Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130126
I. Esta Corte desestimó la queja incoada por el doctor Sebastián Alejandro Baillot, letrado apoderado de la parte actora, por considerar que el pronunciamiento impugnado no constituía sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 27-II-2023).
II. Frente a dicho pronunciamiento, el recurrente interpuso recurso extraordinario federal (v. presentación de fecha 7-III-2023), del que se dio traslado (art. 257, CPCCN; v. proveído de 9-III-2023), el que no fue contestado.
En lo esencial, invoca arbitrariedad y expone la configuración de una cuestión federal en orden al contenido en lo normado en los art. 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A tal fin, tras reiterar los argumentos desarrollados en la instancia extraordinaria local, sostiene que la Suprema Corte desestimó la vía de queja intentada emitiendo un pronunciamiento que -a su modo de ver- se encuentra huérfano de sustento legal que lo autorice.
III.1. De modo liminar, corresponde recordar que las cuestiones relativas a la interpretación de las normas del derecho procesal -en el caso, aquellas vinculadas a los requisitos de admisibilidad que habilitan la instancia extraordinaria de casación- son privativas de los tribunales locales y ajenas, como regla, a la competencia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente -respecto de los agravios que la originan- con motivos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional.
Tal exigencia no queda cumplida en la especie, toda vez que los argumentos del recurrente sólo trasuntan su personal discrepancia con la conclusión medular del pronunciamiento, vinculada a la ausencia de definitividad de la decisión impugnada y no constituyen una adecuada fundamentación según lo normado en el art. 15 de la ley 48.
III.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada, basada en la causal de dogmatismo tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación ha dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir decisiones supuestamente equivocadas que se consideren tales, en torno a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; e.o.). Asimismo, que la señalada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la interesada debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de aquel conducto excepcional, recaudos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie.
III.3. Por lo demás, cabe agregar que la mera invocación de garantías constitucionales tampoco abastece tal cometido, careciendo por sí de idoneidad para habilitar el acceso a la jurisdicción extraordinaria del máximo Tribunal nacional (causas L. 116.331 "Álvarez" y L. 116.419 "Benítez", resols. de 26-VIII-2012).
IV. En razón de lo indicado, y sin perjuicio de advertir reunidos los requisitos formales establecidos por la Acordada 4/07 del Máximo Tribunal nacional (v. presentación electrónica de fecha 27-II-2023), ante el incumplimiento por parte de la recurrente de las exigencias previstas en los incs. "d" y "e" del art. 3 de dicha reglamentación, la vía intentada -conforme las razones expuestas en los acápites anteriores- debe ser desestimada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y cúmplase con lo ordenado en la resolución de fecha 27 de febrero de 2023.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2023 01:56:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 10:11:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:47:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:39:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2023 08:58:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/04/2023 10:54:02 hs. bajo el número RR-459-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia