Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El tribunal de trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar de modo parcial a la demanda promovida por Patricia María del Luján Ibáñez, Gastón Nicolás, Tatiana Ailén, Sebastián Alejandro y Yanina Belén Soledad Rojas contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A (v. sent. 8-VII-2021).
Para así decidir, juzgó acreditado que el señor Juan Alejandro Rojas -esposo y padre, respectivamente, de los accionantes- falleció el día 12 de junio de 2013 en la estación de trenes de la localidad de Avellaneda, a consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda, mientras se dirigía a su domicilio luego de su jornada laboral a órdenes de su empleador A & SE Seguridad S.R.L.
En tales condiciones, condenó a la mencionada aseguradora al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 18 de la ley 24.557 -conforme lo regulado en el decreto de necesidad y urgencia 669/19- y la compensación adicional contemplada en el art. 11 inc. 4 apartado "c" de la misma ley.
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VIII-2021), concedido por el citado tribunal en fecha 9 de agosto de 2021.
II.1. Sostiene que es absurda la conclusión del tribunal de grado por la que consideró que el fallecimiento del trabajador ocurrido en el trayecto entre el lugar de trabajo y su domicilio configuró un accidente in itinere, pues expresa que ninguna prueba se produjo tendiente a acreditar la relación causal entre el motivo del deceso y el mencionado trayecto.
Explica que la insuficiencia cardíaca que llevó a la muerte al señor Rojas debió ser provocada por un hecho externo para ser considerada accidente in itinere. Señala que en la especie no existió ningún evento súbito y violento que provocara el fallecimiento, sino una patología propia del trabajador, por lo que la sola circunstancia de que este último hubiese fallecido en el mentado trayecto no permite juzgar del modo en que lo hizo el órgano de la instancia.
II.2. Por otra parte, refiere que el juzgador incurrió en arbitrariedad y vulneró el postulado de la congruencia al aplicar el decreto 669/2019, cuando ello no había sido solicitado -ni sustanciado- por las partes.
II.3. Desde otroángulo, cuestiona la validez constitucional del mentado decreto, por cuanto -entiende- las razones esbozadas en los considerandos para su dictado carecen de las características de necesidad y urgencia necesarias para justificar el ejercicio del Poder Ejecutivo de la facultad asignada por el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional.
II.4. Por último, argumenta que de confirmarse la aplicación retroactiva del decreto 669/2019, ello afectaría seriamente a la aseguradora como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación, con grave afectación al patrimonio de la masa de los asegurados.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer término, cabe desestimar el cuestionamiento en el que se denuncia absurdo en la labor que condujo al tribunal de trabajo a calificar al accidente como "in itinere".
III.1.a. En el fallo de grado, se dijo que el infarto agudo de miocardio sufrido por el trabajador en el trayecto a su hogar luego de la jornada de trabajo constituyó aquel tipo de infortunio en el marco del art. 6 inc. 1 de la ley 24.557.
En lo fundamental, luego de verificar la existencia de una relación de temporalidad razonable, sostuvo el tribunal que para la configuración de este tipo de contingencias no se requiere una conexión causal entre el evento dañoso y el trabajo; este último -dijo- no actúa como agravante estrictamente ni concausalmente. Al respecto, precisó que no es el resultado de ningún riesgo profesional emergente de la industria, es solo consecuencia del "riesgo de autoridad", siendo que el lapso del trayecto es protegido por el patrón exclusivamente como emergente del poder de dirección y vigilancia dentro del trabajo y su trayecto y no como consecuencia del trabajo mismo.
Con ello, recordó que la aseguradora demandada se limitó a alegar en autos en orden a la relación causal entre el infarto y la labor desempeñada por el señor Rojas en favor de su empleadora.
III.1.b. Tal razonamiento, pueda compartirse o no, no logra ser neutralizado por el recurrente mediante la tacha de absurdo.
Es que no se verifica en este aspecto del fallo un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o una grosera desinterpretación material de la prueba. Tiene dicho esta Corte que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar aquel vicio valorativo; es necesario, en cambio, que se demuestre un desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; L. 126.869, "E., M. E.", sent. de 16-XII-2024; L. 131.445, "Demelli", sent. de 15-XII-2025; e.o.).
Ha de reiterarse que dichos extremos no son evidenciados por el quejoso, quien, para más, propone ahora una línea de análisis mayormente novedosa y así inatendible (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; L. 131.517, "Gamarra", sent. de 1-IX-2025; e.o.), en tanto alega que para juzgarse acontecido el accidente in itinere debió acreditarse la producción de un hecho externo al trabajador, súbito y violento, cuando al contestar la demanda -como dijo el a quo- circunscribió su defensa en aquella alegación centrada en la supuesta ausencia de relación causal entre el infarto y las tareas realizadas por el trabajador para su empleador (v. apdos. IV, V y VI del escrito de contestación de la demanda; v. fs. 130/133).
III.2. Luego, ocupa desestimar el embate traído referido a la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 a la luz del argumento fundado en la congruencia.
Es que el agravio, carece de toda denuncia orientada a evidenciar una infracción en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, fundamentalmente, de aquellas normas que receptan el mencionado principio procesal (causas L. 124.365, "Andrade", sent. de 4-X-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.3. Sentado lo anterior, los agravios dirigidos a impugnar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4. Finalmente, cabe indicar que atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar, que acompaño lo dicho respecto a la aplicación e invalidez constitucional del decreto 669/19, a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:56:23 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 17:17:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:29:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2026 15:59:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2026 08:50:12 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/06/2026 12:10:23 hs. bajo el número RR-1040-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia