Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131118
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Emanuel Iván Mesa y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A. a pagar la prestación dineraria establecida en el art. 14, ap. 2 inc. "a", de la ley 24.557 por la incapacidad derivada del accidente in itinere que sufrió el día 3 de octubre de 2020 (v. sent. 26-VI-2023).
Para así decidir, con apoyo en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico y sus aclaraciones, el juzgador tuvo por acreditado que, como consecuencia del siniestro referido, el actor padece una disminución de su capacidad laboral de manera permanente y parcial del 28,55% de la total obrera, según el baremo del decreto 659/96 (v. vered., segunda cuestión págs. 3/8). Luego, calculó el monto del resarcimiento juzgando aplicable al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (v. sent., págs. 21/27).
II. La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-VII-2023), que fue concedido por el a quo (v. res. de fecha 1-VIII-2023).
II.1. Controvierte la minusvalía reconocida al actor, así como también su relación causal con el accidente denunciado. En ese sentido, aduce que el tribunal de grado incurrió en una absurda valoración del informe pericial médico, toda vez que -en su opinión- no se encuentra científicamente fundado, resulta incompleto e imparcial, a la vez que contiene groseros errores en su composición.
II.2. Cuestiona la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 por resultar inconstitucional, por cuanto no se observaron los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional establece para su dictado.
II.3. Por último, denuncia vulnerada la doctrina legal referida al deber de los jueces de motivar sus decisiones y analizar la prueba en su conjunto.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resulta atendible el cuestionamiento que gira en torno a la valoración de la pericia médica (art. 279 del C.PC.C.).
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia -o no- de relación causal entre el accidente y la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.494, "Acuña", sent. de 26-XI-2025; e. o.).
III.1.b. Lo expuesto por la impugnante no es apto para acreditar la configuración del mentado vicio.
Ello así, pues las argumentaciones que estructuran este tramo de la crítica sólo reflejan la discrepante opinión subjetiva del interesado en orden a la supuesta falta de aptitud probatoria que correspondería asignarle a lo informado en la experticia médica practicada en autos. En sustancia, el recurrente reitera las observaciones que realizó en la instancia en ocasión de impugnar el dictamen presentado por el galeno actuante -quien, además, hubo de atenderlas-, pero ello, sin lograr desvirtuar la labor desplegada por el a quo al ponderar dicho medio probatorio.
La impugnación traída se agota en la pretensión de disputarle a los magistrados de grado el ejercicio de potestades propias, técnica que -reiteradamente se ha declarado- es ineficaz para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023 y L. 129.253, "V., S.", sent. del 15-IX-2025; e. o.).
III.2. A tenor de lo expuesto, queda sin vigor la denuncia de violación de doctrina legal que porta el último tramo del recurso, toda vez que no se ha logrado demostrar que el fallo en crisis se encuentre desprovisto de motivación necesaria o que en él se hubiera incurrido en el vicio de absurdo en la valoración de la prueba.
III.3. Resta indicar, que el agravio dirigido a objetar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
A tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) en relación al embate dirigido a censurar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto 669/19, acompaño lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:56:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 17:17:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:29:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2026 15:59:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2026 08:50:12 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/06/2026 12:10:24 hs. bajo el número RR-1041-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia