Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132235
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley también deducido y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance establecido en el punto III.3. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por el rubro cuyo rechazo se dispone y las de esta Sede extraordinaria, por su orden, atento a la procedencia parcial de la impugnación (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.235, "Almeida, Alberto Marcelo y otro/a contra Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in-itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la accionada (v. vered. y sent. de fecha 6-II-2024).
Esta última dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 28-II-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 4-II-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado admitió la demanda promovida por Alberto Marcelo Almeida y Silvia Angélica Gareca y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 y 18 de la ley 24.557 y de la sanción por daños punitivos sustentada en el art. 52 bis de la ley 24.240; asimismo, impuso una multa con fundamento en el art. art. 32 inc. 1 de ley 24.557; todo ello, en el marco del fallecimiento de Daiana Gisele Almeida —hija de los reclamantes— originado en el accidente in itinere que sufriera (v. vered. y sent. de fecha 6-II-2024).
En lo que interesa, en su opinión mayoritaria, valorando que los accionantes —además de la ley de infortunios laborales— también habían fundado su reclamo en la Ley de Defensa del Consumidor, que —dijo— representa un subsistema dentro del derecho común, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 en cuanto contempla la opción excluyente y sostuvo que les asistía a los demandantes la posibilidad de acumular los reclamos fundados en el derecho común en orden al daño punitivo y en la Ley de Riesgos del Trabajo.
A partir de ello, entendió que cabía analizar el daño punitivo en el ámbito del "Derecho Laboral", ya que —expresó— el derecho de consumo tiene anclaje constitucional y afecta a todo el ordenamiento jurídico cuando concurre una relación de consumo. Luego, blandiendo una serie de argumentos, entendió que era adecuado el encuadramiento de la relación jurídica del caso dentro del estatuto del consumidor, en cuyo marco la trabajadora era la usuaria indirecta de una relación de consumo pautada entre el empleador y la aseguradora de riesgos (gerenciadora del autoseguro). Concluyo allí en que debía acogerse el reclamo ante la falta de cumplimiento de las obligaciones emergentes de aquel vínculo, ello, con fundamento en el art. 52 bis de la ley 24.240 y en tanto tuvo por acreditado que la demandada incurrió en una conducta grave al haber omitido realizar el pago de las prestaciones dinerarias correspondientes en término y haberse beneficiado económicamente con su conducta incumplidora. A los fines de la cuantificación de este rubro, utilizó como parámetro por analogía las reglas que contiene el art. 32 inc. 1 de la ley 24.557 para sancionar el incumplimiento de las aseguradas.
Por otro lado, corroborado el incumplimiento del "autoseguro" en la obligación de pago de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y a sabiendas de su sinrazón, juzgó que correspondía, además, hacer lugar al reclamo fundado en la multa prevista en el mentado art. 32 inc. 1 de la ley 24.557, y ordenó que debía comunicarse dicha penalización a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
A su vez, ponderando el tenor de la "articulación defensiva" de la accionada, declaró temeraria y maliciosa su conducta con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y aplicó el interés allí establecido.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 44 incs. "d" y "e" y 47 de la ley 11.653.
En lo sustancial, sostiene que el sentenciante omitió plantear y resolver en el veredicto una cuestión fáctica conducente, configurada por la verificación de la existencia —o no— de una relación de consumo, para así abordar la responsabilidad civil punitiva. Entiende que lo dicho demuestra la omisión de tratamiento de una cuestión esencial que amerita la nulidad del fallo.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; L. 129.798, "Reginald Lee S.A.", sent. de 23-V-2025; e.o.).
III.2. Los agravios que contiene el medio de impugnación no pueden tener favorable recepción, en tanto no evidencia el interesado que puedan subsumirse en alguna de las hipótesis invalidantes señaladas.
Tal como surge del pronunciamiento en crisis, aquello que se denuncia preterido ha sido abordado por el tribunal de grado, y todavía cuando pudiese constarse su juzgamiento en la sentencia y no en el veredicto, ello no justifica la denuncia fundada en la causal de omisión de cuestión esencial (causas L. 49.231, "Ferrer", sent. de 4-VIII-1992; L. 53.128, "Gramont", sent. de 12-IV-1994 y L. 84.279, "Simer", sent. de 19-V-2004).
III.3. Aunque sin mayor desarrollo, dable es agregar, que tampoco es acertada la invocada violación del art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; L. 130.914, "Rodríguez", sent. de 26-XI-2025; e.o.), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y la infracción a los arts. 17, 18, 19 y 42 de la Constitución nacional; 1, 2, 44 incs. "d", "e" y "f", 47 y 63 de la ley 11.653; 32, 34 inc. 1 y 46 de la ley 24.557; 5, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 2, 3 y 52 bis de la ley 24.240; 2 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 726, 1.092 y 1.794 del Código Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que el sentenciante ha incurrido en absurdo al calificar de usuaria indirecta a la trabajadora fallecida, y soslayar que los legitimados activos son sus padres, quienes ningún vínculo previo han tenido con las "demandadas". A su juicio, tal yerro implica a su vez la transgresión de distintas normas que cita y justifica la revocación del fallo en cuanto en él se receptó el daño punitivo con fundamento en la ley 24.240.
Afirma, además, que la decisión contradice la doctrina legal establecida en el precedente C. 120.674, "Décima" (sent. de 31-III-2021), donde —asegura— se estableció que el carácter sancionatorio del daño punitivo exige una norma específica que lo autorice, la que no existe ni en materia ambiental ni en el presente caso de índole laboral.
II.2. Por otro lado, impugna la aplicación que muestra el fallo de la instancia del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, con sustento en jurisprudencia de este Tribunal, denuncia que el a quo ha violado el art. 2 inc. "a" de la citada ley laboral, que excluye de su aplicación —por principio— a las relaciones de empleo público. Agrega, que tampoco los actores probaron —precisa: ni siquiera alegaron— que se haya incluido a su hija en las disposiciones de la ley 20.744, ni es válido postular que esta ley pueda aplicarse supletoriamente, porque se trata de un régimen legal independiente y orientado a relaciones de trabajo distintas a la conformada por el empleo público.
Enfatiza en que la condena pecuniaria impuesta es una sanción propia del derecho penal del trabajo, y por tanto de aplicación e interpretación restrictiva.
A todo evento, expresa que no están presentes en el caso los presupuestos fácticos que tornan aplicable la norma arriba mencionada.
II.3. Finalmente, calificándola de arbitraria y desproporcionada, cuestiona la sanción recogida en la sentencia en el marco del art. 32 inc. 1 de la ley 24.557.
Si bien reconoce el incumplimiento vinculado con la aseguradora de riesgos, afirma que no reviste gravedad suficiente para justificar la sanción cuestionada.
Asimismo, pone de relieve que se ha desconocido la prohibición que emerge de la doctrina legal de aplicar más de una sanción al mismo incumplimiento, generando un exorbitante enriquecimiento sin causa.
Por último, manifiesta que el sentenciante carece de competencia para aplicar la criticada multa, ya que esa facultad corresponde a la autoridad administrativa.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No es de recibo la crítica vinculada con la condena por daño punitivo impuesta con sostén en el art. 52 bis de la ley 24.240.
III.1.a. Al ampliar la demanda, con sustento en aquella norma de la Ley de Defensa del Consumidor, los actores solicitaron que "se aplique daños punitivos" a la accionada, pues consideraron que la trabajadora siniestrada resultaba consumidora de los servicios brindados por la aseguradora, que —hubieron de agregar— fueron prestados en forma deficiente. Puntualmente, señalaron que la demandada omitió cumplir con la obligación a su cargo de denunciar el accidente conforme al art. 1 del decreto 717/96, a pesar de tratarse de un hecho de público conocimiento; y, además, desobedeció el dictamen de la comisión médica jurisdiccional, obligando a los derechohabientes a iniciar acciones judiciales para perseguir el cobro de la indemnización correspondiente, dilatándolo injustificadamente (v. capítulos III y IV del escrito mencionado).
Frente a esas manifestaciones, al elaborar su defensa la accionada se circunscribió a detallar las circunstancias excepcionales que —consideró— debían concurrir para que el reclamo estructurado sobre el daño punitivo prospere, insistiendo que en el caso no se había otorgado ninguna prestación dineraria atento a que la acción a la fecha del reclamo se encontraba prescripta (v. capítulo VIII del escrito referido). Sin embargo, ningún argumento ensayó en aquella oportunidad alegando —como ahora enseña el recurso en análisis— la inexistencia de una relación de consumo entre los padres de la víctima y la demandada; tampoco se aferró aquella vez a una pretensa ausencia de normativa que impida la aplicación analógica del art. 52 bis de la ley 24.240.
Lo expuesto, revela que las razones que en el punto integran la impugnación extraordinaria son novedosas —fruto de una reflexión tardía—, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado, deviniendo ineficaces (causas L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; L. 88.443, "F., E. R.", sent. de 3-VI-2024; L. 132.313, "Municipalidad de Castelli", sent. de 2-X-2025; e.o.).
III.2. Alterando el orden en que han sido propuestos los agravios por el interesado, análogos motivos a los dados en el punto que antecede justifican la desestimación de los cuestionamientos que recaen en la sanción establecida en el art. 32 inc. 1 de la ley 24.557 y aplicada por el sentenciante de grado.
Es que también aquí, a tenor del contenido de los escritos constitutivos de la litis se concluye que los argumentos dirigidos a sostener la supuesta arbitrariedad y ausencia de proporcionalidad de la sanción, aquel razonamiento situado en que debe penarse una sola vez el mismo hecho, y el cuestionamiento a la competencia del tribunal en el punto, recién han sido introducidos por el quejoso en esta instancia extraordinaria, deviniendo así inaudibles a tenor de su extemporaneidad.
Basta advertir que al ampliar su demanda la parte actora solicitó la aplicación de la sanción establecida en el art. 32 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo; y que al contestar la demanda la accionada nada dijo vinculado concretamente con esa petición.
III.3. En cambio, acierta el recurrente cuando denuncia que yerra el tribunal de grado al aplicar el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente a la época del dictado del fallo de grado.
III.3.a. Ocupa destacar que esta Corte ha señalado que el art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo –en la versión aplicada al caso-solo abre la posibilidad, frente al carácter estatutario de la relación de empleo público, de la aplicación de sus normas a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, cuando por acto expreso se los incluyera en ella o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (causas L. 80.133, "Paoletti", sent. de 8-XI-2006; L. 104.194, "Ortiz", sent. de 30-X-2013; L. 118.035, "Guzmán", sent. de 11-VII-2018; L. 118.036, "Braillard", sent. de 11-VII-2018 y L. 131.002, "Arévalo", sent. de 14-VII-2025).
Concretamente, ha dicho que, si el vínculo que medió entre las partes fue una relación de empleo público, esta no se halla regida, en ninguno de sus aspectos, por la Ley de Contrato de Trabajo que, de modo expreso, excluye de sus previsiones a los empleados públicos (causas B. 55.909, "Armendáriz", sent. de 30-III-2005; L. 90.779, "Alzaga", sent. de 11-II-2009 y L. 131.002, "Arévalo", cit.).
El criterio que brota de dichas directrices, ciertamente, hubo de anticiparse por el interesado en uno de los pasajes de su contestación de demanda.
III.3.b. En el caso, el tribunal de grado juzgó no controvertido que la causante Daiana Gisele Almeida fue dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, desempeñando sus actividades como enfermera en el hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.
Es indudable, entonces, que la trabajadora fallecida revistió el carácter de "dependiente de la administración pública provincial" en los términos del art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo –según el texto aplicable al sub examine-, sin que exista argumento alguno en el pronunciamiento de grado que justifique que hubiere mediado "acto expreso" de inclusión en el ámbito de dicho cuerpo normativo, ni tampoco que la trabajadora hubiere estado sometida al régimen de algún convenio colectivo de trabajo; en rigor, ello no ha sido alegado.
Luego, el impugnante ha logrado poner en evidencia la violación normativa en que incurrió el sentenciante, así como la transgresión de la doctrina legal cuya infracción invoca (causas L. 81.786, "Allaf", sent. de 30-IV-2003; B. 61.673, "Amadeo", sent. de 25-IX-2013 y L. 126.220, "Báez", sent. de 29-III-2021).
Con lo dicho, corresponde revocar lo resuelto por el a quo en cuanto acogió el reclamo relativo a la sanción por temeridad y malicia con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo rechazo se dispone.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocar la sentencia atacada con el alcance delineado en el punto III.3. de la presente y devolver las actuaciones al órgano de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por el rubro cuyo rechazo se dispone y las de esta sede extraordinaria, por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley también deducido y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance establecido en el punto III.3. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por el rubro cuyo rechazo se dispone y las de esta Sede extraordinaria, por su orden, atento a la procedencia parcial de la impugnación (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2026 10:14:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2026 11:45:56 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 16:02:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 13:58:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:15:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/04/2026 17:37:18 hs. bajo el número RS-35-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia