Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121778
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
PADRON WALTER MARCELO C/ CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata condenó a Galeno ART S.A. a abonarle a Walter Marcelo Padrón la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente (art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557) y por reparación integral del daño conforme las normas del derecho común (v. fs. 293/302).
Para así resolver -en lo que interesa destacar-tuvo por acreditado, con sustento en la pericia médica, que la atención otorgada por la demandada frente a las secuelas del siniestro había resultado insuficiente, en tanto no había ordenado la recalificación del trabajador, circunstancia que había incrementado el déficit funcional incapacitante en un 10,5% del índice de la total obrera.
En ese contexto, juzgó configurada la responsabilidad de la aseguradora, en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil, respecto del agravamiento como consecuencia del actuar negligente de sus prestadores.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 317/324 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 325 y vta.
En su presentación se agravia de que el tribunal de trabajo no tuviera en cuenta que su obligación como aseguradora de riesgos del trabajo se encuentra limitada únicamente al otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, sin que deba responder por la reparación integral de los daños y perjuicios reclamados con fundamento en el derecho común.
Asimismo, considera que el juzgador incurrió en una errónea aplicación del derecho vigente, pues el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene se encuentran a cargo del empleador.
Finalmente, plantea ciertas contradicciones en el escrito de inicio, alegando que no existen imputaciones concretas contra su parte con sustento en el art. 1.074 del anterior Código Civil.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. En primer lugar, no le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
Asimismo, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017).
III.2. Sentado ello, cabe señalar que reiteradamente esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, ya que su crítica -dirigida, con exclusividad, a controvertir la condena por responsabilidad civil extracontractual a la aseguradora- se desentiende por completo del razonamiento plasmado en el pronunciamiento de origen y omite toda referencia -idónea- a las motivaciones esenciales que lo dotan de sustento.
En efecto, el recurso sólo exhibe meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central en el que se basa el fallo atacado, relativo a que la responsabilidad civil de la aseguradora se origina en la falta de atención adecuada del siniestro, incumpliendo así las obligaciones que le impone el art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que provocó un agravamiento de la incapacidad que porta el trabajador.
Ante lo expuesto, corresponde señalar que esta Corte ha declarado que constituye requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009 y L. 114.216, "Cesarini", resol. de 26-X-2011).
III.3. Por otro lado, tampoco prospera el argumento afincado en la existencia de contradicciones en el escrito de inicio.
Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 113.611, "Guzmán", resol. de 30-II-2011; L. 117.625, "Abregu", resol. de 18-XII-2013; L. 117.916, "Giménez", resol. de 10-IX-2014 y L. 119.656, "Riciutti", resol. de 1-VI-2016).
Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad del quejoso con la solución adoptada, reiterando los argumentos vertidos al contestar la demanda, sin siquiera denunciar como vulnerado el referido postulado y las normas rituales que lo receptan (causas L. 113.611, cit.; L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012 y L. 116.453, "B., I.E.", sent. de 4-VI-2014).
Para más, en el escrito de demanda (v. fs. 11 vta./13 vta., apartado VIII) se advierte con claridad que el actor formuló la imputación de responsabilidad de la aseguradora con sustento en el art. 1.074 del anterior Código Civil, y en tales términos fue decidido a fs. 297/299 en el fallo impugnado.
III.4. Finalmente, resta agregar que la cita de doctrina legal, efectuada a fs. 323, deviene ineficaz si en los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 106.020 "A., V.N.", sent. de 12-XII-2012; L. 116.824, "G., R.E.", sent. de 23-X-2013; L. 118.178, "Pan", resol. de 12-XI-2014 y L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia