Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127893
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja incoada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 278 y 292, Cód. cit. y Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Remitir los autos al órgano de origen a fin de que éste se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de nulidad incoado por la parte actora en soporte electrónico (arts. 281, CPCC y 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco del juicio incoado por Paulo Francisco González Parada contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en lo que interesa destacar, decretó la caducidad de la acción prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, con orden de posterior archivo de la causa (v. pronunciamiento de 1-XII-2020).
Para así decidir, juzgó que a la fecha de promoción de la demanda, el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional de 23 de abril de 2018 se encontraba firme y consentido, razón por la cual concluyó que dicha acción judicial hubo de caducar conforme los términos del citado art. 2 inc. "j" 2do. párrafo de la ley 15.057.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. escrito de 7-IX-2021), oportunidad en la que denunció la habilitación de la instancia extraordinaria local de casación por encontrarse configurado un caso federal bastante, en los términos de la doctrina derivada de las causas de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:247).
En tal sentido, además de cuestionar la validez constitucional del régimen instaurado por la ley nacional n° 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- en cuanto establece la obligación de transitar la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica, así como la ley provincial de adhesión n° 14.997 y de alegar su inaplicabilidad temporal, denunció conculcadas las garantías de juez natural, debido proceso y acceso irrestricto a la justicia, por no haber contado el trabajador con patrocinio letrado al inicio del expediente administrativo, de fecha anterior a la puesta en funcionamiento de la resolución reglamentaria 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III. A su turno, el sentenciante de grado denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, por considerarlo extemporáneo (v. pronunciamiento de fecha 9-IX-2021), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de fecha 17-IX-2021).
IV. La queja prospera.
IV.1. De modo liminar, corresponde memorar que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad deducidos contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, deben interponerse ante el tribunal que la dictó dentro del plazo perentorio de diez días, contados a partir de la notificación respectiva (arts. 279, CPCC, 55 y 63, ley 11.653; causas L. 110.871, "Rossanigo", resol. de 7-VII-2010; L. 116.548, "Monzón", resol. de 18-IV-2012; L. 118.659, "Ontiveros", resol. de 13-V-2015; L. 119.867, "Di Biasi", resol. de 24-V-2016; L. 123.982, "Balbuena", resol. de 16-VI-2020; L. 126.621, "Huergo" y L. 126.638, "Crispin", resols. de 8-II-2021).
En razón de lo señalado y sin perjuicio de los motivos dados por el a quo para denegar el remedio extraordinario intentado, en la medida que no surge de las constancias de autos actividad jurisdiccional alguna tendiente a notificar al interesado en forma expresa (personal o por cédula) el pronunciamiento impugnado o, en su caso, conocimiento inequívoco del mismo por la parte actora antes de la interposición de los recursos extraordinarios, cabe concluir que el escrito mediante el que se instrumentó su presentación se observa temporáneo (arts. 135, inc. 12 y 16, ley 11.653; Acordada 3845/17; art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; causas Ac. 58.533, "Pietrovito", sent. de 31-III-1998; Ac. 84.619, "Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 9-XII-2004; Ac. 92.798, "Sandoval", resol. de 15-XII-2004; Ac. 95.562, "Beltrame", resol. de 25-IV-2007 y L. 123.982, cit.) a tenor de la notificación espontánea -coincidente con la presentación de fecha 7 de septiembre de 2021-.
IV.2. Sentado ello, corresponde ingresar a analizar los restantes recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Al respecto, se observa que si bien el valor del agravio resulta insuficiente a los fines de lo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. ley 14.141) lo cierto es que, atendiendo a las particulares circunstancias de la causa, a la entidad del planteo efectuado por el impugnante, así como la jerarquía y naturaleza de los derechos involucrados y encontrándose el tema en debate en directa relación con la denuncia de violación de garantías constitucionales, se avizora configurada en el caso - prima facie - una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia revisora de este Tribunal.
En efecto, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, tras impugnar los fundamentos dados por el tribunal laboral para sostener la validez constitucional de la ley 27.348, reiterando los planteos efectuados en torno a ello, cuestiona la decisión de aplicar en el sub lite el procedimiento instituido por la Resolución 298/17 de la SRT.
En tal sentido, entre otros argumentos, denuncia que durante el procedimiento transcurrido frente a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el aquí actor "jamás" hubo de ser asistido por patrocinio letrado obligatorio, tal como lo dispone el actual artículo 1° de la ley 27.348.
Sobre tal piso de marcha, en prieta síntesis, entiende que la sentencia en ataque resolvió declarar la caducidad de la instancia judicial dejando al trabajador en completo desamparo judicial, arrasando con los esenciales principios constitucionales y convencionales del juez natural, del debido proceso y del acceso irrestricto a la justicia, protegidos por los arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Carta Magna Provincial.
Cabe recordar que la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las citadas causas "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
En el supuesto que se considera, ante la posible vulneración de las garantías del acceso a la justicia, derecho de defensa y a la salud, teniendo en cuenta los planteos formulados en el marco de un reclamo de indemnización por los daños sufridos por el trabajador derivados de un accidente laboral, el examen de las cuestiones formales debe flexibilizarse, evitando que tales exigencias resulten un valladar para la consideración y, en su caso, el amparo de esas garantías, haciendo que prevalezcan los valores y principios que emergen de la Constitución y de los Tratados equiparados a ella (Fallos 272:188; 300:1102, causas C. 119.956, resol. del 3-VI-2015; C. 121.209, "Herederos de C., L. A." y C. 121.160, "C., A. R.", resols. de 9-VIII-2017; C.122.321, "F.R.", resol. de 19-IX-18 y L. 126.865, "Ifran", resol. de 27-V-2022; e.o.).
En virtud de lo expuesto, corresponde en estos obrados tener por satisfechos los requisitos legales, acoger la vía de hecho traída y otorgar la impugnación extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida (arts. 278 y 292, Cód. cit. y Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
IV.3. Por otro lado, arribados los autos principales a esta sede extraordinaria, se advierte que el tribunal de origen no se ha pronunciado sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de nulidad incoado por el accionante, por lo que los autos deberán volver al órgano judicial de grado a fin de que se pronuncie al respecto (art. 281, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja incoada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 278 y 292, Cód. cit. y Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Remitir los autos al órgano de origen a fin de que éste se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de nulidad incoado por la parte actora en soporte electrónico (arts. 281, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2022 11:04:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 12:05:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 19:00:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2022 10:40:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2022 13:03:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2022 14:59:28 hs. bajo el número RR-899-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia