Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127815
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la accionada, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón rechazó íntegramente la demanda promovida por Pablo Daniel Pereyro contra Federación Patronal Seguros S.A. en concepto de reparación por los accidentes in-itinere que denunció sufridos los días 7 de noviembre de 2015 y 26 de junio de 2016. Asimismo, impuso las costas en el orden causado (v. veredicto y sentencia ambos de fecha 21-XII-2020). Luego, estimó los honorarios profesionales tomando como base regulatoria el monto reclamado en la demanda, con más los intereses a tasa pasiva digital, desde la promoción de la acción (v. pronunciamiento de fecha 21-XII-2020).
II. Frente a este último aspecto de la decisión se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2021), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución de 31-V-2021).
En rigor, la interesada objeta que el a quo haya utilizado, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda con más los intereses que estableció, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende que la cifra fijada por los estipendios de los auxiliares de la justicia, excede todo marco de razonabilidad y de cuyo pago -aduce- resulta posible deudor en su totalidad en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este marco, cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Además, alega absurdo, violación de las garantías constitucionales de igualdad, propiedad y defensa en juicio. Finalmente, sostiene que lo decidido resulta injusto y confiscatorio.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo liminar, debe señalarse que -tal como lo adelantó la interesada- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el monto de los honorarios regulados por el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula- no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En este contexto, cabe observar que se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
III.3. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante-, L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007) y L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que la actora -en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
III.4. De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir a la actora de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la accionada, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 19:01:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:03:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 10:26:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:58:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2022 08:03:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2022 13:19:45 hs. bajo el número RR-1031-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia