Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129825
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Julieta Soledad y Marianella Giselle Florentín, como derechohabientes -hijas- del trabajador fallecido Emigdio Florentín y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c", 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 24-VIII-2022).
En lo que interesa por ser materia de agravio, puesto a calcular el ingreso base mensual, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en los citados arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la ley 24.557 (dec. 1.694/09) se practicara con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de julio de 2022.
Por los mismos argumentos, se pronunció también por la invalidez constitucional del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (dec. 1.694/09) y cuantificó su importe a valores actuales.
Finalmente, aplicó intereses moratorios desde el día de la primera manifestación invalidante (5-VII-2011) y hasta el dictado de la sentencia, a una tasa "pura" del seis por ciento -6%- anual.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-IX-2022) el que fue concedido por el a quo con fecha 30 de septiembre de 2022.
II.1. En su presentación, se agravia porque el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, a partir de ello, calculó el ingreso base mensual considerando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
II.2. Objeta la declaración de invalidez constitucional del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557, con remisión a los argumentos desarrollados respecto del agravio anterior, señala que la decisión del tribunal resulta absurda y arbitraria, al desactivar sin fundamento razonable una norma aplicable y vigente al momento del siniestro.
III. El recurso no prospera.
III.1. El embate inicial luce insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1.a. El tribunal de grado resaltó que, conforme surgía acreditado del veredicto, el ingreso base mensual calculado según lo establecido en el art. 12 de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09) no llegaba al 16% del salario mínimo vital y móvil correspondiente al julio de 2022 (mes anterior al del dictado de la sentencia). De este modo, expuso que, resultando irrazonable la diferencia que surgía de esa comparación, correspondía efectuar el control de constitucionalidad de dicha norma.
Con cita de doctrina de la Corte nacional y de esta Suprema Corte, indicó que, en el caso, lucía evidente la irracionabilidad de sostener el ingreso base conforme los parámetros fijados en el art 12 de la ley 24.557 y declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual (IBM), y determinar su valor con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de julio de 2022.
III.1.b. Ante estas definiciones, se revela nítido que la crítica que formula la interesada deviene infructuosa.
Ello así, en tanto la quejosa no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a descalificar constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557.
En efecto, sin aportar fundamentos concluyentes en abono de sus alegaciones, la compareciente solo se limita a formular consideraciones genéricas, tales como la necesidad de que se cumplan estrictos requisitos para que se declare la inconstitucionalidad de una norma, la supuesta fundamentación inadecuada del decisorio, el carácter de "deuda dineraria" que poseería la indemnización tarifada, la razonabilidad del régimen reparatorio previsto en el mentado artículo o la afectación del principio de seguridad jurídica.
De este modo, queda evidenciada la deficiencia técnica del embate, pues, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 120.086, "M.A.V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 130.950, "Yaques", resol. de 3-VI-2024 y L. 133.791, "Varela", sent. de 12-II-2026; e.o.).
Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), realizada por la interesada, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Corte, sino que refiere la opinión personal de uno de sus ministros.
Finalmente, cuadra señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 130.432, "López", sent. de 30-IV-2024).
III.2. Estas últimas consideraciones se extienden para rechazar el cuestionamiento dirigido a objetar el importe determinado en el fallo de grado en concepto de prestación dineraria del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557.
III.2.a. Indicó el tribunal de origen que si bien en su redacción vigente a la fecha del accidente, el importe de esa prestación ascendía a ciento veinte mil pesos -$120.000- (texto según DNU 1.694/09), el mismo resultaba irrazonable a los fines de reparar la contingencia sucedida (fallecimiento del trabajador) en julio de 2011, vulnerando -de este modo- los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 11.4.c. de la ley 24.557 (texto según DNU 1.694/09), por los mismos fundamentos esgrimidos en relación al art. 12 de la ley 24.557, para luego señalar que la cuantificación de la prestación debía determinarse a valores actuales.
Para tal faena, indicó que, por analogía, el importe de dicha indemnización debía corresponderse con el fijado por la resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo n° 15/22 que determina el valor actual de esa prestación.
Finalmente destacó que esta solución también se ajustaba a la doctrina de esta Suprema Corte que citó.
III.2.b. Si bien la compareciente tacha de arbitraria la definición del tribunal, su crítica no alcanza a desvirtuar el razonamiento que lo condujo a la conclusión que impugna.
Ello así pues, insistiendo en su postura en cuanto a que no se encontraba probado que la aplicación de la norma causare agravio constitucional, la recurrente no desarrolla una sólida argumentación para rebatir las esenciales conclusiones del fallo que ataca, en tanto omite desplegar una crítica frontal a las definiciones medulares que fueran reseñadas.
En tales condiciones, la simple disconformidad que exhibe la impugnante con la solución alcanzada en la sentencia -que, en rigor, sólo refleja su opinión discrepante con lo resuelto- no resulta idónea para descalificar los fundamentos de la decisión de grado.
Como reiteradamente lo ha expresado esta Corte, es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020; L. 129.803, "Amigo", resol. de 6-XII-2023 y L. 133.139, "Porfidio", resol. de 4-VI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2026 10:31:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2026 12:30:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:57:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:33:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:44:16 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:48:02 hs. bajo el número RR-2292-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia