Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131486
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia atacada en cuanto declaró procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada y declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago deducida, con el alcance establecido en los apartados III.2.c. y III.3. Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosigan según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, haciendo mérito del contenido de la presente decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.486, "López, Luis Alberto contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in-itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada, imponiendo las costas en el orden causado (v. pronunciamientos de fechas 25-IX-2023 y 19-X-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen acogió —por mayoría— la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada respecto de la acción iniciada por el señor Luis Alberto López tendiente al cobro de prestaciones dinerarias y en especie previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, en virtud del accidente in itinere que sufrió el día 2 de enero de 2018. Asimismo —también, por mayoría— declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago opuesta por la aseguradora accionada (v. pronunciamientos electrónicos de fechas 25-IX-2023 y 19-X-2023).
Para así resolver, luego de compulsar el expediente judicial que adujo tener a la vista, a saber: "López Luis Alberto c/ San Cristóbal Mutual de Seguros Generales s/ daños y perj. autom. c/ les. o muerte" (expediente 6.655/2018), tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del mismo departamento judicial, destacó que en dicha causa el aquí actor formuló un reclamo por ante la justicia civil en busca de la reparación de los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito acaecido el 2 de enero de 2018, contra los señores Matías Gonzalo Discípulo Bertola, Héctor Daniel Días y Santiago Marini, con citación en garantía de San Cristóbal Mutual de Seguros Generales. Indicó que, en el marco de tal acción, el señor López obtuvo sentencia definitiva en primera instancia el día 12 de noviembre de 2021 y luego por ante la Cámara de Apelaciones departamental (en fecha 2-VIII-2022), pronunciamiento que —destacó— se encuentra firme y consentido.
Puesto a evaluar la presencia de la triple identidad que el instituto de la cosa juzgada requiere, entendió que era procedente, a partir del resolutorio arribado en sede civil, que expresamente estableció en el punto 8° "...que de las cifras pertinentes deberán detraerse las sumas percibidas en concepto de incapacidad de tipo permanente, de grado parcial y de carácter definitivo que hubiere abonado la Aseguradora de Riesgos de Trabajo en virtud de dicho accidente, previa determinación en la instancia de grado a través de las diligencias que fueran menester ordenar a tal efecto".
Resaltó que el accidente acaecido el día 2 de enero de 2018 generó dos regímenes de reparaciones distintos, por un lado, el contractual con la aseguradora del empleador del actor —por accidente in itinere— y, por el otro, el de índole extracontractual, contra un tercero causante del daño —ajeno a la previsión del art. 4 de la ley 26.773—, que tiene para sí un contrato de seguros.
Evaluó que el accionante optó por la reparación integral del derecho común contra el tercero y su aseguradora y fue indemnizado por distintos rubros, entre otros: incapacidad física y psíquica, daño moral, gastos de tratamiento psicológico.
Consideró, entonces, que el demandante —sujeto de la pretensión de ambos procesos— consintió la sentencia civil y, en consecuencia, dejó firme la orden de detracción de lo que se hubiere abonado por la vía de la ley 24.557 aquí intentada, por lo que —sostuvo— "mal puede reclamar aquí lo mismo que allá dejó firme y consentido" (pronunciamiento, pág. 4).
Agregó —luego de citar doctrina legal de esta Corte vinculada al instituto en cuestión— que existe "...la posibilidad de sentencias contradictorias ante un eventual rechazo aquí, o que ante la también posibilidad de una sentencia condenatoria en sede laboral, deba detraerse y por tanto devolverse, ergo una sentencia de resultado inocuo" (pronunciamiento, pág. 5). De todos modos, dijo que la cosa juzgada es de índole jurídica y no económica en orden a los montos que pudieren resultar de uno u otro pleito.
En orden a lo expuesto —por mayoría— hizo lugar a la referida defensa opuesta, ordenó el archivo de la causa y declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago deducida.
Luego, desestimó —también, por mayoría— el pedido de aclaratoria que formuló el accionante y confirmó la resolución atacada (v. resolución interlocutoria de fecha 19-X-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad (v. presentación electrónica de fecha 10-X-2023).
Se agravia de la decisión del órgano de grado en la que se hizo lugar a la defensa de cosa juzgada.
Afirma que —de manera infundada— el sentenciante consideró verificada la triple identidad que sustenta al instituto analizado, cuando no hay coincidencia entre la presente acción y la tramitada en sede civil en orden a los sujetos accionados, al objeto y a la causa.
En ese orden, explica que mientras que en la acción civil se demandó con sustento en los derechos que emergen de la responsabilidad extracontractual a los responsables del hecho dañoso y a su aseguradora, en la demanda laboral promovida con fundamento en los derechos de índole contractual, se accionó contra la aseguradora de riesgos del trabajo en virtud del contrato de seguro celebrado entre aquella y su empleadora.
Reitera que el objeto de la presente acción comprende no solo la determinación de las indemnizaciones tarifadas previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, sino también el cumplimiento vitalicio de las prestaciones en especie previstas en el art. 20 inc. 3 de aquel cuerpo legal, que son de exclusiva naturaleza contractual, reclamos que difieren de los rubros peticionados en sede civil.
Indica que en el escrito de inicio, el accionante, "de buena fe" solicitó expresamente que las indemnizaciones dinerarias que debiera abonar la accionada fueran depositadas a la orden del juez civil interviniente, para que se dirimiera en dicha instancia la distribución de las sumas con el fin de evitar pagos indebidos y cumplir con lo dispuesto en la sentencia de Cámara que ordenó detraer de las sumas establecidas lo que abonare la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de indemnización por incapacidad, lo que aduce, se corresponde con lo normado por el art. 9 de la ley 26.773.
Señala que el sentenciante pretende sostener que la parte actora optó por la reparación integral del derecho común contra el tercero causante del daño y su aseguradora, cuando a la fecha del siniestro ya regía la ley 27.348 y la supuesta opción prevista por el art. 4 de la ley 26.773 no tenía sustento legal. De todos modos, invoca que esta Corte, así como el Máximo Tribunal federal, declaró en varias oportunidades la inconstitucionalidad de esta última norma.
Considera que la decisión conspira contra el derecho del trabajador a ser indemnizado integralmente, dado que, por ejemplo, la condena en sede civil contra la aseguradora del tercero demandado, fue pronunciada con un límite de cobertura que diezma los montos que el actor debe recibir, circunstancia que se vería reducida sensiblemente si la aseguradora de riesgos se viera obligada a depositar los montos que le corresponde indemnizar.
Aduce que incurre también en absurdo el fallo al afirmar que al señor López lo indemnizaron, cuando no recibió pago alguno hasta el momento de la interposición del recurso, habiendo transitado durante más de seis años procesos administrativos y judiciales en procura de una reparación.
Insiste en que no se pretende con esta acción cobrar dos veces una indemnización por el mismo hecho, sino percibir efectivamente las prestaciones que reparen integralmente los daños sufridos.
Controvierte la conclusión del juzgador que considera que pueden existir sentencias contradictorias cuando fue denunciado el proceso y se solicitó en la demanda que la eventual condena sea puesta a disposición del juez civil interviniente.
Finalmente, pondera la interpretación efectuada de los hechos y el derecho en el voto minoritario del pronunciamiento.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Reiteradamente ha declarado este Tribunal que la apreciación de los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada proviene de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.324, "Campos", sent. de 17-VI-2020; L. 129.240, "G., G.", sent. de 20-XI-2024; L. 129.802, "Sienra", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
En línea con la referida doctrina, también ha señalado que la valoración formulada por los magistrados de origen sobre las consecuencias de las identidades de la cosa juzgada constituye —por regla— materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que solo puede ser revisada en casación si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso que se ventila y del anteriormente tramitado, y de la consecuente comparación entre lo pretendido y juzgado en él y lo que se ofrece como pretensión en el presente (causas L. 119.681, "Berdun", sent. de 21-XI-2018; L. 120.203, "Trosset", sent. de 28-VIII-2019 y L. 131.072, "Diez", sent. de 17-IX-2025).
III.2. Bajo tales directrices, considero que el recurrente logra evidenciar que el tribunal de grado incurrió en el mentado vicio lógico al declarar que la acción deducida en autos quedó alcanzada por los efectos de la cosa juzgada derivada de la sentencia firme dictada en la causa "López Luis Alberto c/ San Cristóbal Mutual de Seguros Generales s/ daños y perj. autom. c/ les. o muerte" (expediente 6.655/2018), tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del mismo departamento judicial.
III.2.a. Conforme resulta de los antecedentes de la presente causa, el actor inició demanda contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. procurando el cobro de las prestaciones dinerarias y en especie derivadas del accidente in itinere acaecido el 2 de enero de 2018, cuando en ocasión de dirigirse a su trabajo sufrió un accidente de tránsito.
Agregó —con sustento en la documental adunada— que el señor López transitó la etapa administrativa previa, en la cual la Comisión Médica Jurisdiccional n° 31-B de la Delegación de San Nicolás dictaminó que a raíz del referido siniestro se encontraba incapacitado en un 56% de la total obrera y liquidó la prestación laboral permanente que estimó correspondiente. Señaló que el trabajador no prestó conformidad con el porcentaje y el monto indemnizatorio determinado, por lo que finalizó el procedimiento en dicha instancia, dictándose el acto administrativo necesario para habilitar la etapa judicial.
A su turno —dijo— la parte demandada, planteó excepciones de cosa juzgada y de pago, en virtud de la reparación integral establecidas en las actuaciones referidas que tramitaron ante la sede civil, como consecuencia del accidente que protagonizó el actor y, subsidiariamente, contestó la acción.
La parte actora, al responder el traslado del conteste y de las excepciones articuladas, en lo que interesa, se opuso a las referidas defensas solicitando su rechazo.
Planteada la litis en esos términos, el juzgador de grado, por mayoría, admitió la existencia de cosa juzgada y declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago, ambas deducidas por la demandada.
III.2.b. De la simple lectura del pronunciamiento atacado, teniendo a la vista la sentencia arribada en el proceso civil —que fue acompañada por las partes y resulta suficiente para analizar la procedencia del remedio deducido, siendo que fue el elemento meritado por el órgano actuante para dictar la decisión—, surge nítido que las partes allí accionadas no son las mismas que en el presente proceso y que el objeto o las pretensiones de una y otra causa se fundan en distintos regímenes de reparaciones, más allá de que ambas acciones tengan como causa el hecho generador acaecido el día 2 de enero de 2018.
En particular, puede mencionarse que en la presente acción intentada contra la aseguradora demandada, el actor reclama las prestaciones en especie vitalicias con fundamento en el art. 20 de la ley 24.557 (v. demanda, págs. 10, 11, 13, 22 y sigs.; presentación electrónica de fecha 4-VII-2023, pág. 23 y recurso, pág. 12), entre las que menciona el mantenimiento y reemplazo de la pierna ortopédica implantada como consecuencia de haber sufrido la amputación de su miembro inferior izquierdo, pretensión que de modo alguno puede considerarse alcanzada por lo resuelto y debatido en el juicio civil.
Luego, lo establecido en la sentencia firme alcanzada en sede civil —citada por el juzgador en sustento de su decisión— respecto a que oportunamente se debía detraer del monto de condena allí establecido, lo que abone la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de indemnización por incapacidad en virtud del mismo accidente "previa determinación en la instancia de grado", no hace más que reforzar, que la reparación derivada de un mismo hecho es única y que, en definitiva, no existe la posibilidad de sentencias contradictorias en razón de que en el expediente se admite expresamente la coexistencia de otro proceso que determine el monto por el que la aseguradora deba responder.
En línea con lo referido, tampoco se verifica la posibilidad de sentencias contradictorias, siendo que, de prosperar el presente reclamo, la condena sería depositada en el juicio civil a los fines de que el juez de estos últimos obrados, establezca la distribución del pago del resarcimiento que corresponda.
III.2.c. Por tales motivos, entiendo que debe rechazarse la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada y que los extremos fundantes de la pretensión deducida al amparo de la Ley de Riesgos del Trabajo —y lo argumentado en oposición a ellos— deben ser examinados en plenitud, y en su caso, en la etapa procesal que se considere pertinente.
Lo señalado basta para rescindir este aspecto del pronunciamiento, sin que sea necesario avanzar en otras consideraciones.
III.3. Luego, siendo que el órgano actuante consideró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago formulada por el accionante en virtud de lo resuelto con anterioridad que aquí se deja sin efecto, debe revocarse también dicha parcela de la decisión y diferir su tratamiento para la oportunidad de analizarse el fondo de la cuestión debatida.
IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia atacada en cuanto declaró procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada y declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago deducida, con el alcance establecido en los apartados III.2.c. y III.3. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que prosigan según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, haciendo mérito del contenido de la presente decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia atacada en cuanto declaró procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada y declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de pago deducida, con el alcance establecido en los apartados III.2.c. y III.3. Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosigan según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, haciendo mérito del contenido de la presente decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2026 20:34:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:58:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2026 12:37:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:43:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2026 08:53:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/03/2026 10:50:16 hs. bajo el número RS-26-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia