Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124239
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ANGELONI AYELEN ROCIO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Ayelén Rocío Angeloni, y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle una reparación integral por daño material y moral, así como la afectación de la integridad psicofísica (v. fs. 326/347 vta.).
Para así decidir, valorando el material probatorio de la causa, juzgó acreditado que el accidente sufrido con fecha 27 de julio de 2013 por la actora fue ocasionado por una cosa riesgosa propiedad de la demandada, y que a consecuencia del mismo, la trabajadora padece una incapacidad del 65% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 364/370), el que fue concedido a fs. 371 y vta.
En su presentación se agravia, en primer lugar, del porcentaje de incapacidad, en tanto aduce que el a quo lo fijó teniendo en consideración los factores de ponderación, propios del régimen especial, lo que resulta violatorio de lo establecido en el art. 4 sexto párrafo de la ley 26.773 y en el decreto 659/96.
Por otro lado, objeta la determinación del quantum indemnizatorio por parte del magistrado de grado, especialmente en lo referido a la afectación de la integridad psicofísica. Al respecto, alega que el pronunciamiento de origen no explicita el método utilizado para llegar a la suma de condena, y, además, incurrió en absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos, vulnerando el principio de congruencia, por cuanto entiende que dicho rubro no fue peticionado en el escrito de inicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, se impone señalar que resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen.
Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018 y L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019).
En el caso, la recurrente ni siquiera ha denunciado que tal aspecto de la decisión fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; e.o.).
Sin perjuicio de lo señalado, su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 116.581 "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 118.172 "Delgado", resol. de 8-X-2014; L. 117.831 "Andrada", resol. de 12-XI-2014 y L. 120.389, "Navas", resol. de 5-VII-2017), sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido de la decisión de origen.
III.2. Igualmente improcedente es el cuestionamiento relativo al monto indemnizatorio y la violación del principio de congruencia.
III.2.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del quantum resarcitorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 107.730 "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.226 "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019).
También es facultad de dichos magistrados la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 103.345, "Pérez", sent. de 18-V-2011; L. 114.082, "Borda", resol. de 21-IX-2011 y L. 121.122, "Domínguez", sent. de 27-XI-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
En el caso, la interesada, además de no lograr evidenciar la configuración del mentado vicio, no rebate la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
En ese sentido, basta con señalar que de la lectura del pronunciamiento puesto en crisis se observa que el juzgador tuvo en cuenta, a la hora de cuantificar dicho rubro, de qué manera el daño sufrido por la trabajadora repercutía en su vida personal (más allá de su faceta laboral) y en ese sentido, manifestó que no resultaba difícil imaginar que la pérdida de su brazo derecho afectaba indudablemente todos y cada uno de los aspectos de su vida (sentimental, social, cultural o familiar).
En tales condiciones, y más allá que pueda o no compartirse el método adoptado por el a quo , se advierte que el embate introducido por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no contiene un desarrollo argumental idóneo para demostrar el yerro valorativo que se le atribuye al juzgador, soslayando formular una réplica eficaz de las motivaciones esenciales esgrimidas respecto del tópico, incumpliendo con la manda prevista en el art. 279 del CPCC.
III.2.b. Finalmente, es dable recordar que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- bajo la denuncia de transgresión al citado principio de congruencia, manifiesta su desacuerdo con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 116.966, "García", resol. de 19-XII-2012; L. 118.686, "Pérez Staracci", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018), tal como sucede en la especie.
En efecto, el juzgador sostuvo que si bien el rubro "integridad psicofísica" no había sido planteado en forma independiente en la demanda, expresamente se indicó en el escrito inicial, que para que la reparación sea integral, debían meritarse los distintos aspectos proyectivos del individuo como la faz económica, sentimental, deportiva, profesional y que no podría hablarse de reparación sino en la medida en que la misma produce un daño a la persona en su integridad física y psíquica en interacción con los demás, y que al fundamentar el daño estético (que sí había considerado como un rubro autónomo) manifestó que se había visto afectada su estética corporal, y que si antes del suceso la persona gozaba de su integridad física, tenía derecho a conservarla (v. sent., fs. 335 y vta.), aspectos del pronunciamiento que no son rebatidos por la recurrente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:19:40 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:44:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:12:19 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 12/06/2020 20:19:54 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 13:15:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia