Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134863
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, hizo lugar a demanda promovida por el señor Oscar Enrique Valdez y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 5-XII-2024).
Para así decidir, en lo relevante, descartó la aplicación del decreto necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad declaró por no haberse cumplido para su dictado los requisitos formales y sustanciales que la Constitución nacional establece, y procedió a calcular las prestaciones reclamadas conforme la normativa que juzgó aplicable (ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348).
Asimismo, dispuso que a partir de la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectivo pago, debía aplicarse un interés equivalente el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta -30- días del Banco de la Nación Argentina.
II. Contra dicho pronunciamiento la aseguradora demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 19-XII-2024), concedido en la instancia de grado el 12 de marzo de 2025.
Se agravia de la decisión del tribunal de origen que -a su entender- dispuso aplicar al caso el referido reglamento. Indica que dicho dispositivo ha incumplido el control de legalidad que impone la ley 26.122 y el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional, a la vez que vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y propiedad. Postula entonces su inaplicabilidad por ser inconstitucional e inconvencional, tanto por razones de índole formal como sustancial.
III. El recurso no prospera.
En el caso, se advierte una errada lectura por parte de la recurrente del pronunciamiento que pretende impugnar, dado que el tribunal de origen no hubo de juzgar aplicable las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, tal como equívocamente se afirma en la crítica.
Como se relató, el órgano jurisdiccional de grado resolvió la presente controversia decretando la inconstitucionalidad -y consecuente inaplicabilidad- del mentado reglamento, para luego efectuar el cálculo indemnizatorio conforme pautas establecidas en la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348.
De este modo, fácil resulta colegir que la interesada se desentiende por completo del razonamiento plasmado en el pronunciamiento de origen y omite toda referencia idónea a las motivaciones esenciales que lo dotan de sustento.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 123.991, "Borrelli", resol. de 25-X-2021; L. 126.113, "Buss", resol. de 23-V-2022; L. 128.504, "Montani", resol. de 1-XI-2023 y L. 129.932, "Vega", resol. de 4-III-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/03/2026 11:45:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/03/2026 12:41:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:14:24 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:18:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:37:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:41:35 hs. bajo el número RR-170-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia