Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132858
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1 y III.4, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Eliana Mariel Altieri y, en consecuencia, condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente in itinere que sufrió el día 18 de octubre de 2019 (v. vered. y sent. de fecha 15-V-2024).
Para así decidir, en lo que resulta relevante, juzgó aplicable al caso las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y cuantificó el valor del ingreso base mensual según sus pautas.
Asimismo, declaró la invalidez constitucional del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, según nota n° 76715123/19 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación, y estableció que la prestación dineraria allí prevista sea calculada conforme el importe determinado en la resolución 18/2024 de dicha cartera. Al respecto, destacó que la reparación que resulta del quantum fijado por la primera disposición a la fecha del infortunio no atempera satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis, 17, 19, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución nacional, entre otras normas.
Finalmente, aplicó -por mayoría- intereses moratorios sobre el capital de condena, desde la fecha de exigibilidad del crédito (acaecimiento del infortunio) hasta el dictado de la sentencia, a la tasa pura del seis por ciento -6%- anual.
II. Contra lo así resuelto -con cita de las normas y jurisprudencia que considera vulneradas- la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 31-V-2024), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resolución de fecha 5-VIII-2025).
II.1. Inicialmente, objeta la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, a la vez que cuestiona su validez constitucional, argumentando que no responde a los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional impone para su dictado.
Denuncia violada la doctrina legal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); así como la jurisprudencia emanada del precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y alega que en el específico supuesto de autos no correspondía utilizar las pautas del decreto 669/19, en tanto ello transgrede el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.2. Desde otroángulo, impugna la tasa de interés que el órgano judicial de grado fijó sobre el capital de condena, denunciando vulnerada la doctrina legal que emerge de las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 118.615, "Zóccaro" (resol. de 11-III-2015); entre otras.
II.3. Asimismo, se agravia de la decisión del tribunal de grado que, por conducto de declarar la inconstitucionalidad del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557 (según nota n° 76715123/9 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación), utilizó el último valor publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el marco de la resolución n° 18/2024. Manifiesta que el importe del resarcimiento así determinado resulta arbitrario, por cuanto equivale a repotenciar doce veces el monto real que le corresponde percibir a la trabajadora accidentada.
II.4. Controvierte, también, el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo. De un lado, postula que debió aplicarse el método de la capacidad restante respecto de las afecciones físicas; y, del otro, aduce que no surge demostrado con la pericia producida que la actora padezca un daño psicológico en relación causal con el siniestro padecido.
II.5. Finalmente, cuestiona los estipendios regulados en favor de los letrados y peritos actuantes por considerarlos altos y contrarios a derecho. Asimismo, solicita la aplicación de la ley 24.432.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que resultan infructuosas las críticas que formula la recurrente respecto del porcentaje de incapacidad establecido en el fallo.
III.1.a. En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que la determinación del porcentaje de incapacidad constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023 y L. 130.890, "Soriano", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.1.b. En el caso, la interesada no ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023, L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.541, "Sarmiento", resol. de 15-IV-2025).
III.2. En otro orden, se impone observar que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
III.3. La declarada invalidez constitucional del mentado reglamento torna inoficioso el tratamiento de los embates que porta el recurso sobre la tasa de interés actuada en el fallo y la regulación de honorarios efectuada.
III.4. Por otra parte, cabe indicar que resulta infructuoso el embate orientado a censurar la suma establecida en concepto de prestación dineraria adicional del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557.
Es que la impugnante no se ocupa de rebatir aquellas razones que condujeron al tribunal de grado a declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, según la cuantía fijada por la nota n° 76715123/19 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación, para luego calcular dicho importe utilizando como pauta la resolución que determinaba su valor mínimo a la fecha del fallo.
Conviene entonces precisar que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que aquella se asienta (causas L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023 y L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1 y III.4, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:04:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 14:10:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:22:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:29:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:39:27 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:46:05 hs. bajo el número RR-2262-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia