Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia de fs. 457/469. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y de conformidad con lo ordenado en el pronunciamiento de esta Suprema Corte obrante a fs. 417/436 vta., dicte un nuevo fallo.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.683, "Moreno, Silvia Graciela contra Dirección General de Cultura y Educación y otro. Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 457/469).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 485/489).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el pronunciamiento de fs. 457/469?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, esta Suprema Corte, en el marco de la acción deducida por la señora Silvia Graciela Moreno contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada y, por mayoría, revocó el pronunciamiento dictado por el sentenciante de grado en cuanto había aplicado retroactivamente la ley 26.773 para el cálculo de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de infortunios laborales y dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen (v. fs. 417/436 vta.).
Cumplida la devolución, el tribunal actuante declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenó a la demandada al pago de los daños y perjuicios con fundamento en el Código Civil (v. fs. 457/469).
II. Contra este último pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que, en sustancia, controvierte por absurdo el cálculo indemnizatorio (v. fs. 485/489 vta.).
III. A los fines de dar respuesta al primer interrogante considero necesario reseñar los antecedentes más relevantes del caso.
III.1. El tribunal de trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, en lo que interesa, rechazó la defensa de prescripción opuesta por la demandada e hizo lugar a la acción deducida por la señora Silvia Graciela Moreno y condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a pagarle la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 367/377).
Juzgó acreditado que, con motivo de las tareas realizadas como auxiliar en distintos establecimientos educativos, la accionante padece una incapacidad laboral permanente que la invalida en un 50% del índice de la total obrera, de la cual -expresó- había tomado conocimiento el día 7 de noviembre de 2007.
Según el citado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijó la prestación dineraria en la suma de $43.774,29. Sin embargo, en el entendimiento que no resultaba acreditado que la trabajadora hubiera recibido pago alguno por la reparación reclamada, declaró aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773. Conforme dicho razonamiento, efectuó una nueva mensura alcanzando el importe de $260.941,50 (v. fs. 373 vta.).
Luego, tras juzgar configurados los presupuestos de responsabilidad civil del empleador en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, estableció que a la demandante le correspondía una indemnización por reparación integral de $202.348,38 comprensiva del daño material ($183.953,08) y moral ($18.395,30).
Finalmente, tras comparar ese importe con la prestación sistémica en los términos antedichos ($260.941,50), entendió que -en el caso- el art. 39 de la ley 24.557 no cercenaba las garantías previstas en los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 374/375). En consecuencia, desestimó la acción entablada con fundamento en las disposiciones del Código Civil y condenó a la accionada -como se anticipó- a pagar la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (según ley 26.773; resol. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14).
III.2. Esta decisión fue impugnada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que cuestionó el rechazo de la excepción de prescripción, la determinación de la minusvalía y la aplicación retroactiva de la ley 26.773 (v. fs. 393/397).
III.3. Esta Corte hizo lugar parcialmente al remedio incoado, desestimando los dos primeros agravios y declarando, por mayoría, la procedencia del restante (v. fs. 417/436 vta.).
En dicha ocasión se juzgó de aplicación al caso las prescripciones de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00 y se ordenó la devolución de los autos al tribunal de origen para el dictado del correspondiente pronunciamiento, comprensivo del nuevo cotejo entre la reparación de la Ley de Riesgos del Trabajo y el resarcimiento proveniente de las normas del Código Civil (v. fs. 432).
III.4. Devueltas las actuaciones, el tribunal de grado, con distinta integración, destacó que el veredicto y la sentencia -en su parte pertinente- se encontraban firmes, hallándose las actuaciones en estado de decidir exclusivamente sobre los aspectos rescindidos (v. fs. 459). Luego, emitió -por mayoría- un nuevo pronunciamiento (v. fs. 457/469).
Calificadas como riesgosas las tareas que cumplía la reclamante como auxiliar en distintos establecimientos educativos y dada la ausencia de invocación o acreditación de culpa de la víctima o de un tercero por quien no se deba responder (v. fs. 464 y vta.), estimó los resarcimientos por daño emergente y lucro cesante en la suma de $750.000 (arts. 1.069 y 1.113 y concs., Cód. Civ.; v. fs. 465) y por daño moral en $150.000 (v. fs. 465 y vta.).
Luego determinó el monto de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" del régimen especial de la ley 24.557 en la suma de $43.774,29 ($966 x 53 x 50% x 1,71).
Efectuó la comparación entre el valor de la reparación integral ($750.000 + $150.000) y el resultante del régimen especial ($43.774,29) concluyendo que el art. 39 de la ley 24.557 resultaba inconstitucional ante la ostensible diferencia de ambos guarismos.
En consecuencia, condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a abonarle a la actora la suma de $900.000 en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios (v. fs. 466).
III.5. Como se anticipó, esta decisión fue impugnada por la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 485/489 vta.).
III.6. Ahora bien, abierta la jurisdicción revisora de esta Corte, considero que corresponde anular ex officio el fallo impugnado.
Cabe recordar que la potestad de declarar de oficio la nulidad de los pronunciamientos judiciales dictados por los jueces de última o única instancia, es exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte reservada para supuestos de excepción (causas L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 117.044, "Varales", sent. de 27-V-2015 y L. 117.390, "Salas", sent. de 17-XII-2014).
Tal situación se presenta en el caso toda vez que luce evidente que los magistrados que dictaron el pronunciamiento de fs. 457/469 se apartaron de las pautas prescriptas por esta Corte en la sentencia de fs. 417/436 vta. a las que debían ajustarse para resolver la cuestión vinculada al resarcimiento que le correspondía a la trabajadora, una vez descartada la aplicación de las prescripciones de la ley 26.773 a los fines de calcular la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
En efecto, la decisión de los jueces intervinientes que renovaron el análisis del caso, fijando una distinta reparación por los daños, se desvía de los términos planteados por esta Corte cuando dispuso el reenvío de las actuaciones para que se dictara un nuevo pronunciamiento. Ello en modo alguno significaba efectuar un nuevo examen de la causa, porque los puntos que no habían sido materia de impugnación en esta sede extraordinaria como aquellos que habían sido desestimados por esta Corte y que no merecieron objeciones de las partes, permanecían firmes y consentidos.
De todo lo expuesto deriva la imposibilidad de que tales extremos fueran nuevamente revisados.
Este Tribunal tiene dicho que no resulta jurídicamente posible volver sobre lo que ha pasado a ser fallo irreversible por haber ganado autoridad de res iudicata (causas C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018; C. 113.730, "R., M. C.", sent. de 11-IX-2013 y C. 112.611, "Muiño", sent. de 20-XI-2013).
La autoridad de la cosa juzgada responde a la necesidad de que el orden y la paz social reinen en la sociedad, evitando que los pleitos entre las partes se renueven indefinidamente (causas L. 104.330, "Ciuro de Castello", sent. de 21-XII-2011; L. 93.978, "Battini", sent. de 22-IX-2010 y L. 85.656, "Cepeda", sent. de 6-VI-2007). Sabido es, además, que los efectos de dicho instituto no se agotan con la imposibilidad de renovar el debate sobre cuestiones planteadas y resueltas en el proceso anterior, sino que se proyectan sobre aquellas que pudieran haberse alegado en él (causas L. 105.160, "Curutchet", sent. de 9-V-2012; L. 100.493, "Valvo", sent. de 26-XI-2008 y L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007).
En suma, la adecuada solución al caso imponía realizar el cotejo entre la suma previamente establecida por el juzgador en concepto de reparación civil y la fijada por aplicación de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00 aplicable en el caso) y, en ese escenario, analizar la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 para luego definir la indemnización que le correspondía percibir a la trabajadora -reitero- de acuerdo a las cuantías que ya habían sido establecidas por el a quo y no resultaban controvertidas.
IV. Por lo expuesto, corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 457/469.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y de conformidad con lo ordenado en el pronunciamiento de esta Suprema Corte obrante a fs. 417/436 vta., dicte un nuevo fallo.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia de fs. 457/469. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y de conformidad con lo ordenado en el pronunciamiento de esta Suprema Corte obrante a fs. 417/436 vta., dicte un nuevo fallo.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:24:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:36:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:07:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia