Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131731
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.2. y III.3. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y que el abordado en el apartado III.4. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por la señora María Florencia Mosquera y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, como consecuencia del accidente in itinere ocurrido con fecha 19 de mayo de 2020 (v. pronunciamiento de 30-V-2023).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el art. 11 de la ley 27.348- introducido por la demandada y realizó el cálculo del ingreso base mensual, y la posterior estimación de la prestación dineraria, según las pautas allí establecidas.
Finalmente, aplicó entre la fecha de exigibilidad del crédito (19-V-2020) hasta la de la sentencia, una tasa pura de interés -que estimó en el seis por ciento (6%)- anual, y dispuso que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue, desde el momento de la sentencia y hasta el efectivo pago, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ; ello con sustento en el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, modif. por la referida ley 27.348.
II. Contra dicha decisión, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 15-VI-2023), el que denegado por el órgano de grado (v. resol. de fecha 11-XII-2023), fue concedido por este Tribunal al declarar procedente la queja incoada por aquélla (v. resol. de fecha 29-VII-2024).
II.1. En su presentación, la impugnante cuestiona, en primer lugar, que el tribunal de grado hubiera desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557, plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.2. Por otro lado, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto de la ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí previstas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
II.3. Por último, sostiene que el tribunal de grado al fijar un plazo de diez días para el cumplimiento de la sentencia, inaplicó al caso las disposiciones del art. 70 de la ley 15.394, en clara violación del derecho de propiedad de su parte (art. 17 Const. Nac.).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar, cabe destacar que en oportunidad de resolver la queja deducida por la interesada (v. escrito electrónico de 15-XII-2023), esta Suprema Corte estableció que el valor de lo cuestionado no supera, en el caso, el límite por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante, entendió que el agravio dirigido a controvertir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (v. resol. de fecha 29-VII-2024).
III.2. Sentado ello, cabe destacar que el primero de los cuestionamientos que contiene el medio de impugnación debe rechazarse toda vez que ha sido desestimado por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. con fecha 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento en cuanto se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, según el texto de la ley 27.348, articulado por la demandada.
III.3. También corresponde rechazar la crítica vinculada con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia en el marco de la prestación prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos de similares contornos (causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. Por último, el último reproche traído, en virtud de lo dicho supra, debe analizarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-. Luego, sin entrar en otro orden de consideraciones, su rechazo se impone sin más ni bien se repara en que el interesado omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 130.050, "Fernández", resol. de 10-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.2. y III.3. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y que el abordado en el apartado III.4. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2026 14:34:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 10:31:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2026 19:56:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2026 14:30:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2026 08:57:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2026 10:28:18 hs. bajo el número RR-642-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia