Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 137699
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Con Costas.
I. Conforme surge de las constancias identificadas, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Santiago Esteban Royo y condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad permanente, parcial y definitiva (v. sent. de 1-IX-2025; según Datos Adicionales disponibles en el Sistema Augusta -URL Expediente de Origen-).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 16-IX-2025; según Datos Adicionales disponibles en el Sistema Augusta -URL Expediente de Origen-), oportunidad en que, en lo que interesa destacar, denunció la imposibilidad de dar cumplimiento al depósito previo regulado en el art. 83 de la ley 15.057 por no encontrarse abierta la cuenta judicial de autos (v. acápite III.1., del escrito recursivo; según Datos Adicionales disponibles en el Sistema Augusta -URL Expediente de Origen-).
Más adelante, la recurrente acompañó las constancias que darían cuenta del cumplimiento de la erogación prevista en la citada norma ritual, equivalente a la suma de capital, intereses y costas del proceso (v. escrito de 23-IX-2025; según Datos Adicionales disponibles en el Sistema Augusta -URL Expediente de Origen-).
III. A su turno, el tribunal de grado, declaró desierto el remedio extraordinario intentado con sustento en la extemporaneidad del depósito efectivizado en los términos de la mencionada normativa, ocasión en que destacó que -contrariamente a lo sostenido por la impugnante- la cuenta judicial de autos se encontraba informada en el expediente el día 2 de septiembre de 2025 (v. resol. de 3-X-2025; según Datos Adicionales disponibles en el Sistema Augusta -URL Expediente de Origen-).
Contra lo así resuelto, la interesada dedujo el recurso de queja previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de 15-X-2025).
En sustancia, la interesada, tras sostener que en el caso se configuraría –a su criterio- una cuestión federal suficiente que habilitaría la instancia de casación local, con apoyo en doctrina del exceso ritual manifiesto que individualiza, alega que el a quo -al resolver como lo hizo- incurrió en arbitrariedad manifiesta por no haber aplicado lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto otorga un plazo de cinco (5) días, previa intimación, a fin de cumplir con el mentado depósito, como así también, la notificación personal de los actos procesales que indica.
IV. La queja no prospera.
IV.1. Los agravios que porta el recurso de hecho que se provee no son de recibo. La impugnante no desconoce no haber dado cumplimiento al depósito regulado en el citado art. 83 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24-, dentro del término fatal establecido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 82, 83 y 89 de la ley 15.057 -aplicables a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24-).
En este contexto, no es ocioso recordar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el art. 83 de la ley 15.057 -aplicable, cabe reiterar, a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios -sin distinción alguna de cuál de éstos-, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causa L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX-2024).
A propósito de lo dicho, no es ocioso también memorar que esta Suprema Corte en oportunidad de expedirse en torno a la validez constitucional de la carga descripta, ha sostenido que no conculca derechos o garantías constitucionales pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria prevista en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas condiciones (causas L. 133.170, "Herrera" y L. 133.104, "Etchegoyen", ambas resols. de 15-X-2024).
Específicamente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 133.170 y L. 133.104, cdas.).
IV.2. Tampoco resulta viable el agravio afincado en que el a quo debió, en su caso y no lo hizo, intimarla en los términos de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
En tal sentido, como se anticipó en el acápite precedente, no es ocioso memorar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que no corresponde intimar a la parte a integrar estos valores, y que tal principio no resulta mitigado por la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial (art.280), desde que dicha circunstancia sólo procede cuando las normas de ambos ordenamientos procesales concuerden (art. 89, ley 15.057; causas L. 124.760, "Gutiérrez", resol. de 4-VIII-2020 y L. 125.977, "Quinteros", resol. de 13-X-2020), lo que no se exterioriza en esta parcela en atención a la distinta condición jurídica de los depósitos de uno y otro régimen.
Y, si bien es cierto que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos incompatibles con el adecuado servicio de justicia, no lo es menos que la doctrina del exceso ritual no importa avalar ni respaldar comportamientos negligentes (causas L. 118.203, "Colaianni", resol. de 20-XI-2014; L. 118.245, "Simoncini", resol. de 11-II-2015; L. 125.680, "Trotta", resol. de 12-II-2021; L. 125.764, "Cornejo", resol. de 16-III-2021 y L. 128.700, "Giuliano", resol. de 1-IV-2022).
V. Sentado ello, no abastece aquel cometido el intento de habilitar la instancia de casación local en base a argumentos ligados a la configuración de cuestión federal.
Ello así, pues, sabido es, que la carga procesal en cabeza de la recurrente de dar cumplimiento al depósito previo, como se ha dicho en otras oportunidades, es exigible aún en supuestos en los que se dispuso que el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que guardaban relación directa con la cuestión litigiosa y, ponderando además que esta Suprema Corte conformaba el Superior Tribunal de la causa en los términos a que se refiere en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio", "Christou" (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos SA", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017; C. 124.125, "Fernández", resol. de 8-VI-2021 y L. 129.552, "Maldonado", resol. de 17-X-2022).
VI. Finalmente, si bien es cierto que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos incompatibles con el adecuado servicio de justicia, no lo es menos que la doctrina del exceso ritual no importa avalar ni respaldar comportamientos negligentes (causas L. 118.203, "Colaianni", resol. de 20-XI-2014; L. 118.245, "Simoncini", resol. de 11-II-2015; L. 125.680, "Trotta", resol. de 12-II-2021; L. 125.764, "Cornejo", resol. de 16-III-2021 y L. 128.700, "Giuliano", resol. de 1-IV-2022).
VII. En atención a lo dicho, en la especie, la decisión del tribunal de grado de declarar desierto el recurso extraordinario se encuentra ajustada a derecho (cfr. doctr. art. 2, inc. "d" del Acuerdo 4.068/2022; art. 279, CPCC y 89, ley 15.057).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Con Costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:12:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/12/2025 10:47:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2025 11:59:54 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/02/2026 09:53:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:16:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/02/2026 13:09:43 hs. bajo el número RR-18-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia