Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134627
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Juan José González y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que sufrió el día 7 de septiembre de 2018 (v. pronunciamiento de fecha 11-XI-2024).
Para así decidir, en lo relevante, tras valorar el informe pericial médico producido en autos, tuvo por acreditado que el actor es portador de una incapacidad psicofísica del 20,8% de la total obrera.
Luego, procedió a calcular el importe del resarcimiento con ajuste a las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19 que juzgó aplicable al caso. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad -y consiguiente inaplicabilidad- de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; adicionando intereses del modo que especificó
II. Contra dicha decisión, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 9-XII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 20-XII-2024).
II.1. En primer término, se agravia de la decisión del tribunal de grado en cuanto aplicó las pautas contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19 para determinar el importe de la prestación dineraria. Sostiene que en el específico supuesto de autos correspondía calcular dicho resarcimiento conforme las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Añade, que los intereses sobre el capital de condena debieron fijarse con arreglo a la tasa activa del Banco Nación.
II.2. Por otra parte, objeta el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo. En este sentido, refiere que el juzgador debió utilizar el método de la capacidad restante para establecer el grado de minusvalía que afecta al actor, ya que -afirma- éste último ya contaba con una incapacidad previa.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cuestiones de orden metodológico aconsejan modificar el orden en que los agravios han sido planteados por el compareciente.
Tiene dicho esta Corte que valorar el material probatorio, determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer la existencia del nexo causal o concausal con el infortunio denunciado, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia ordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022; L. 130.188, "Figueroa", resol. de 12-IX-2023; L. 130.836, "Vila", resol. de 1-XI-2023 y L. 131.635, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
En el caso, la recurrente no denuncia que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación. Pues, sabido es, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (art. 279, CPCC; causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023 y L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023, e.o.).
III.2. Luego, los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2026 10:33:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2026 12:52:32 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:59:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:40:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:52:07 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:51:26 hs. bajo el número RR-2349-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia