Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por Matías Rodríguez y Marisa Andrea Argañaraz en representación de su hijo Pablo Rodríguez (hoy mayor de edad) y, en consecuencia, condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo por el fallecimiento del señor Carlos Alberto Rodríguez quien en vida fuera su padre (v. pronunciamiento de fecha 9-VIII-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado el vínculo causal entre la acción suicida y el trabajo. En este marco, precisó que el accidente in itinere sufrido por el señor Carlos Alberto Rodríguez y sus secuelas motivaron su decisión de quitarse la vida.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 30-VIII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 9-IX-2024).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, cuestiona la conclusión con arreglo a la cual el sentenciante admitió la existencia de nexo causal entre el infortunio sufrido por el trabajador y su ulterior suicidio.
En ese orden, alega una absurda valoración de las pruebas aportadas al proceso, y la afectación del principio de congruencia.
Por último, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto en razón que no se dedujo recurso extraordinario de nulidad.
III.2. Sentado ello, se impone observar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
Luego, para mayor satisfacción de la apelante debe indicarse que la impugnante no expuso razones suficientes que ilustren en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
III.3. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.4. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, tales como son, la valoración de los hechos y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 132.135, "Frías", resol. de 27-IX-2024).
A ello, cabe agregar que las doctrinas citadas como infringidas en el escrito recursivo, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
III.5. De igual modo, no abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024).
III.6. Seguidamente, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 82 de la ley 15.057 ya citada (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023).
III.7. Finalmente, es dable recordar que la jurisprudencia emanada de la Corte nacional y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 131.346, "Maldonado", resol. de 3-VI-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.6.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2025 11:51:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:24:09 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:41:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:00:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:57:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:20:00 hs. bajo el número RR-1074-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia