Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131755
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.755, "Mansilla, Héctor Raúl contra Provincia ART. Accidente In-Itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 1-XI-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-XI-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que reviste interés, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Héctor Raúl Mansilla y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que estableció en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de fecha 1-XI-2023).
Para así decidir, juzgó probado que el día 23 de julio de 2016 el actor protagonizó un accidente de trabajo in itinere, que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 17,5% del índice de la total obrera (v. vered., págs. 2/4).
Luego, con arreglo a las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 vigente a la fecha del aludido infortunio, determinó el ingreso base mensual del trabajador en la suma de $15.990,83. Asimismo, indicó que el salario actual para el cargo de chofer que ocupaba alcanzaba la suma de $209.174,74, conforme surgía de la página web "https://camioneros-ba.org.ar/" (v. vered., págs. 5/6).
Ya en sentencia, efectuó el cálculo del resarcimiento que le correspondía percibir al trabajador teniendo en cuenta el ingreso base mensual establecido en el fallo de los hechos ($180.944,82, el que —destacó— superaba el piso fijado por la resolución 1/16 emanada de la Secretaría de Seguridad Social). Por otro lado, tomando el 67% del salario que a esa fecha le hubiera correspondido a un trabajador con idéntica categoría y jornada, cuantificó la prestación dineraria en la suma de $1.585.834 (v. sent., pág. 11).
Teniendo como parámetro la comparación entre ambos resultados —toda vez que la diferencia entre los cálculos era muy superior al 33%—, sostuvo que resultaban aplicables al caso los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
Aclaró que, si bien en la citada causa se ordenó liquidar el Ingreso Base Mensual (IBM) según las remuneraciones de los doce meses anteriores a la fecha del pago recibido y en los presentes autos no se había formalizado pago alguno, esa diferencia fáctica no obstaculizaba la aplicación al caso de la sustancia de lo allí decidido, ya que se presentaban iguales circunstancias relevantes y el mismo gravamen, a saber: el no acceso del trabajador a un resarcimiento pleno e íntegro y la paralela reducción del valor del ingreso base mensual en un porcentaje superior al 33% (v. sent., págs. 12/13).
Con tales elementos, el juzgador se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por considerar acreditada la insuficiencia que dicho mecanismo provocaba en el resarcimiento previsto en la mencionada ley.
En este orden, por mayoría, estableció que el ingreso base mensual debía determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que percibiría el trabajador y, consecuentemente, fijó la reparación adeudada en la suma de $1.585.834.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 2.539, 2.541 y 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 16-XI-2023).
II.1. En primer lugar, sostiene que la decisión del sentenciante resulta violatoria de la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), desde que se aparta del mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social.
Específicamente, señala que la sentencia impugnada, en lugar de aplicar la fórmula dispuesta por el art. 12 de la ley 24.557, tomó como Ingreso Base Mensual (IBM) el 67% del salario actual (al momento de la sentencia) del señor Mansilla, lo que considera un valor ficticio e irreal que conduce a una prestación dineraria desproporcionada. Argumenta que el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones debe realizarse según el índice RIPTE, tal como se establece en la doctrina legal antes citada.
II.2. Por otro lado, manifiesta que la sentencia luce incongruente desde que, aun cuando el juzgador de grado invocó como fundamento de su decisión el precedente de esta Suprema Corte, L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), resolvió la cuestión debatida de una manera absolutamente distinta a lo resuelto en aquella oportunidad. Indica que, si bien en la sentencia se invocó dicha doctrina legal para sustentar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 y tomar el 67% de un salario como IBM, lo aplicó erróneamente al computarlo de acuerdo a la actual remuneración del accionante, mientras que en "Monchiero" se utilizó el parámetro del 67% del promedio salarial del año anterior a la fecha del pago insuficiente.
Alega que no solo se apartó de la normativa vigente, sino que también de la citada causa y de lo resuelto en L. 119.085, "Olguín", sentencia de 30-VIII-2021 y L.120.485, "Medina", sentencia de 31-VIII-2021.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada por el interesado— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, vigente al momento de la interposición del recurso extraordinario, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 1-XII-2023).
Sentado ello, corresponde destacar que, en el caso, los planteos ensayados no permiten considerar involucrada —de manera directa e inmediata— una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 120.108, "Campo Dell Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.2. Alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, habré de abordar inicialmente el relativo a la invocada errónea aplicación de la doctrina legal establecida en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
III.2.a. Con sujeción a los límites en que el recurso fue concedido no se observa la configuración de la hipótesis habilitante, desde que limitándose a señalar el equívoco en que habría incurrido el juzgador al utilizar como IBM el 67% del salario actual correspondiente a un trabajador con idéntica categoría y jornada contradiciendo así lo resuelto en el precedente denunciado, se aparta del razonamiento desplegado por el juzgador al adoptar su decisión, importando el análisis que propone la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo escrutinio resulta una facultad privativa del juzgador de grado que —como tal— se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía de excepción intentada (causas L. 121.448, "Soria", sent. de 2-VI-2020; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 128.522, "García", resol. de 13-VII-2022 y L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022).
Por lo demás, tampoco resulta eficaz el resto de la doctrina legal que se denuncia violada (v. rec. pág. 8), ya que el recurrente se limita a mencionar varios precedentes a pesar de que esta Corte reiteradamente ha señalado que incumple la carga del precepto del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.), como acontece en la especie.
III.2.b. Tampoco acierta el interesado en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal contenida en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
Ello así, desde la doctrina legal cuya transgresión se invoca fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que nuevamente revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (doctr. arts. 279, CPCC y 63, ley 11.653; conf. causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022; L. 127.922, "Novajas", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento al marco en el que fue concedido el recurso en la instancia, en decisión que no fuera objetada por el impugnante, adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en los apartados III.1. —en su último párrafo— y III.2. de su sufragio, y con ello, a la decisión que eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2026 20:34:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:58:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2026 12:37:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:43:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2026 08:53:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/03/2026 10:50:21 hs. bajo el número RS-27-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia