Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130227
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.227, "Jara, Maria Cristina contra Provincia de Buenos Aires Dirección General de Cultura y Educación. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 21-X-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Maria Cristina Jara y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente in itinere sufrido el 14 de diciembre de 2012 (v. pronunciamiento de fecha 21-X-2022).
Luego de juzgar acreditado en el veredicto el ingreso mensual de la trabajadora con sustento en el dictamen pericial contable —que precisó: se hallaba "firme y consentido"— (v. vered., segunda cuestión), ya en la sentencia, el juzgador de grado cuantificó el importe indemnizatorio en una suma que, señaló, superaba al piso mínimo vigente a la época del infortunio según la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (v. sent., págs. 5/6).
En otro orden, con apoyo en lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), rechazó la aplicación del incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, por cuanto la contingencia del caso consistía en un accidente in itinere (v. sent., últ. pág. cit.).
A continuación, con fundamento en la doctrina sentada por este Tribunal en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y, con cita del precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimó la pretensión de la parte actora por la que procuraba la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) al importe indemnizatorio (v. sent., pág. 7).
Entre otros señalamientos, declaró la inconstitucionalidad de la ley local 14.399 y dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago, a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, luego después de pronunciarse sobre las costas, en referencia a la cuestión vinculada con la "actualización monetaria", sostuvo que correspondía aplicar la doctrina fijada en la causa L. 93.185, "Miloslavich" (sent. de 23-VII-2008).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; 3 y 17 de la ley 26.773; 70 de la ley 26.844; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 7-XI-2022).
II.1. En primer lugar, cuestiona el rechazo del pedido de actualización monetaria desde la fecha del hecho y hasta la de su efectivo pago. Fundamentalmente, reclama la aplicación del índice RIPTE conforme la cuantificación que realiza, de este modo, arriba a una suma dineraria a la que le añade los intereses que entiende aplicables.
Invocando circunstancias vinculadas con el proceso inflacionario, postula la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la actualización monetaria (arts. 7 y 10, ley 23.928 y 4, ley 25.561) por ser violatorias del derecho de propiedad.
Alega que el planteo de inconstitucionalidad obrante en el escrito introductorio fue rechazado arbitrariamente, y que, de todos modos, la emergencia económica establecida por la ley 25.561 fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que ya no se encuentra vigente.
Apunta que, en el caso, se trata una deuda de valor prevista por el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en tal sentido, afirma que el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de "contraprestación" y no de "obligación dineraria".
Advierte que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad deducido desde el propio escrito inicial, configuraría un inequívoco caso de inconvencionalidad.
Expresa que los arts. 17 de la ley 26.773 y 70 de la ley 26.844 resultan indiscutiblemente aplicables al caso.
Refiere que, de igual modo, de conformidad con el principio de progresividad, debe aplicarse la normativa y la interpretación más favorable al trabajador.
Señala que el órgano de grado fundó su decisión en fallos de la Suprema Corte dictados en contextos distintos a los de autos.
II.2. Se agravia del rechazo de la indemnización contenida por el art. 3 de la ley 26.773, y afirma que en el escrito de demanda se planteó la inconstitucionalidad de dicha norma, en tanto discrimina a los trabajadores que sufrieron un accidente in itinere, excluyéndolos del incremento que regula.
II.3. A su vez, denuncia que el tribunal de origen omitió aplicar la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los cardinales argumentos traídos en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado, siendo, que, para más, se propone ahora una línea reflexiva novedosa y por ello inatendible (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020 y L. 126.298, "Torena", sent. de 21-X-2022), desde que nada dijo la parte actora —ahora recurrente— en su escrito de demanda acerca de la validez constitucional ni de la vigencia de los arts. 4 de la ley 25.561 y 7 y 10 de la ley 23.928 y tampoco se ha alegado haber incorporado tal postulación en alguna otra oportunidad durante el desarrollo del proceso ante el tribunal del trabajo interviniente.
A mayor abundamiento, en cuanto a la crítica realizada al amparo del art. 70 de la ley 26.844 con la finalidad de integrar el planteo recursivo que gira sobre la actualización del crédito —originariamente deslizada en la contestación del traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653—, de reputarse su temporaneidad, debe indicarse que su formulación carece de una sólida estructura, desde que ni siquiera intenta justificar el recurrente de qué modo dicha norma, perteneciente al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, podría ser aplicable al caso. Otro tanto ocurre con la pretensa actuación del art. 17 de la ley 26.773, que tampoco reúne los recaudos establecidos en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2. No mejor suerte ha de correr la impugnación vinculada con la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773.
El recurrente se desentiende por completo de rebatir el razonamiento del juzgador de origen, mostrando así la insuficiencia del recurso (causas L. 122.645, "Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina", sent. de 13-VII-2022; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-III-2023 y L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024).
Y más allá de que lo expuesto conduzca a la desestimación de la crítica, no está demás aclarar que en las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018) y L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018), este Tribunal ha establecido que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional consagrada en la citada disposición. Lo dicho se encuentra en línea con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016).
Finalmente, aunque no luzcan nítidas sus expresiones, dable es agregar que si el quejoso en esta parcela del recurso pretende a su vez poner de relieve un supuesto planteo de inconstitucionalidad de la citada norma que la actora habría efectuado en la instancia, lo cierto es que, de situarnos en esa hipótesis, ello no fue abordado en la sentencia de grado, dato que margina la cuestión del ámbito de revisión de este Tribunal.
III.3. Tampoco es de recibo el planteo en el que se reclama la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En parte, en línea con lo dicho al abordar el inicial agravio, en reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en la Casación (causas L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020; L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; e.o.).
En la especie, si bien se advierte que la petición concerniente a la aplicación de la citada norma legal no pudo integrar la pretensión liminar pues el Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 7, ley 26.994, modif. por ley 27.077) no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda, no se observa que en otras etapas del proceso —de suyo, ya vigente el digesto mencionado— la accionante hubiese incorporado al pleito una petición en ese sentido para eventualmente posibilitar la bilateralidad del debate sobre el particular y su resolución por parte del tribunal de la instancia.
En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce la actora en esta instancia extraordinaria, se avizora que la crítica constituye una cuestión novedosa que no fue fallada en la sentencia de grado, y que entonces, no es susceptible de ser abordada por esta Corte.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en su voto.
Solamente he de señalar —en lo concerniente a los argumentos expuestos por mi colega para desestimar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4 de la ley 25.561 y 7 y 10 de la ley 23.928— que, de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como en la causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto del ponente, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto pues, por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/07/2025 14:20:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:02:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 12:42:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2025 15:41:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2025 08:31:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/07/2025 09:16:18 hs. bajo el número RS-62-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia