Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120358
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.358, "Pereyra, Horacio Ismael contra Maggi, Luis. Accidente de Trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la codemandada La Segunda ART S.A. en su condición de vencida (v. fs. 542/566 vta.).
Se interpusieron, por esta última y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 597/617 vta. y 618/625, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 597/617 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 618/625?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Horacio Ismael Pereyra y condenó a La Segunda ART S.A. al pago del resarcimiento tarifado previsto por el régimen especial de reparación de infortunios laborales -leyes 24.557 y 26.773 (arts. 3 y 17 apdo. 6)-; rechazándola, en cambio, en cuanto pretendía una indemnización integral con sustento en el derecho común (v. fs. 542/566 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 11 de julio de 2005 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas como peón rural a órdenes del señor Luis Julio Maggi, que le provocó una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 27% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 542/543 y vta.).
En la sentencia, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil -ley 340- (v. fs. 550 vta./553).
A renglón seguido, analizó la responsabilidad sistémica de la codemandada La Segunda ART S.A. y juzgó que al momento del acaecimiento del infortunio se encontraba vigente la ley 24.557, coexistiendo y complementándose dicho cuerpo normativo -a la fecha del decisorio- con la ley 26.773 (v. fs. 553 y vta.).
Con el objeto de justificar su decisión de aplicar al caso este último régimen legal, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5, en cuanto establece que las disposiciones allí contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia (v. fs. 553 vta. y sigs.).
Remitiendo a lo ya expresado por el propio tribunal en causas anteriores -y con cita de diversos autores-, destacó que a los fines de analizar la temática no podía desconocerse que el propio Poder Ejecutivo nacional había reconocido, en los considerandos del decreto, la clara mezquindad del régimen de prestaciones patrimoniales previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 556).
Añadió que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva -ni violatoria del derecho de propiedad- la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, solo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquella (v. fs. 556 y vta.).
Explicó que dicha solución se encuentra respaldada tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") -donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida-, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 556 vta. y 557).
Sostuvo que la aplicación de las reformas de la ley 24.557 a los infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de la vigencia de la nueva normativa no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial, durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas. Asimismo, manifestó que la nueva legislación reconoce la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que halla respaldo en el principio de progresividad consagrado en el art. 75 -incs. 22 y 23- de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 557 y vta.).
Seguidamente, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso las razones que entendió justificaban su apartamiento, explicando que las aseguradoras de riesgos del trabajo son entidades privadas controladas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuyo único objeto es el otorgamiento de las prestaciones que establece la ley, esto es, las leyes 26.773 y 24.557 y sus modificatorias (dec. 1.694/09), sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan (conf. art. 1 seg. párr., ley 26.773) -ver fs. 557 vta. y 558-.
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, sin que se vean afectados los principios de congruencia y debido proceso, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias actualmente vigentes en la materia y a las cuales contractual y expresamente se comprometió a cumplimentar (v. fs. 558 in fine y vta.).
Juzgó que de conformidad con los parámetros incapacitantes establecidos y a la fórmula actuarial prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, el actor resultaría acreedor a la suma de $11.987,85 (art. 14 apdo. 2 inc. "a", LRT). Pero, continuó, por aplicación del decreto 472/14, que reglamenta la ley 26.773 y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, actualmente vigente y de aplicación al caso, la indemnización indicada nunca podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $943.119 por el porcentaje de incapacidad (27%), arribando en consecuencia a un importe de $254.642,13 (v. fs. 558 vta.).
A este último le adicionó el porcentual del 20% consignado en el art. 3 de la ley 26.773 -$50.928,42-, totalizando entonces una sumatoria de $305.570,55, de la que descontó lo abonado al actor en sede administrativa ($12.183) -ver última fs. citada-.
Finalmente, dispuso que el resultado obtenido ($293.387,55) debía actualizarse conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre la fecha del evento dañoso (julio de 2005), que ascendía a $140,75, y el último publicado (marzo de 2016), que representaba $1.940,55; arribando así a un coeficiente de 13,78 y a un capital de $4.042.880,40 en concepto de diferencia de prestaciones dinerarias adeudadas por la incapacidad laboral permanente y definitiva determinada como consecuencia del accidente de trabajo (v. fs. 559).
Precisó, además, que correspondía aplicar el indicado mecanismo de ajuste desde el momento en que ocurrió el infortunio (11 de julio de 2005), y no desde la fecha consignada en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 (1 de enero de 2010), por resultar este último hito temporal contradictorio con lo normado por el art. 2 del mismo régimen legal, en cuanto determina que "...la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada con la enfermedad profesional" (v. fs. 559 in fine y vta.).
Por otra parte, también fijó la indemnización a la que hubiera accedido el promotor del pleito por aplicación de las pautas del derecho común, estableciéndola en $69.572,77 -comprensiva de los daños materiales y morales sufridos- (v. fs. 559 vta. y 560).
Con todo, y habida cuenta que las prestaciones dinerarias legalmente previstas en la normativa especial sistémica resultaban superiores a la reparación civil integral objetiva, juzgó que en el específico supuesto de autos el art. 39 de la ley 24.557 no lesionaba los derechos de raigambre constitucional del actor contenidos en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 28 y 43 de la Constitución nacional. Por ello, condenó a La Segunda ART S.A. al pago del resarcimiento que había determinado de conformidad con el régimen especial y tarifado contemplado por la ley 24.557 y su modificatoria, la ley 26.773 (v. fs. 561 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de La Segunda ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En lo sustancial, se agravia de la definición de origen que declaró aplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773.
Sobre el particular, refiere que al aplicar las pautas indemnizatorias previstas en dicho régimen legal para indemnizar las consecuencias incapacitantes provocadas por un accidente ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, descalificando la validez de su art. 17 apartado 5, el tribunal de origen transgredió el principio de congruencia.
Sostiene que dicho órgano jurisdiccional se apartó del objeto del pleito, el cual se encontraba inequívocamente definido por un reclamo vinculado a una reparación integral de daños y perjuicios sustentada en las normas del derecho común.
Explica que en el escrito de promoción de la demanda el actor no peticionó -siquiera en subsidio- la aplicación de la ley 24.557 ni, menos aún, de la ley 26.773, sino que su pretensión estuvo dirigida a obtener una condena de su empleador por considerarlo civilmente responsable en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, así como de la aseguradora de riesgos del trabajo, por haber incumplido ésta los deberes de prevención y control, encuadrando la situación de esta última en las prescripciones del art. 1.074 del mencionado digesto.
En tales condiciones, afirma, toda vez que el a quo incorporó sorpresivamente una cuestión -indemnización sistémica- que jamás fue planteada por la parte actora, y que provoca un grave e irreparable perjuicio y vulnera sus derechos de propiedad, igualdad y defensa en juicio, corresponde revocar el pronunciamiento por haber incurrido en una manifiesta extralimitación (sentencia " extra petita ") que lo torna nulo.
En otro orden, argumenta que la declaración de invalidez constitucional es la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y una norma podrá padecer del vicio de inconstitucionalidad si ha traspasado el límite de opciones posibles que la Constitución nacional presenta al legislador, no siendo este el caso, en el cual únicamente se ha descalificado al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 en aras de facilitar la aplicación de dicho régimen especial retroactivamente.
Explica que el principio de irretroactividad de la ley sólo reconoce una excepción, que se configura cuando aquella está establecida por la propia ley con el límite de no afectar garantías constitucionales. Tal presupuesto -alega- no se configura en la especie, pues la ley 26.773 no prevé su aplicación retroactiva.
Indica, además, que la sentencia en crisis se encuentra en franca contradicción con la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), donde específicamente estableció que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Agregando que la interpretación sistemática de la ley 26.773, más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada, lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido cuerpo normativo no establece una excepción a la regla general establecida en el art. 17 apartado 5.
Destaca que tal postura se encuentra alineada con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2001/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Argumenta que el a quo también se apartó de las concretas disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual prevé expresamente que sólo los pisos mínimos, y eventualmente las prestaciones adicionales, constituyen los montos que deben actualizarse conforme el índice RIPTE.
Finalmente, manifiesta que el procedimiento de liquidación y cálculo de la indemnización sistémica llevado a cabo en la instancia de grado, traduce un inequitativo criterio de interpretación de la legislación vigente en materia de infortunios laborales, causando un gravísimo perjuicio económico, obligando a la aseguradora de riesgos del trabajo a depositar una suma millonaria para poder acceder a la instancia revisora por ante la Suprema Corte.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 542/544 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 544 vta.) ni la sentencia (v. fs. 565), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 566 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar que no luce conducente la crítica estructurada en torno a la invocada transgresión del principio de congruencia.
Ello así porque, de un lado, si a juicio del interesado -y así parece insinuarlo a fs. 601- el a quo omitió tratar la cuestión vinculada a la responsabilidad civil extracontractual que le fuera endilgada a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del art. 1.074 del Código Civil, tal incorrección debió haber sido denunciada por el medio de impugnación pertinente: el recurso extraordinario de nulidad (causas L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016).
Del otro, porque la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo halló basamento en el marco del control de constitucionalidad que de la norma del art. 39 de la ley 24.557 llevara a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento, ante la circunstancia verificada en el caso de resultar el sistema especial de reparación de infortunios laborales más beneficioso para el trabajador que el contemplado en la legislación común.
III.3. Ahora bien, por otra parte, considero que debe modificarse el aspecto del decisorio en el cual, para arribar al resultado numérico que definió la suerte del cotejo o comparación entre los regímenes legales en pugna, declaró aplicable la ley 26.773.
En efecto, en primer lugar, debe revocarse la definición de grado que decretó la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de dicha ley.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.4. Luego, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual al tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
III.4.a. No se encuentra controvertido en autos que la primera manifestación invalidante de la contingencia padecida por el trabajador se produjo el día 11 de julio de 2005 (v. vered., fs. 542/543 vta.).
III.4.b. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.4.c. De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, dicha ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial" , precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O., 17-IV-2001) que: "Las modifi
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