Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120434
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari , Genoud, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.434, "González, Claudio Marcelo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 265/272 vta.).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 285/295 y 296/299). El interpuesto por la parte actora fue concedido por el citado órgano de grado a fs. 301 y vta.; y el de la demandada por esta Corte a fs. 333/334 vta., al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 327/330 vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 285/295?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al de fs. 296/299?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del infortunio que protagonizara el día 2 de octubre de 2010, mientras desempeñaba sus funciones como agente de la policía de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Médica n° 13 de Bahía Blanca -con fecha 16 de septiembre de 2011- dictaminó que el señor Claudio Marcelo González padecía una incapacidad del 16,5% del índice de la total obrera, recibiendo por ello de Provincia ART S.A. -administradora del autoseguro- la suma de $55.104,08 (en el mes de octubre de 2011; v. vered., fs. 265 y vta.).
Asimismo, consideró demostrado que el ingreso base a la fecha de la primera manifestación invalidante, conforme lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, era de $4.507,84, y que, teniendo en cuenta el total de las remuneraciones percibidas, incluidas las horas Co.Re.S, ascendía a la suma de $5.996,86 (v. vered., fs. 266).
En sentencia, en lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el a quo declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 12, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 268 y vta.). Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 2 de octubre de 2010), desestimando su pretensión de computar a tal efecto la remuneración devengada al momento de abonarse la prestación (en la especie: 16 de septiembre de 2011; v. fs. cit.).
Esto último, fundado en que luego de la primera manifestación invalidante el accionante gozó de licencias, prestaciones en especie y sustitución de salarios (v. sent., fs. 268 vta.).
Por otro lado, sostuvo, frente al pedido más generalizado del actor en relación al ajuste de los salarios desde la determinación de la incapacidad y el consecuente pago, que las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo son deudas dinerarias y, como tales, regidas bajo las normas de las leyes 23.928 y 25.561, las que no fueron cuestionadas en cuanto a su validez constitucional (v. sent., fs. 268 vta. y 269).
En ese sentido, juzgó que, destacado el carácter dinerario de la obligación, el daño por la mora en el pago se determina con intereses moratorios (v. sent., fs. 269 in fine ).
Luego, dejando a salvo su opinión personal, con fundamento en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, desestimó la pretensión actoral de aplicar la ley 26.773 al caso, desde que el accidente padecido por el trabajador se produjo con anterioridad a su entrada en vigencia (v. sent., fs. 269 vta. y 270).
En tales condiciones, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar al actor el importe de $127.514,42, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 270).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito (alta médica, 16 de septiembre de 2011) y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación. A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 270 y vta.).
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, se agravia por cuanto el tribunal de grado dispuso no aplicar al caso las disposiciones de la ley 26.773.
Sostiene -en lo esencial- que el a quo , por conducto del principio iura novit curia , debió ajustar el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con arreglo al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), aun con independencia de los argumentos esgrimidos por la parte.
Argumenta que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 refiere que las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente acaecida durante la vigencia de los decretos 1.278/00 y 1.694/09 y de la ley 24.557 deben ajustarse conforme el índice RIPTE desde el día 1 de enero de 2010 hasta la fecha de pago.
La aplicación de la normativa que mejora la situación de los trabajadores -prosigue- debe ser inmediata para todas aquellas situaciones no resueltas a la fecha de vigencia de dichos preceptos jurídicos, en virtud de los principios de progresividad y de aplicación de la norma más favorable al trabajador (v. fs. 288 y vta.).
Indica que la sentencia vulnera el principio de reparación suficiente y razonable (proporcional al daño sufrido) que deben revestir las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente definitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al ámbito temporal de aplicación de las prescripciones de la ley 26.773, reedita el planteo de inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5 efectuado oportunamente, en la inteligencia de que dicha norma afecta el derecho de propiedad del trabajador en tanto cercena irrazonablemente la reparación justa, suficiente y equitativa a la que tiene derecho, violentando, además, los principios contenidos en los arts. 19 y 21 de la Constitución nacional, así como los de integralidad, progresividad y no regresión en materia de seguridad social contenidos en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana-Protocolo de San Salvador (v. fs. 289 y vta.).
II.2. Por otro lado, alega que el tribunal de grado omitió pronunciarse sobre la tacha de inconstitucionalidad formulada del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto fija como pauta de cálculo el promedio de los salarios devengados durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, "congelando", de ese modo, la remuneración del trabajador (v. fs. 291 vta. y 292).
III. El recurso no prospera.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios transcriptos por razones metodológicas, advierto que el embate por el que se cuestiona la presunta omisión en que habría incurrido el juzgador al no expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, con relación al período computable para el cálculo del ingreso base mensual, no resulta atendible.
Toda vez que el planteo de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, una cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (causas L. 96.122, "Salinas", sent. de 30-XI-2011; L. 102.982, "Berges", sent. de 5-XII-2012 y L. 105.733, "Galarce", sent. de 26-VI-2013), la alegada omisión constituye materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causa L. 99.440, "Fabi", sent. de 7-VI-2010; e.o.).
Lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa de este tramo del recurso.
III.2. Tampoco merecen favorable recepción los planteos que trae el recurrente contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto rechazó la pretendida aplicación en el caso de las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. Esta Corte tiene dicho que, en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la citada ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y dec. 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Por ello, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773, no resulta aplicable al caso la norma actuada en la sentencia impugnada para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.2.b. Expresa el recurrente que "sin menoscabo de la aplicación inmediata del art. 17.6 de la ley 26.773", su art. 17 apartado 5 resulta inconstitucional (v. fs. 289). Sin embargo, el planteo que desarrolla en este tramo del recurso, tampoco resulta atendible.
Es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en el recurso no cumple con tales previsiones, ni evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad.
En ese sentido, la escueta y genérica argumentación que despliega el recurrente (incluso, invocando vagamente ciertos principios), luce manifiestamente estéril; fundamentalmente cuando ninguna razón se aporta en el recurso tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Para más -como se dijo- tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la petición que formula el recurrente.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria.
Sólo habré de recalcar que, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aún a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, mi criterio resultó minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, me he plegado en numerosos precedentes a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por lo expuesto, corresponde desestimar íntegramente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero al sufragio del doctor Soria y su propuesta de declarar inaplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773; esto último de conformidad con los fundamentos que expuse al votar en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), que doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto haciéndole saber al recurrente que, para más, el tribunal de grado expresamente se pronunció sobre la inconstitucionalidad pretendida, mas lo hizo en sentido adverso al pretendido por el peticionante (v. fs. 268 vta.).
I.2. Discrepo, en cambio, con la solución dada en torno al agravio por el que se procura la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 pues, en mi opinión, tal crítica -por los fundamentos que seguidamente habré de exponer- debe prosperar.
I.2.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773, cuya aplicación al caso fue requerida por la parte actora (v. dem., fs. 97/100 vta.), ha reiterado como regla general el criterio adoptado por una norma anterior que dispuso modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir, además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
I.2.b. Sin embargo, como anticipé, la solución de grado -en mi opinión- debe ser revocada.
A fin de resolver este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones calculadas conforme la norma vigente al momento del accidente que dio lugar a estas actuaciones, dada la insuficiencia reparatoria que -en la especie- las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional en su mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) en el que reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el trabajador se accidentó el día 2 de octubre de 2010 y que aún permanece parcialmente insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, las indemnizaciones previstas en la ley 24.557 calculadas de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dichas
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.