Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 120759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, nuevamente integrado, de conformidad con lo ordenado por esta Corte, hizo lugar a la demanda instaurada por César Néstor Cabral y, en consecuencia, condenó a QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar una diferencia en la prestación por incapacidad parcial y permanente, y a la empleadora Supercemento S.A.I.C. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios (v. fs. 1.043/1.047 vta.).
Para así decidir, procedió a efectuar el cotejo entre las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 2.078/00) y la reparación integral y, consecuentemente, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, condenando a la empleadora coaccionada al pago de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común, conforme las pautas que estableció.
II. Frente a lo así resuelto, Supercemento S.A.I.C. y el actor deducen sendos recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.057/1.062 y presentación electrónica de fecha 27-VII-2020, respectivamente), siendo concedido por el tribunal actuante, y en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, únicamente el mencionado en segundo término (v. fs. 1.063 y vta. y 1.064 y vta.).
Posteriormente, el accionante denunció haber arribado a un acuerdo de pago con la empleadora, denunciando que continuaba el interés en la impugnación respecto de la aseguradora (v. fs. 1.067), convenio que fue homologado por el a quo a fs. 1.064 y vta.
III.1. En la única vía extraordinaria que corresponde analizar en esta instancia, el legitimado activo relata los antecedentes de la causa, e individualiza las normas y la doctrina que considera violadas.
En sustancia, se agravia del monto indemnizatorio al que arriba el tribunal de grado, alegando que omite efectuar un análisis de la razonabilidad de la indemnización al momento del pago, conforme la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
En esa línea, alega que una vez que esta Corte devolvió la causa a la instancia de origen, se le notificó a su parte la nueva integración e, inmediatamente, pasaron los autos para sentencia, sin que pudiera peticionar una reparación razonable y equitativa del daño, exclusivamente a cargo de QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., ni cuestionar la constitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557, en cuanto a la determinación del ingreso base y los topes de las prestaciones.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 1.064 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.437, "Bonopera", resol. de. 26-V-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020), sin que la impugnante hubiera expuesto, prima facie , razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2.b. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que, sin perjuicio de que los presupuestos fácticos delineados en la presente difieren de aquéllos que se desarrollaron en las causas L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018) y L. 120.133, "Cuelho" (sent. de 3-X-2018), lo cierto es que, en estas últimas, esta Corte resolvió la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley allí intentado, sin sentarse doctrina legal alguna en la materia allí discutida.
III.2.c. Tampoco acierta el recurrente con la mención que formula respecto de un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por tanto, quedó en minoría, desde que al no conformar "doctrina legal", no resulta útil en el estrecho marco en análisis (causas L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 124.831, "Toresani", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
III.2.d. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de los fallos de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/08/2021 19:13:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:31:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:36:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/08/2021 11:28:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 15:46:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia