Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120161
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.161, "Rantuche, Alberto Rubén contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 198/207 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 234/248).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción promovida por el señor Alberto Rubén Rantuche y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 198/207 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 1 de diciembre de 2011 y como consecuencia de ello, padece una incapacidad permanente, parcial de carácter definitivo del 15% del índice de la total obrera, y que se le había abonado la suma de $97.871,37 en concepto de reparación (v. fs. 199).
También consideró demostrado que el módulo (art. 12, ley 24.557) sobre el que correspondía establecer la prestación dineraria, tomando como pauta las remuneraciones sujetas a aportes previsionales, ascendía a la suma de $9.647,74 y, con la incorporación de conceptos no sujetos a cotización, alcanzaba a $11.309,10 (v. fs. 200).
I.1. En la sentencia, en lo que resulta relevante para resolver la controversia, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto dicho precepto dispone -a fin de determinar el módulo salarial para establecer las prestaciones dinerarias- que sólo deben tomarse las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones (v. fs. 203).
Para así decidir, adujo que el valor mensual del ingreso base no debe tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba un resarcimiento acorde con las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social (v. fs. 203).
Manifestó que en tales condiciones resultaba ostensible la configuración de una diferencia -por disminución- generada por la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable", no profesional, anomalía que torna irrazonable el régimen y, por lo tanto, sujeto a su declaración de inconstitucionalidad.
Luego, concluyó que -en el caso- existían elementos suficientes que llevaban a la convicción de que la metodología de cálculo prevista en el art. 12 de la ley citada no conducía a un resultado razonable, sino que, mediante su aplicación, se produciría una clara vulneración del derecho de propiedad (v. fs. 203 vta.).
También puntualizó que el principio de razonabilidad exige que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, ya que, en caso de generarse cambios en las circunstancias que rodean la aplicación del derecho, tales sucesos podrían hacer que la solución legal -no ostensiblemente incorrecta en su inicio- se tornara irrazonable y deviniera indefendible desde el punto de vista constitucional.
Tal supuesto -concluyó- se verifica en el caso respecto de la aplicación del art. 12 con relación a la concreta situación del accionante, al quedar desvirtuada la referencia de una prestación resarcitoria, por ausencia de relación adecuada de los haberes del trabajador activo con los ingresos considerados a los fines del cómputo indemnizatorio.
Por lo expuesto, entendió que el dispositivo legal colisionaba con el art. 28 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad -y no regresión- en materia de seguridad social, contenidos en los art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- y con la normativa del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (v. fs. 203 vta. y 204).
I.2. Luego, en otro orden, rechazó la aplicación en el caso de las disposiciones de la ley 26.773, tal como había sido peticionado por el demandante, toda vez que -señaló- sus prescripciones no resultaban aplicables a contingencias ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia (B.O., 26-X-2012) como en el caso. En ese marco, declaró abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del citado cuerpo legal planteada por el accionante (v. fs. 204/205).
En consecuencia, por todo lo expuesto, declaró la procedencia de diferencias indemnizatorias a favor del actor (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557) y calculó la prestación en la suma de $112.384,18 (53 x $11.309,10 x 15% x 1,25), de la que dedujo el importe de $97.871,34 oportunamente percibido, arribando así a un total de $14.512,84 (v. fs. 205 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 234/248).
II.1. En primer lugar, objeta que el tribunal de origen haya desestimado la aplicación de la ley 26.773 en el caso de autos.
En ese orden, alega que la citada normativa debe aplicarse en forma inmediata a todas aquellas situaciones no resueltas a la fecha de su entrada en vigencia.
Sostiene que mientras exista un crédito a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación -como en la especie- debe ser aplicada sin más, en virtud de los principios de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable, que surgen no sólo de la legislación local vigente, sino además de diversos tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables.
Explica que la finalidad de las sucesivas reformas incorporadas a la Ley de Riesgos del Trabajo -decs. 1.278/00, 1.694/09 y ley 26.773- fue la de mejorar las prestaciones dinerarias del sistema originario, teniendo en cuenta la desvalorización que el transcurso del tiempo produce en las sumas que deben percibir los trabajadores siniestrados (v. fs. 238 vta.).
Por ello -puntualiza- el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 resulta aplicable en la especie, pues trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por las contingencias ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho régimen legal (v. fs. 239).
Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al ámbito temporal de aplicación de las prescripciones de la ley 26.773, reedita el planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5, efectuado oportunamente, en la inteligencia de que dicha norma afecta el derecho de propiedad del trabajador (sujeto de preferente tutela constitucional) en tanto cercena irrazonablemente la reparación justa, suficiente y equitativa a la que tiene derecho, violentando, además, los principios contenidos en los arts. 19 y 21 de la Constitución nacional, así como los de integralidad, progresividad y no regresión en materia de seguridad social contenidos en los art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana-Protocolo de San Salvador (v. fs. 240 y vta.).
II.2. Por otro lado, alega que el tribunal de grado no brindó tratamiento al planteo formulado en la demanda respecto de la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto establece que sólo corresponde computar, a los fines de calcular el valor mensual del ingreso base, los conceptos sujetos a aportes y contribuciones, sin contemplar aquellos rubros calificados como "no remunerativos" que integran el salario del trabajador (v.gr. horas Co.Re.S.).
Se agravia, además, porque el a quo omitió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del citado precepto en cuanto fija como pauta de cálculo el promedio de los salarios devengados durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, "congelando", de ese modo, la remuneración del trabajador.
Afirma, en ese sentido, que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, además de dejar de lado parte de la remuneración del actor, estanca su salario, perjudicándolo gravemente en atención al proceso inflacionario en el cual se encuentra inmerso nuestro país, por lo tanto -sostiene- se impone considerar a los efectos del cálculo de la prestación dineraria, el salario percibido por el trabajador al momento del dictado de la sentencia (v. fs. 243 vta. y 244).
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios formulados, abordando en primer término el cuestionamiento concerniente a la composición del ingreso base establecido en el art. 12 de la ley 24.557.
III.1.a. En ese cometido, he de destacar que, contrariamente a lo argumentado por el interesado, y como se desprende del relato de antecedentes, el tribunal a quo abordó expresamente el planteo de inconstitucionalidad de la citada norma en razón de los rubros contemplados para su cálculo, pronunciándose sobre el tópico en sentido favorable a la pretensión del ahora recurrente (v. sent., fs. 203/204), lo que muestra la inconsistencia del agravio, incluso con lo expuesto en otro fragmento del mismo recurso, donde reconoce que el a quo había tratado aquel planteo (v. rec., fs. 243).
III.1.b. Tampoco es atendible el embate en cuanto se dirige a cuestionar la presunta omisión en que habría incurrido el juzgador al no expedirse sobre el planteo de invalidez constitucional de aquella norma, ahora con relación al período computable para el cálculo del ingreso base mensual.
En este sentido, y toda vez que el planteo de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, una cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (causas L. 96.122, "Salinas", sent. de 30-XI-2011; L. 102.982, "Berges", sent. de 5-XII-2012 y L. 105.733, "Galarce", sent. de 26-VI-2013), la alegada omisión de su análisis constituye materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causa L. 99.440, "Fabi", sent. de 7-VI-2010; e.o.), que el impugnante se abstuvo de deducir.
Lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa de este tramo del recurso.
III.2. Tampoco merecen favorable recepción los planteos que trae el recurrente contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto rechazó la pretendida aplicación al caso de las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. Al respecto, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha del infortunio laboral, esto es, el 1 de diciembre de 2011, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde rechazar este tramo del recurso y, en consecuencia, confirmar el fallo de grado en cuanto declaró inaplicables en el caso las prescripciones de la ley 26.773.
III.2.b. Sin perjuicio de lo expuesto, a propósito del planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 que el interesado renueva en esta instancia, y que fuera desplazado del análisis del a quo por la forma en que resolvió la cuestión, he de efectuar las siguientes consideraciones.
III.2.b.i. Es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en el recurso no cumple con tales previsiones, ni evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.2.b.ii. En ese sentido, las razones expuestas y la genérica alusión al "principio de progresividad" invocada, lucen manifiestamente estériles; sobre todo cuando ningún argumento porta el recurso tendiente a demostrar la configuración en el caso, de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.2.b.iii. Para más -como dije- tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la petición que formula el recurrente.
III.2.c. A partir de lo resuelto, se torna inoficioso abordar la crítica relativa a la validez constitucional del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773 (v. rec., fs. 246).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. En lo concerniente a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, comparto la solución propuesta, toda vez que se condice con la postura que al respecto asumí en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la que adherí al voto del doctor Genoud, a la cual remito por razones de brevedad.
I.3. Finalmente, tampoco es de recibo el planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuado por el recurrente.
Sobre el particular, he de insistir que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación del precepto impugnado, toda vez que no lo advierto en pugna con los derechos y garantías de jerarquía constitucional, como lo pretende el impugnante, lo que sella la suerte adversa del planteo.
Por tales motivos, también acompaño lo señalado por el colega en el punto III.2.c. de su sufragio.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, suscribo la solución plasmada en el punto III.2.a. del sufragio inaugural.
Ello, toda vez que en el marco de lo regulado en la ley 26.773, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016), a la que por razones de brevedad remito.
I.3. Finalmente, también comparto la opinión vertida por el doctor de Lázzari en los puntos III.2.b. y III.2.c. de su voto.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Adhiero a lo expuesto por mi colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
II.2. Discrepo, en cambio, con la solución dada en torno al agravio por el que se proc
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