cuales el quejoso entiende que su aplicación en este caso en concreto es contraria a la Carta Magna" (v. voto de la Dra. Boxler a la única cuestión; que concitó la adhesión de los Dres. Di Renzo y García).
En este sentido, cabe destacar que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020; L. 128.184, "López", resol. de 1-IX-2022 y L.131.540, "Di Nápoli", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
III.1.c. Por último, los argumentos ensayados en la impugnación vinculados a la falta de fundamentación de la decisión tampoco son de recibo, desde que no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, pues dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:46:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:13:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:36:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:37:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:18:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:13:17 hs. bajo el número RR-751-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia