Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130607
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el plazo de caducidad establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco del juicio iniciado por el señor Jonatan Lidio Sotelo contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago del resarcimiento por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que invocó padecer, declaró la caducidad de la acción laboral de revisión intentada.
Para así decidir, sostuvo que había transcurrido en exceso el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales establecido en el art. 2 inc. "j", segundo párrafo, de la ley 15.057, entre la fecha de dictado de la resolución que aprobó el procedimiento ante la Comisión Médica Jurisdiccional y la de interposición de la demanda (v. resol. de 22-III-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 27-IV-2023), confiriéndose vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 12-IX-2023).
III. En la vía extraordinaria mencionada en primer término, el recurrente sostiene que la decisión de grado debe modificarse, toda vez que en el presente proceso se ha controvertido la validez constitucional de una norma (art. 2, inc. "j" de la ley 15.057), bajo la pretensión de ser contraria a las garantías previstas por los arts. 15, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución provincial y 5, 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso ha sido mal concedido.
III.2. Al respecto, corresponde inicialmente destacar que el medio de impugnación establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018; L. 126.811, "Flores", resol. de 7-X-2021; L. 126.762, "De Doménico", resol. de 5-V-2022; L. 130.416, "Fallas Altamirano", resol. de 7-IX-2023 y L. 130.599, "Bustos", resol. de 27-II-2024; e.o.).
Tal situación no concurre en la especie, pues, sin perjuicio de que el actor introdujo el tópico en oportunidad de contestar el traslado ordenado en los términos del art. 29 de la ley procesal n°11.653 (v. escrito electrónico de fecha 17-XI-2022), es lo cierto que el mismo no mereció análisis ni respuesta explicita alguna por parte del tribunal de origen, quien derechamente procedió a declarar la caducidad de la acción prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 luego de constatar el cumplimiento de los requisitos fácticos que habilitan su procedencia (v. sentencia interlocutoria de fecha 22-III-2023), circunstancia que -reconocida por el propio impugnante en su escrito recursivo- descarta la configuración de caso constitucional susceptible de habilitar la vía intentada en los términos señalados por los arts. 161 inc. 1° de la Carta local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial. En tales condiciones, devine inadmisible el remedio en estudio (causas L. 123.331, "Guiñazu", resol. de 29-VII-2020; L. 126.941, "Purini", resol. de 7-VI-2021; L. 128.301, "Sarli", resol. de 14-III-2023 y L. 130.893, "Amarilla", resol. de 26-II-2024; e.o.).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado cita las normas y la doctrina legal que considera transgredidas. Argumenta que el razonamiento seguido por el juzgador para resolver la caducidad de la acción impetrada carece de fundamentos válidos, deviniendo la decisión impugnada absurda y arbitraria.
IV.1. El recurso prospera.
IV. 2. Los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 131.700, "Magliano" (sent. de 19-IX-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el plazo de caducidad establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/10/2025 12:07:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2025 10:25:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2025 11:42:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2025 13:31:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2025 14:32:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2025 15:53:53 hs. bajo el número RR-1605-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia