Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131710
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se decreta. Respecto del agravio individualizado en el punto II.2, declarar que se lo rechaza por haber perdido virtualidad (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la cuidad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la acción promovida por Yoel Kevin Rodríguez y, en razón de ello, condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere padecido (v. vered. y sent. del 26-VI-2023 y resol. aclaratoria del 22-VIII-2023).
Para así decidir, en lo relevante, rechazó el planteo de inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, para luego cuantificar la indemnización reclamada de acuerdo a la normativa que juzgó aplicable.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. auto de fecha 31-X-2023).
II.1. En lo sustancial, impugna el fallo de grado en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del mencionado decreto. Aduce que no se cumplieron, a su respecto, las exigencias formales y sustanciales necesarias para su dictado.
II.2. Por otro lado, afirma que, como corolario de lo anterior, se incurrió en la arbitrariedad de actualizar el ingreso base con un interés equivalente a la tasa de variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores (RIPTE), y no de acuerdo a las pautas de la ley 27.348; colocando al trabajador en una condición mejor de la que gozaba antes del siniestro, lo cual entiende irrazonable.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que -contrariamente a lo manifestado por la recurrente- el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que arroja la indemnización según el cálculo efectuado juzgador y la que pretende el interesado en su impugnación- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del medio de impugnación sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023).
III.2. Sin perjuicio de ello, el agravio que controvierte el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Luego, más allá de cualquier otra consideración, deviene inoficioso el tratamiento del embate planteado en el punto II.2.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se decreta. Respecto del agravio individualizado en el punto II.2, declarar que se lo rechaza por haber perdido virtualidad (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2025 10:47:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/12/2025 11:36:01 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:32:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:27:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 12:39:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/12/2025 14:32:43 hs. bajo el número RR-2110-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia