Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120065
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani , Soria, de Lázzari , Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.065, "Talpone, Gabriela Rosana contra Autoaseguradora Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 149/156 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 168/171 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda que la señora Gabriela Rosana Talpone promovió contra la Provincia de Buenos Aires -autoasegurada- mediante la cual le había reclamado diferencias en el pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, tuvo por acreditado -luego de valorar las constancias obrantes en los autos caratulados "Talpone, Gabriela Rosana c/ Autoasegurada Provincia de Buenos Aires s/ Apelación de Resolución Administrativa", de trámite por ante ese mismo órgano jurisdiccional y que fueran ofrecidos como prueba instrumental a las presentes actuaciones- que en fecha 24 de febrero de 2014 la Comisión Médica n° 12 dictaminó que la actora había sufrido un accidente de trabajo el día 4 de diciembre de 2012 que le provocó un traumatismo en el dedo pulgar derecho con colocación de material de osteosíntesis; así como también que a consecuencia de dicho infortunio padecía una incapacidad parcial y permanente del 14,86% (v. vered. primera cuestión, fs. 149 vta.).
Señaló además el a quo , que en las referidas actuaciones dicho tribunal había dictado sentencia el día 25 de marzo de 2015, en la que declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la señora Talpone por presentar limitación en las funciones del dedo pulgar de su mano derecha, la cual le genera una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 36,18% del índice de la total obrera (v. vered. primera cuestión, fs. cit.).
También ponderó que la actora reconoció en su escrito de promoción de la demanda haber percibido $138.424,39 en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 e indemnización adicional (20%) del art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. primera cuestión, fs. 149 vta. in fine y 150).
Finalmente, juzgó comprobado que le asistía razón a la demandante en su reclamo vinculado al importe del valor mensual del ingreso base, estableciéndolo -luego de evaluar los recibos de haberes adjuntados- en la suma de $11.694,88 (v. vered. segunda cuestión, fs. 150).
En la etapa de sentencia rechazó inicialmente el planteo de inconstitucionalidad que esta última había formulado en relación al decreto 472/14, e hizo lugar a la acción deducida procediendo a calcular el importe de la prestación a la que la señora Talpone resultaba acreedora en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($297.360,80) e indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773 ($59.472,16), más intereses aplicados hasta la fecha de la percepción ($83.379,87). A dichos valores, cuya sumatoria alcanzó los $449.212,83, le restó el monto ya percibido ($138.424,39; v. sent., fs. 154/156).
En tales condiciones, condenó a la demandada a pagarle a la señora Talpone la suma de $310.788,44 en concepto de capital y $146.181,56 por los intereses calculados a la tasa pasiva "digital" que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 155 vta./156 vta.).
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 75 inc. 22 y 99 incs. 2 y 3 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y los principios protectorio y de progresividad (v. fs. 168/171).
Se agravia únicamente del tramo del pronunciamiento que desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14.
Sobre el particular, refiere que dicha normativa configura un exceso reglamentario que transgrede lo prescripto por el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional, al determinar que sólo se incrementarán -conforme la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)- las compensaciones de pago único incorporadas por el art. 11 de la ley 24.557 y sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09.
Sostiene que, al desechar injustificadamente la aplicación de ese mecanismo de ajuste a las prestaciones previstas por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (que es la reclamada en autos), el mentado decreto resulta inconstitucional por violentar las mejoras que los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 establecen para todas las prestaciones sin distinción alguna, arrogándose de tal modo el Poder Ejecutivo facultades netamente legislativas.
En suma, afirma que la reglamentación implica una regresión sobre la ley 26.773, pues niega a la actora el derecho a aplicar el índice RIPTE sobre el monto que arroja la indemnización prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 171).
III. El recurso no prospera.
III.1. No asiste razón a la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose de la definición del tribunal de trabajo en cuanto desechó la pretensión de aplicar el mecanismo de actualización -índice RIPTE- al resultado de la fórmula que contempla el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.1.a. Al emitir opinión en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), hube de manifestar que el citado art. 8 regula sobre el mecanismo de ajuste periódico y automático de los importes por incapacidad laboral permanente, mientras que el art. 17 apartado 6 contempla el modo en que dicha pauta opera inicialmente a partir de la entrada en vigencia del cuerpo legal citado.
El primero dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su lado, el art. 17 apartado 6 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
Del juego conjunto de ambas disposiciones se desprende que la primera establece -con carácter permanente y para el futuro- el mecanismo con arreglo al cual se determina el módulo de ajuste de las prestaciones correspondientes a las contingencias posteriores a la entrada en vigencia de la nueva legislación (índice RIPTE que deberá publicar semestralmente la Secretaría de Seguridad Social, estableciendo los valores y el lapso de vigencia), y la segunda regula -simplemente- el hito temporal (enero de 2010) a partir del cual debe aplicarse dicho índice al importe de esas mismas prestaciones para el caso de los siniestros sobrevinientes a la publicación de la ley 26.773.
El índice es publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tomando como referencia la información de la Secretaría de Seguridad Social (v. pág. web www.trabajo.gov.ar/downloads/seguridadsoc/inf ripte.pdf). El ajuste de carácter semestral en base a dicha pauta (art. 8) se produce en los mismos plazos que el dispuesto para el Sistema Integrado Previsional Argentino (art. 17 apdo. 6) con el dictado de una resolución proveniente del último de los organismos citados (art. 8).
III.1.b. Sentado lo anterior, y como adelanté, resulta desacertado el planteo del recurrente en cuanto propugna que la decisión del a quo se aparta de las prescripciones de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, porque no dispone la aplicación del índice RIPTE para el cálculo de la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
No se me escapa que el tópico ha suscitado un arduo debate en los ámbitos de la doctrina especializada y jurisprudencia, pues no son pocos los puntos oscuros y las dificultades interpretativas generadas por la ley 26.773.
Ahora bien, en la citada causa L. 118.532, puesto a definir el tema convocante: esto es, cuáles son los conceptos que están sujetos a la aplicación del índice previsto por dicha normativa, entendí como razonable lectura de los preceptos en juego que el parámetro de ajuste debe operar sobre: (i) los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; (ii) las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 (en igual sentido, cfr. Ackerman, Mario E .; Ley de Riesgos del Trabajo , Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 98; v. CNAT Sala IV in re "Gamboa c. La Caja ART S.A.", sent. def. n° 98.528, de 4-XII-2014; "Cabañas Rodríguez c. La Caja ART S.A.", sent. def. n° 99.069, de 29-V-2015); (iii) los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 de la ley 26.773.
Me afirmé en esa conclusión porque la referencia contenida en el art. 8 con relación a los "importes por incapacidad laboral permanente" conduce a la hermenéutica de que esa expresión lingüística hace alusión a los montos mínimos garantizados por el decreto 1.694/09 y a las sumas que en concepto de adicionales de pago único contemplaba el sistema especial. Agrego a ello, asimismo, los valores de base establecidos para el resarcimiento adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14, a las que luego habré de referirme -y las que siguieron su línea-).
Estos ítems son los que constituyen los importes establecidos en el marco de la legislación de riesgos del trabajo, quedando excluidas de esa definición las reparaciones obtenidas a partir del uso de las ecuaciones o fórmulas polinómicas previstas en la ley 24.557 (conformadas a partir de una cifra multiplicadora -53- y de tres factores o componentes propios de cada caso concreto, a saber: ingreso base mensual –IBM-, grado de incapacidad y coeficiente etario).
Esta línea hermenéutica es la que, a mi criterio, se ciñe más adecuadamente a la letra de la ley 26.773, así como a su objetivo concreto orientado por la "...cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias" (art. 1 párrafo primero). Al igual que el decreto 1.694/09 (v. sus cons., en los que se expresa la necesidad de "...mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo los pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio..."), en definitiva, también la ley 26.773 tiende a la mejora de las prestaciones del régimen de reparación a partir de su incremento cuantitativo general, periódico (semestral), automático y a futuro.
III.1.c. Contribuyen a reforzar la interpretación que propicio las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013) y 3/14 (B.O., 25-II-2014).
En ellas se establece -en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773- el importe reajustado, por la evolución del índice RIPTE, de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" mínimos de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.) y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 segundo párrafo, ley 26.773).
En el marco de la resolución 34/13 el método de ajuste se aplica a partir del día 26 de octubre de 2012 (v. arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a"), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. En la posterior resolución 3/14, los valores se establecen por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 al 31 de agosto de 2014.
III.1.d. Por último, cabe señalar que en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018) -en la cual adherí al voto inaugural del doctor Soria- este Tribunal resolvió que lo regulado por el decreto 472/14 no implica una transgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional. Dicho reglamento recoge la exégesis de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 -actualmente derogados por la ley 27.348 (art. 21)- y de las resoluciones dictadas por la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, 3/14 y 6/15, en cuanto el índice RIPTE resulta aplicable sobre compensaciones adicionales de pago único y sobre aquellos importes correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09.
De ello se sigue que la reglamentación determina que son únicamente los montos mínimos del decreto 1.694/09 (también son valores mínimos los establecidos para el concepto contemplado en el art. 3, ley 26.773; conf. arts. 6, resol. 34/13 y 4, resol. 3/14) y los adicionales de pago único del art. 11 apartado 4 de la ley 24.557 los que quedan sujetos al mecanismo de ajuste, despejando así toda discusión hermenéutica en torno a cuáles son las situaciones contempladas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
En otras palabras, la normativa reglamentaria pone fin a toda discusión sobre el punto, descartando la posibilidad de aplicación de la indicada pauta de corrección sobre las fórmulas tarifadas de los arts. 14 y 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.1.e. A tenor de lo dicho, cabe confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires -autoasegurada- a abonar las diferencias en las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo e indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773, desestimando la pretensión de la actora de aplicar el índice RIPTE sobre el monto que arroja la fórmula prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la citada ley 24.557.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto las razones que conducen al colega ponente a desestimar el medio de impugnación.
La tesis que trae la recurrente colisiona con los argumentos que brindé al emitir mi opinión en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), los cuales -en sustancia y con ciertas reflexiones adicionales- habré de reiterar.
I.1.a. El art. 8 de la ley 26.773 establece que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su parte, el art. 17 apartado 6 de la misma ley (en su redacción original) prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
En línea con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RHl "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. cons. 8° último párrafo), una interpretación sistemática de las normas, lleva a afirmar que el "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" trajo un mecanismo de ajuste general y periódico, que como tal, actúa sobre los importes que en abstracto y genéricamente prevé el sistema, así, sobre los relativos a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que se refiere el art. 1 del decreto 1.694/09 y sobre aquellos correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del mismo instrumento.
Precisamente, y tal como surge de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017, es esa la exégesis que recoge no sólo el decreto 472/14, sino también las resoluciones -no obstante referirse asimismo al mínimo valor de la indemnización del art. 3 de la ley 26.773 en determinados supuestos- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, 3/14 y 6/15, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773).
I.1.b. Luego, y a tenor de las consideraciones que anteceden, no se verifica que lo regulado en el decreto reglamentario implique una transgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional.
Dable es recordar que el Alto Tribunal tiene dicho que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y en general no vulneran el principio establecido en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional, los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema, causa O.158.XXXVI "Oharriz, Martín Javier c/ MJ. y DD. HH. - ley 24.411", sent. de 26-VIII-2003 y Fallos: 326: 3032). También, que sólo en el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su espíritu o finalidad se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones que le son encomendadas por la Constitución (CSJN causa C.90.XXXI "Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional s/ acción declarativa", sent. de 16-IX-2003 y Fallos: 326:3521).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.