Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132925
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por la señora Valeria Alejandra Simioni y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo in itinere sufrido (v. pronunciamiento de fecha 14-VI-2024).
Para así decidir, en lo relevante, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 y cuantificó el valor del ingreso base mensual conforme las prescripciones allí contenidas.
Luego, aplicó intereses moratorios sobre el capital de condena desde la fecha de acaecimiento del infortunio hasta el dictado de la sentencia a la tasa pura del seis por ciento -6%- anual. Además, precisó que una vez que quede firme el pronunciamiento y vencido el plazo para su cumplimiento y hasta el efectivo pago, dicho importe devengaría intereses al promedio de la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuentos comerciales a treinta días.
II. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-VI-2024), el que fue concedido en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de 11-VII-2024).
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado hubiera desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, según las modificaciones introducidas por el decreto 669/2019.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
II.2. Por otro lado, objeta la aplicación de intereses.
Alega, que si bien respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia el tribunal acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver el tramo posterior (es decir, desde allí y hasta el momento del efectivo pago) ignoró las directivas establecidas en las citadas causas, imponiendo irregularmente a su parte cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de su interposición, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado -decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la interesada-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023; e.o.).
Dicha hipótesis, cabe recordar, se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.890, "Otero", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
III.2. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), de modo que este aspecto del fallo debe modificarse.
III.3. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, deviene inoficioso el abordaje del restante agravio traído. Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibáñez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:27:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 12:33:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:33:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:36:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:50:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:38:20 hs. bajo el número RR-976-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia