Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de La Plata para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 departamental.
B.79.969 "SUAREZ FERNANDO FABIAN C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO. ACCION ESPECIAL - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Fernando Fabián Suarez promueve demanda contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -Servicio Penitenciario-, con el objeto de obtener una indemnización por accidente de trabajo en los términos previstos en las leyes 24.557, 26.773 y 27.348 y su normativa reglamentaria.
Al respecto, relata que se encontraba desempeñando tareas como ayudante de panadería en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos, cuando sufrió un incidente con una máquina sobadora, por el que tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal General de Agudos “General José de San Martín” de La Plata y que le ocasionó severas lesiones en su mano derecha y graves secuelas incapacitantes.
Explica que al denunciar el hecho a su empleador recibió atención médica por intermedio de la compañía Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA. Luego, indica que el 17 de julio de 2023 efectuó un reclamo ante la Comisión Médica N°85 de Ramos Mejía, la cual, frente a la falta de reporte registral de la relación laboral aducida, ordenó girar las actuaciones al Servicio de Homologaciones. Explica que esta dependencia, por su parte, dispuso el cierre y archivo del expediente.
En virtud de ello, solicita la revisión amplia del procedimiento seguido, conforme lo establecido en los arts. 2 inc. j y 103 de la ley 15.057.
II. La causa se inició ante el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de La Matanza, cuyos miembros se inhibieron de entender en el asunto por aplicación del art. 3 de la ley 15.057, toda vez que tanto el lugar de trabajo como los domicilios del actor y la parte demandada se encontraban en la ciudad de La Plata (v. resol. de 4-XI-2024).
De este modo, las actuaciones fueron asignadas al Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de La Plata, el cual se rehusó a intervenir en el pleito tras ponderar que al ser el demandante una persona privada de su liberad, devenía aplicable el régimen especial establecido en la ley 12.256 y el decreto 1.373/62. Por consiguiente, concluyó que se trataba de una materia propia del fuero especializado en derecho público (v. 12-III-2023).
Así las cosas, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 departamental, cuya por entonces titular declaró su incompetencia al advertir que la pretensión deducida, los hechos expuestos en el escrito postulatorio y el derecho invocado, activaban la regla del art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto determina que no corresponde el conocimiento del fuero en las controversias que se encuentren regidas por el derecho privado o por las normas o convenios laborales (v. resol. de 7-IV-2025).
De tal modo, planteó formalmente la contienda negativa de competencia, elevándola a esta Corte a fin de que la resuelva de acuerdo a lo previsto por el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-
III. En reiteradas ocasiones esta Corte ha resuelto que los casos en los que se persiguen indemnizaciones previstas en normas laborales, aun cuando se encuentre codemandado en carácter de obligado solidario uno de los sujetos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, resultan ajenos a la competencia del fuero contencioso administrativo (cfr. arts. 166, última parte, Const. prov., 1, 2 y 7, CCA). Ello si no se advirtiese que la cuestión a decidir se haya originado por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el derecho público, por parte de alguno de los sujetos enumerados en la cláusula constitucional (doctr. causas B. 71.998, "Rodríguez", resol. de 19-XII-2012; B. 72.248, "González", resol. de 5-VI-2013; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 4-V-2018 y B. 76.355, “Soria”, resol. de 15-IV-2020).
Sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión, ha de concluirse que no se configura un caso contencioso administrativo.
IV. En la especie, de acuerdo a lo expresado en el escrito inaugural, el actor se encuentra detenido en la unidad penitenciaria donde realizaba trabajos y su presunta empleadora es la Provincia demandada, quien luego de anoticiarse del infortunio ordenó que la atención médica fuera brindada por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA. La pretensión, con independencia de su andamiaje, persigue el cobro de las indemnizaciones regladas en las leyes 24.557, 26.773 y 27.348.
Lo dispuesto por el art. 35 de la ley 12.256 en punto a que la organización del trabajo penitenciario en su aspecto técnico, administrativo, modalidades, horarios, previsiones referidos a la higiene y seguridad industrial, accidentes e indemnizaciones se regirán por las normas legales establecidas para la materia en cuanto sean compatibles con las particularidades del sistema que esa ley implementa, no justifica el desplazamiento de la competencia al fuero especializado en lo contencioso administrativo en tanto, para el caso, esas normas -de acuerdo a la pretensión expuesta- son las contenidas en la Ley de Riesgos de Trabajo, con sus reformas (doctr. causa B. 76.133, “Romero”, resol. de 23-X-2019).
Bajo esa premisa, las características de la relación invocada, unida a la naturaleza de la normativa en la que se sustenta el reclamo, dan pie a determinar la competencia del tribunal laboral (doctr. causas B. 73.001, "Peñalva", resol. de 10-IX-2014; B. 73.517, "Fuster", resol. de 15-IV-2015; B. 74.982, "Lungueira", resol. de 28-II-2018 y B. 75.270, cit., e.o.).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en el presente litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de La Plata para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:36:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 18:35:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2026 11:50:06 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 10:55:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:03:01 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:18:24 hs. bajo el número RR-73-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia