Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120527
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.527, "Morales, María Victoria contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 314/327).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 336/341), el que, denegado por el juzgador de grado a fs. 343 y vta., fue concedido por esta Corte a fs. 383/384 vta., al resolver el recurso de queja de fs. 376/379.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como operadora telefónica de la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 -dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires-, la señora María Victoria Morales contrajo una enfermedad profesional -denunciada ante la aseguradora el día 14 de diciembre de 2012-, por la cual padece una incapacidad del 34% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., fs. 314/316 vta.).
Asimismo, consideró demostrado que el ingreso base a la fecha de la primera manifestación invalidante, conforme lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, era de $8.338,42, y que, teniendo en cuenta el total de las remuneraciones percibidas, incluidas las horas Co.Re.S., ascendía a la suma de $9.541,65 (v. vered., fs. 316 vta.).
En la sentencia, en lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el a quo declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 12, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 320 vta./321 vta.).
Con sustento en la doctrina del Supremo Tribunal nacional sentada en la causa "Pérez c/ Disco", así como en lo establecido por la ley 26.773, en relación con la determinación del salario, sostuvo que no cabían dudas sobre la procedencia de incluir la totalidad de los conceptos abonados por el empleador como contraprestación del trabajo, más allá de que estuviesen o no sujetos a cotización.
Luego, concluyó que existían en autos elementos suficientes que la llevaban a la convicción cierta de que la metodología de cálculo del citado art. 12 no se ajusta a parámetros por los que se arribe a un resultado razonable, sino que -por el contrario- mediante su aplicación se produce una clara vulneración del derecho de propiedad. De allí que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del "Protocolo de San Salvador", que justifica su declaración de inconstitucionalidad.
En tales condiciones, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $329.191,97, resultante de deducir la suma percibida en la instancia administrativa (v. sent., fs. 322 vta. y 323).
II. El Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653; 12, 14 apartado 2 inc. "a" y concordantes de la ley 24.557; 208 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14 bis, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del "Protocolo de San Salvador" y Convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo.
Ataca la decisión de grado que incluyó, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, importes de carácter no remunerativos -horas Co.Re.S.- que integran el salario de la actora.
Alega que el tribunal de origen efectúa una interpretación forzada e incorrecta del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto las sumas abonadas a la trabajadora por dicho concepto no están sujetas a aportes y contribuciones, tal como expresamente lo establece el decreto 2.351/02 y lo dispone también el art. 59 del decreto 1.050/09, normas que transcribe.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, Ac. 3840/17).
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
Sin embargo, tal como lo dijo esta Suprema Corte al conceder la queja deducida por la Fiscalía de Estado (v. resol., fs. 383/384 vta.), encontrándose en debate una cuestión de naturaleza federal (como lo es la validez constitucional del art. 12, ley 24.557) no resulta aplicable el referido límite cuantitativo (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) en restricción de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 100.635, "Berón", sent. de 30-XI-2011; L. 100.245, "Barrera", sent. de 28-III-2012 y L. 98.856, "Rojas Muñoz", sent. de 25-IV-2012).
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el embate que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.2. Formuladas tales precisiones, lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018 y L. 119.975, "Álvarez", sent. de 16-V-2018), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que, para computar el ingreso base mensual, no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Adhiero a lo expresado en el punto III.1. del voto del doctor de Lázzari.
I.2. Sobre esa base debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo que -por conducto de la herramienta contemplada en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- ponen de manifiesto los colegas que me preceden en la votación.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (desarrollados en el punto II del sufragio inaugural), ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por
mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia