Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134285
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en relación a la crítica analizada en el punto III.1.a. por no reunir los requisitos esenciales y la expuesta en el punto III.1.b. por haber sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
I. El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Eva Liliana Reynoso y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14, ap. 2 inc. "a", de la ley 24.557, por la incapacidad derivada del accidente in itínere que protagonizó el día 22 de febrero de 2022 (v. sent. 14-XI-2024).
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que, tras analizar el material probatorio aportado a la causa, el a quo juzgó que, como consecuencia del siniestro indicado, la actora padeció patologías psíquicas que no eran de carácter permanente sino transitorias y, por ende, no debían ser objeto de reparación económica (v. pronunciamiento, pág. cit.).
Luego, al momento de calcular el importe de las prestaciones indicadas, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 ley 23.928 (t.o. art. 4 ley 25.561) formulado en la demanda, por considerar que las contingencias posteriores al 5 de marzo de 2017, es decir alcanzadas por la ley 27.348, tenían la debida protección que prevén los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional y 15 de la provincial (v. pronunciamiento, págs. 11/12).
En ese orden, dispuso que -conforme a lo dispuesto por el art. 11 de esta última ley- los intereses moratorios debían calcularse, desde la fecha señalada hasta la de la sentencia, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, y, en caso de existir mora en el pago, que se aplique el art. 770 del Código Civil y Comercial (v. pronunciamiento, págs. 15/17).
II. Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 1-XII-2024), que fue concedido por el órgano de grado en los términos que precisó (v. resolución de fecha 12-XII-2024).
II.1. Cuestiona, mediante la denuncia de absurdo, el modo en que el tribunal de grado valoró la pericia psicológica y las conclusiones que estableció respecto al daño psíquico, sus secuelas -que estima permanentes- y el impacto en su calidad de vida.
II.2. Asimismo, objeta la liquidación del capital e intereses que realizó el juzgador, por considerar que exhibe una clara "desconexión con la realidad económica". En ese sentido, señala que, conforme al criterio sentado por esta Suprema Corte en el precedente C. 124.906, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928, ya que las actuales condiciones inflacionarias imponen la necesidad de preservar el valor real de los créditos judiciales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- advirtiendo que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no excedía el monto mínimo para recurrir, fijado aquí por el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso- según Resolución 1.840/2024.
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.336, "Quiñones", sent. de 1-IX-2025).
III.1.a. Desde esa perspectiva de análisis la primera crítica traída luce inadmisible.
En efecto, los argumentos que trae la impugnante remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del acotado ámbito de revisión por el que transita el recurso (causas L 117.748 "Castelluccio", sent. del 6.V-2015; L. 119.372, "Fortini"; sent. del 10-IV-2019; L. 128.676, "Romero", sent. del 24-II-2025).
III.1.b. Los planteos dirigidos a peticionar el mantenimiento del valor adquisitivo del crédito reconocido en la sentencia de grado hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 139.012, "Vera" (sent. de 24-IX-2026), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 y modif.), sin que se observen, en el caso, circunstancias que ameriten apartarse de lo allí resuelto.
III.2. Finamente, y en atención a los términos que surgen del auto de concesión de fecha 12 de diciembre de 2024, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 82 de la ley 15.057, aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en relación a la crítica analizada en el punto III.1.a. por no reunir los requisitos esenciales y la expuesta en el punto III.1.b. por haber sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:15:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2026 12:12:05 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/11/2026 12:48:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:21:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2026 13:51:39 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2026 14:39:35 hs. bajo el número RR-2512-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia