Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo indicado.
Costas a la vencida en esta sede extraordinaria (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.142, "Funes, Hernán Matías contra Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a cargo de la parte demandada (v. vered. y sent. de fecha 8-V-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Hernán Matías Funes y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que protagonizó el día 23 de mayo de 2019.
En lo que interesa, habiendo determinado liminarmente en el veredicto un monto representativo del promedio de salarios —dijo— conforme el procedimiento previsto en el art. 11 de la ley 27.348, ya en la sentencia, al definir la cuantía de la prestación sistémica, declaró aplicable al caso aquella norma y fijó el valor del ingreso base mensual del actor en la suma que indicó "...teniendo en cuenta el promedio salarial del año anterior a la primera manifestación invalidante (23/05/2019) actualizado por RIPTE, con más la tasa activa Banco Nación" (sent., pág. 3).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 768 y 770 del Código Civil; 34 inc. 4; 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44, 47 y 63 de la ley 11.653; de las leyes 27.348, 23.928 y 25.561; del decreto 669/19; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 23-V-2023).
Señala que al calcular el ingreso base mensual del accionante, el tribunal de grado aplicó erróneamente el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo antes mencionado.
Explica que, a tenor de lo regulado en el citado precepto legal, al importe actualizado al mes de mayo de 2019, conforme el inc. 1 del precepto legal, debió aplicar la tasa activa del Banco Nación de acuerdo con lo previsto en el inc. 2 de la misma norma. En cambio, agrega, apartándose de esas reglas, el proceder del tribunal se tradujo en un absurdo que condujo a una indebida capitalización de intereses no prevista por el legislador, contraria a la doctrina que indica, y a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por la ley 25.561) y 768 y 770 del Código Civil y Comercial
III. El recurso prospera.
III.1. Ciertamente, en aquello que rodea a la determinación del ingreso base mensual del trabajador, no surge de la decisión de grado detalle alguno que permita verificar bajo qué método el tribunal de la instancia arribó al monto que —al cabo— le genera agravio al recurrente. No hay definiciones claras que evidencien un proceder debidamente ajustado a los distintos pasos lógicos contemplados en los incs. 1 y 2 de la prescripción legal actuada en la sentencia.
En tan significativa falencia radica el absurdo denunciado. El error señalado, conduce pues a la revocación de esta parcela del pronunciamiento, en tanto no se divisa que la cuantificación alcanzada del módulo empleado para definir la prestación sistémica reconocida tenga otro sustento que el mero arbitrio del juzgador (conf. causa L. 120.626, "Torrea", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Lo dicho abastece la respuesta necesaria del caso, por lo que no corresponde ingresar en otro orden de consideraciones.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido, revocar el tramo de la sentencia impugnada, y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que —con diferente integración— se pronuncie nuevamente sobre el punto mediante una adecuada fundamentación ajustada a la normativa aplicable al caso. Costas a la vencida en esta sede extraordinaria (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo indicado.
Costas a la vencida en esta sede extraordinaria (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2025 10:47:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/12/2025 11:35:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:32:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:17:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 12:38:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/12/2025 14:32:11 hs. bajo el número RS-119-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia