Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130901
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pedro Alejandro Videla y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y del tratamiento psicológico por el período de un año, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 8 de febrero de 2019. Rechazó, en cambio, la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 24-V-2023).
En lo que reviste interés, con sustento en las conclusiones brindadas por los peritos médico y psicólogo actuantes, juzgó acreditado que en razón del mentado infortunio el actor es portador de una incapacidad física, permanente y parcial del orden del 18,18% de la total obrera y una afección psíquica del veintidós por ciento -22%-.
A su vez, aplicó -por mayoría- las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019 e intereses moratorios y punitorios de acuerdo a las especificaciones que brindó.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-VI-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 14-VI-2023).
II.1. En primer término, sostiene que el fallo en crisis violenta la doctrina legal que -según afirma- ha sentado la Suprema Corte en la causa L. 127.299, "Compasso" (sent. de 3-V-2023), en torno a la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II.2. Por otra parte, controvierte la decisión con arreglo a la cual el tribunal de trabajo dispuso la aplicación retroactiva de las prescripciones del mencionado decreto. Postula que la interpretación efectuada en el fallo respecto al alcance temporal de su art. 3 resulta inconstitucional en el caso concreto, por cuanto afecta el derecho de propiedad y el principio de irretroactividad.
II.3. Desde otroángulo, sostiene que el juzgador de origen transgredió las disposiciones del baremo fijado por el decreto 659/96; a la vez que soslayó analizar las impugnaciones efectuadas por su parte a la pericia psicológica practicada en autos, las que -expone- se dirigían a cuestionar el apartamiento de las prescripciones establecidas en aquél. En ese orden, refiere que el porcentaje total de incapacidad fue incorrectamente determinado.
Señala que el tribunal de grado incurrió en absurdo al valorar las conclusiones plasmadas por el perito psicólogo en su informe, ya que este último carece de incumbencia profesional para determinar incapacidades psíquicas reconocidas en el mentado baremo 659/96.
II.4. Por último, denuncia transgredida la doctrina legal emanada de la causa L. 121.391, "Agosto" (sent. de 19-II-2020).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que resultan infructuosas las consideraciones emparentadas con la incapacidad psicológica determinada en el fallo impugnado.
Sabido es, que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, a fin de determinar las dolencias que presenta el trabajador y establecer -en consecuencia- el grado de minusvalía que lo afecta, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022; L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023 y L. 131.704, "Ruíz", 20-XI-2024; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020 y L. 130.143, "Mobilio", resol. de 12-IX-2023; e.o.).
En el caso, la crítica se estructura sobre la base de la distinta eficacia que la recurrente le atribuye al informe pericial psicológico. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
En efecto, limitándose a señalar supuestas falencias en la evaluación realizada por el sentenciante al determinar el grado de invalidez psicológico del trabajador, pretende -en definitiva- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
Por lo demás, la denuncia de transgresión de la doctrina sentada en la causa L. 121.391, "Agosto" (sent. de 19-II-2020), en nada modifica la suerte adversa de la impugnación, pues ha sido elaborada bajo presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso en juzgamiento (causas L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 130.939, "Gago", sent. de 7-IX-2025; e.o.).
III.2. Por otra parte, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dirigidos a cuestionar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. Atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que, a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026), acompaño lo dicho respecto de la impugnación dirigida a cuestionar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto 669/2019.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2026 14:39:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/04/2026 15:09:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2026 18:31:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2026 10:28:19 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2026 13:39:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/04/2026 14:30:49 hs. bajo el número RR-512-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia