Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133935
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por el señor Cristian Gabriel Castro contra Berkley International Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la que procuraba el pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que denunció padecer. Asimismo, declaró abstracto los planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor (v. veredicto y sentencia de fecha 29-X-2024).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en autos, juzgó que el actor no acreditó la incapacidad que afirmó padecer como consecuencia de la contingencia denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 14-XI-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 20-XI-2024), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de fecha 30-IX-2025).
III. En la primera vía extraordinaria mencionada, el recurrente sostiene que el a quo omitió el tratamiento de las inconstitucionalidades planteadas en la demanda.
Cuestiona la valoración de la prueba y sostiene que el fallo fue dictado vencido el plazo legal.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. Sabido es que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024; e. o.).
III.2.b Con arreglo a tales premisas el carril de nulidad deducido no puede tener favorable recepción, desde que los planteos que se denuncian preteridos quedaron desplazados de tratamiento como correlato lógico del razonamiento que nutre la decisión adoptada por el tribunal de grado.
Al respecto, reiteradamente tiene dicho esta Corte que la omisión a que se refiere el citado art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando -como sucede en el sub examine- las cuestiones que se denuncian como preteridas, aparecen desplazadas como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo (causas L. 128.297, "Vera", resol. de 9-VIII-2022; L. 130.393, "Sosa" resol. de 27-VI-2023 y L. 133.070, "Ale", resol. de 2-IX-2025).
III.2.c. Por otro lado, la eventual deficiencia en la consideración de la prueba o la ausencia de evaluación de alguna pieza probatoria, no conforman un supuesto de omisión de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 129.600, "Pascucci", resol. de 14-III-2023; L. 132.332, "Peretta", resol. de 20-XI-2024 y L. 133.081, "Galván", resol. de 12-V-2025).
III.2.d. Finalmente, corresponde memorar que esta Corte ha dicho que la alegación de que el tribunal a quo no respetó los plazos para el dictado del veredicto y la sentencia es impropia del recurso extraordinario de nulidad, pues no importa violación al art. 168 de la Constitución provincial que el fallo haya sido dictado fuera de término por el Tribunal de Trabajo, ya que los plazos procesales son fijados a las partes para plantear sus cuestiones y no a los tribunales para pronunciar sus sentencias (causas L. 58.941, "Silveyra", sent. de 12-VIII-1997; L. 72.786, "Fernández", sent. de 28-VIII-2002; L. 120.050, "Aquino", resol. de 8-XI-2017; L. 129.634, "Miller", resol. de 14-III-2023 y L. 132.486, "Sainz", resol. de 13-III-2025).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el apelante denuncia absurdo. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. En rigor, cuestiona la valoración de la prueba pericial médica y psicológica efectuada por el sentenciante.
Esgrime también, que el tribunal de grado omitió tratar cuestiones esenciales individualizados en la demanda.
IV.1. El recurso tampoco prospera.
IV.1.a. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda, de cuyo rechazo se agravia- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.050, "Flores", resol. de 30-IX-2025).
Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023, L. 131.917, "Aslday", resol. de 27-IX-2024 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
IV.2. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
IV.3. Por otro lado, la doctrina de esta Corte que el impugnante invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025 y L. 131.629, "Lazarte", resol. de 11-VI-2025; e.o.).
V. Sentado lo anterior, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023, "Mier", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
VI. Por último, respecto del último de los agravios traídos, en lo relativo a la preterición denunciada, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde señalar que por principio general la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad (causas L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021 y L. 131.925, "Urrutia", resol. de 24-II-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2026 14:35:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 09:36:38 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 21/04/2026 19:57:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 13:20:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 14:13:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/04/2026 16:32:44 hs. bajo el número RR-523-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia