Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.686, "Rocha, Jonathan Oscar contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 27-III-2023).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Jonathan Oscar Rocha y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 y la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "a" del mismo cuerpo legal.
En lo relevante, tuvo por acreditado que el día 16 de agosto de 2017 el actor sufrió un accidente de trabajo in itinere , a consecuencia del cual padece limitación funcional de tobillo izquierdo, pérdida de visión en su ojo izquierdo por lesión de nervio óptico y depresión neurótica de grado leve, que le provocan una incapacidad residual del 60,35% de la total obrera, incluidos los factores de ponderación.
Sentado ello, a los fines de cuantificar el ingreso base mensual, consideró que debía tomarse aquel que fuera determinado en la liquidación practicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($26.639,87, actualizado con índice RIPTE al 21 de enero de 2019) en el marco del expediente administrativo.
Con dicha pauta, el porcentaje de incapacidad establecido y en vista a la fecha en que el trabajador podría acceder al beneficio jubilatorio, cuantificó el importe que le correspondía percibir de acuerdo -según refirió- a lo establecido en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, agregando la compensación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "a" de la citada ley. Seguidamente, con sustento en el precedente "Milone" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó que el monto total sea abonado en un único pago.
Finalmente, en virtud de lo normado en el art. 1 del decreto 669/19, dispuso que el monto de condena devengase intereses a la tasa de variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde el 21 de enero de 2019 (fecha en que se realizó el cálculo actualizado en la instancia administrativa) hasta la sentencia y, a partir de ese momento y hasta su efectivo pago, al resultado que arroje, se adicionen accesorios conforme a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos -tasa pasiva más alta- y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, impuso el cálculo diario con igual tasa.
II. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 9 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44, 47 y 63 de la ley 11.653; de las leyes 23.928 y 25.561; de los decretos 669/19, 472/14 y 659/96; de la resolución 1.039/19; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2023).
II.1. Denuncia que el órgano de origen incurrió en absurdo al valorar la prueba obrante en la causa y concluir que el trabajador padece una afección ocular atribuible al accidente denunciado.
Alega que la evocada lesión no fue debidamente puesta a consideración en la instancia administrativa.
Afirma que del dictamen emitido por la comisión médica interviniente surge que la única secuela derivada causalmente del siniestro denunciado por el actor fue la fractura de tobillo izquierdo. Agrega que, si bien la supuesta patología ocular estuvo presente en la instancia previa, no fue abordada a causa de la inasistencia del trabajador a la interconsulta oftalmológica.
En ese marco, con apoyo en lo establecido por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. 13-V-2020), señala que el tribunal debió limitar su análisis a la "revisión" de lo resuelto en la instancia administrativa.
También cuestiona la valoración de la pericia médica producida en autos. Alega que la perito no se presentó como especialista en materia oftalmológica, contradiciendo en su informe -sin aval suficiente- los estudios agregados en el expediente administrativo.
Postula que el tribunal de grado ponderó documentación incorporada al expediente judicial respecto de la cual no se le confirió traslado a su parte y que rechazó infundadamente su petición para que se designe un médico especialista en oftalmología.
II.2. Objeta la fórmula empleada por el tribunal de origen para arribar al monto indemnizatorio, pues -aduce- carece de fundamento y se aparta de la regla tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Refiere que el decreto reglamentario 472/14, establece en su art. 2 inc. 2, que los damnificados por una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66%, percibirán una prestación de pago único calculada conforme la fórmula del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557. Por ello, denuncia que se equivocó el tribunal de grado al multiplicar el ingreso base mensual por la cantidad de meses que le restarían al actor para acceder a la jubilación.
II.3. Controvierte la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19 al efectuar el cálculo de los intereses.
Afirma que el razonamiento del tribunal resulta absurdo ya que utilizó un coeficiente de actualización RIPTE y no aplicó la tasa de variación RIPTE de forma simple como lo señala el apartado 2 del art. 12 del decreto 669/19 y el art. 3 de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, normas cuya violación denuncia.
Alega que, además, el tribunal interviniente aplicó el decreto 669/19 sin que la demandante lo pidiera y sin haber corrido traslado a su parte, vulnerando, de este modo, el principio de congruencia.
Sostiene que la decisión de grado vulnera la doctrina legal de esta Corte y los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificada por la ley 25.561- que prohíben actualizar.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente, cabe observar que resultan inatendibles las referencias que -a lo largo de su réplica (v. fs. 1, 2, 6, 10 y 15)- formula el recurrente en orden a la falta de acreditación del infortunio de autos, desde que su mera enunciación no reviste aptitud alguna a los fines de controvertir el análisis de las constancias de la causa (actuaciones administrativas, causa penal y prueba testimonial) que condujo al sentenciante a tener por verificado el acaecimiento del accidente denunciado y su carácter de in itinere (v. vered., págs. 1/2; conf. art. 279, CPCC).
III.2. Sentado ello, no mejor suerte han de correr los cuestionamientos que giran en torno a la afección ocular reconocida al actor, su relación causal con el infortunio de autos y su consecuente incidencia en el porcentaje de incapacidad.
III.2.a. En el veredicto, con apoyo en el análisis efectuado de las distintas pruebas producidas en la causa (expediente administrativo, investigación penal preparatoria, testimonial, informativa y las pericias médica y psicológica con sus respectivas aclaraciones), el tribunal de grado juzgó acreditado que las dolencias que presenta el actor resultaban consecuencia del accidente de trabajo in itinere que sufriera el día 16 de agosto de 2017 y, por aplicación del criterio de la capacidad residual, determinó que el porcentaje de incapacidad a indemnizar alcanzaba el 60,35% de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., págs. 6/7).
Sobre tal base, ya en la sentencia, desestimó el planteo de la demandada sobre el tratamiento de cuestiones que no surgirían del expediente administrativo y se dispuso a efectuar el cálculo de las prestaciones dinerarias que integraron la condena (v. sent., págs. 5/7).
III.2.b. Los reproches dirigidos a controvertir la decisión de origen que tuvo por verificada una supuesta afección no denunciada en la etapa administrativa previa, y su consecuente incidencia en el porcentaje de incapacidad, se vinculan al análisis de cuestiones de hecho y prueba, cuya valoración resulta privativa de los tribunales de trabajo, excluidas -en principio- de la revisión extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 131.149, "Frutos", resol. de 2-IX-2025; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023).
Tal vicio no es evidenciado por el recurrente.
En efecto, además de reconocer que la cuestión vinculada a la afección ocular estuvo presente en la instancia administrativa, el interesado se limita a reeditar el planteo ya sometido a consideración del órgano de mérito -y que fuera desestimado en el fallo-, sin lograr de este modo concretar una réplica adecuada y eficaz para descalificar lo decidido en la instancia de origen (causas L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023; L. 127.898, "Vera", sent. de 28-X-2024; L. 131.623, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 15-X-2025; e.o.).
Luego, las manifestaciones que expone sobre la eficacia probatoria que correspondía asignar al dictamen médico y sus explicaciones, trasuntan su mera disconformidad con el modo en que dichos elementos fueron analizados por el sentenciante, renovando -además- señalamientos oportunamente incorporados en las presentaciones efectuadas en la instancia (v. escritos de fechas 29-IV-2022, 4-V-2022 y 10-V-2022) y atendidos por el sentenciante de origen, en una labor jurisdiccional que -pueda compartirse o no- no exhibe los graves yerros que habilitarían su revisión en esta Sede extraordinaria.
No queda margen para atender al cuestionamiento vinculado al rechazo del pedido de designación de un perito especialista oftalmológico, ni la denuncia referida a la falta de traslado a su parte de los estudios médicos adjuntados por la actora, ya que -como es sabido- las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y sentencia, resultan temas ajenos a la órbita del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 129.659, "M., M. M.", sent. de 9-VIII-2024; L. 131.365, "Municipalidad de Berisso", sent. de 2-X-2025; L. 133.899, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 10-VI-2026; e.o.).
En rigor, las disquisiciones efectuadas por el interesado en este tramo de su embate no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del sentenciante, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2022; L. 129.798, "Reginald Lee S.A.", sent. de 23-V-2025; L. 131.556, "Ramírez", sent. de 17-IX-2025; L. 130.482, "Lema", sent. de 26-V-2026; e.o.).
Con todo, cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; L. 130.818, "Turnes", sent. de 9-X-2025; e.o.); extremos que -como se dijo- no se verifican en la especie.
III.3. En cambio, le asiste razón al recurrente cuando cuestiona la fórmula que utilizó el tribunal de grado para calcular la prestación dineraria reconocida al actor.
III.3.a. En efecto, el órgano de origen procedió a realizar dicho cómputo en función de lo normado en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 y, en ese orden, indicó que la cuantía de la renta periódica resultaría del valor mensual del ingreso base ($26.639,87), multiplicado por el porcentaje de incapacidad (60,35%) hasta el tiempo en que el damnificado se encontrara en situación de jubilarse. Así, teniendo en cuenta que el señor Rocha contaba con veintiséis años, estimó que aquel guarismo en un año ascendería a $192.925,92 y en los treinta y nueve años restantes a la cantidad de $7.524.110,88, importe que juzgó más beneficioso que si se aplicara la nota n° 5.649/17 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. pronunciamiento, págs. 8/9).
III.3.b. Como se anticipó, cabe acoger favorablemente la objeción en la que se denuncia que al resolver de aquel modo el a quo se apartó de las pautas que fija el art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 en su anexo de "reglamentación" de la ley 26.773.
Es que, conforme surge de la lectura del fallo, el accidente de trabajo que sufrió el demandante se produjo el día 16 de agosto de 2017 y esa fue la fecha de la primera manifestación invalidante, por lo que es la mentada norma de aquel decreto la que resulta aplicable en este aspecto de la resolución de la contienda (conf. art. 3, dec. cit.).
Luego, es menester recordar que la norma citada por el agraviado (art. 2 apdo. 2, decreto 472/14) prescribe que los damnificados que resulten portadores de una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66% -como el accionante- percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 conforme la limitación que se detalla.
Asimismo, cabe destacar que la fórmula indicada se compadece con la que había utilizado el actor en la demanda para calcular la indemnización que peticionó (v. fs. 148 vta.).
III.3.c. Con todo, y sin que ello implique abrir juicio sobre la validez de dicho precepto -toda vez que no ha sido objetada en el caso sub examine- no es posible soslayar sus prescripciones dentro del ámbito temporal de su vigencia.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y ordenar que el importe de la prestación por incapacidad reconocida en el fallo se cuantifique nuevamente conforme a las estrictas pautas de cálculo a la que remite la norma invocada por el impugnante.
Lo señalado basta para rescindir este aspecto del pronunciamiento, sin que sea necesario avanzar en otras consideraciones.
III.4. Sentado ello, cabe señalar que los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los que se cuestiona la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026; L. 130.596, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), de modo que, con respaldo en ello, debe modificarse este aspecto del fallo.
III.5. Atento la solución que se propicia en el punto anterior, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión de grado en cuanto se apartó de las pautas que fija el art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 y aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/19, norma cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara.
En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que, con distinta integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Costas de esta instancia por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Torres en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. Por otro lado, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis tercer párrafo de la ley 5.827 (y modif.) y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026), acompaño la solución a la que arriba el ponente respecto del embate vinculado con la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
I.3. Luego, comparto lo manifestado en el punto III.5. del sufragio inaugural.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dicho en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:36:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 14:44:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 16:59:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:50:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:31:24 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 09:15:42 hs. bajo el número RS-110-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia