Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.969, "Bonito, Guillermo Javier y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 206/215 vta.).
Se interpuso, por parte de la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 225/229), el cual fue concedido a fs. 231 y vta., en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que el día 7 de abril de 2012 la señora Mirta Mercedes Teresa Romero -dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y madre de los accionantes- padeció un accidente automovilístico in itinere , como consecuencia del cual falleciera el día 11 de abril de 2012 (v. vered., fs. 206).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557. Consideró, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por la trabajadora fallecida, e hizo lugar a la demanda por el pago de compensación dineraria adicional de pago único (art. 11 apdo. 4 inc. "b", LRT), y de la prestación del art. 15 apartado 2 de dicho régimen legal, condenando al Fisco provincial -en su condición de empleador autoasegurado- a abonar a los accionantes el importe que específicamente determinó por tal concepto (v. sent., fs. 215 y vta.).
II. La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la vulneración de los arts. 1, 17, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional (v. fs. 225/229).
Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, denunciando absurdo y arbitrariedad.
En lo esencial, controvierte que el tribunal de grado haya incluido, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, a todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integraban el salario de la trabajadora, contrariando lo establecido en la normativa aplicable.
Argumenta que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos como consecuencia de un infortunio de trabajo, en la medida que la misma sea razonable.
Sostiene que el fallo en crisis atenta contra la normativa vigente por cuanto se incluyó en el cálculo del ingreso base mensual ítems no remunerativos que derivó en una prestación de $606.300,18.
III. El remedio intentado no prospera.
III.1. Cabe señalar que el recurso ha sido bien concedido pues, esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch", L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual debían tomarse en el caso "todos los ingresos consecuentes del trabajo que percibió la trabajadora".
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que la madre de los accionantes, la señora Mirta Mercedes Teresa Romero, era empleada estatal (médica) y que el día 7 de abril de 2012, durante el trayecto que unía su trabajo con su domicilio particular, sufrió un accidente automovilístico que terminó con su fallecimiento el día 11 de abril de 2012 (v. vered., fs. 206).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de mérito declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por irrazonable (art. 28, Const. nac.). Afirmó que no existen razones para justificar que, al pretender tomar como base de cálculo "el salario", en el caso concreto de autos, se desentienda de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema en las causas "Pérez c/ Disco S.A.", CSJN, sent. de 1-IX-2009 y "González c/ Polimat S.A. y otro", CSJN, sent. de 19-V-2010).
Agregó que la aplicación del art. 12 de la ley 24.557, con relación a la concreta situación de la trabajadora fallecida, excluyendo rubros denominados no remunerativos, desvirtúa la naturaleza resarcitoria con base en el salario, por ausencia de relación adecuada con todos los ingresos consecuentes del trabajo que aquella percibió (v. fs. 209).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de la prestación por fallecimiento prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la parte actora el importe de $606.300,18 (v. sent., fs. 209 vta. y 210).
II. Contra dicho pronunciamiento, la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En concreto, controvierte lo resuelto en torno al art. 12 de la ley 24.557 toda vez que el a quo incluyó, en el cálculo de la prestación referida, rubros no remunerativos en franca violación de lo prescripto por la norma en cuestión.
Manifiesta que el carácter remuneratorio está determinado por la habitualidad, regularidad, permanencia, por la sujeción a aportes y por no ser otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del juzgador.
Argumenta que la sentencia incurre en arbitrariedad y en absurdo, dado que la mentada norma deviene válida, vigente y aplicable al caso y que de los recibos de haberes surgen los importes que no se configuran como remunerativos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Dejando a salvo lo anterior, debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia que pudiera, eventualmente, adjudicársele al planteo de la recurrente.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por la peticionaria conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
III.3. Por último, es sabido que no corresponde a la Corte ingresar al tratamiento de la denuncia de absurdo (v. rec., fs. 227 vta./228 vta.) en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que tal carril se circunscribe a la comprobación del ajuste de la sentencia impugnada con la doctrina legal de este Tribunal.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia