Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121829
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar la queja traída (art. 292, CPCC; 63, ley 11.653; Acordada 1.790) y declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento que el agravio tratado ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
PIRES PATRICIA SILVINA C/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 17 de abril de 2019.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda deducida por Patricia Silvina Pires y condeó a Asociart ART S.A. a abonarle a la actora la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente parcial derivada de un accidente de trabajo in itinere (v. fs. 131/140 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, la sociedad demandada, mediante su apoderado, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/156) en el que, en sustancia, sólo se agravia respecto de la definición del tribunal de origen que adicionó al monto de condena el incremento adicional de pago único, cuya prestación se encuentra prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
A su turno, el sentenciante de mérito denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio y por considerar no configurado un supuesto de excepción en los términos del art. 55 de la ley 11.653 (v. fs. 157), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, v. fs. 189/194).
III. La queja prospera.
En orden al agravio descripto, en pietra síntesis, como se anticipó, la apelante controvierte la interpretación que hubo de efectuar el sentenciante de mérito en orden a la finalidad del citado art. 3 de la ley 26.773, en cuanto consideró que alcanza a cubrir la contingencia de autos, encontrándose bajo su órbita de aplicación. Sostiene que, en el sub lite , no se verifican los presupuestos que la configuran. Denuncia incorrecta aplicación de la legislación vigente y la violación de la doctrina legal en línea con lo señalado a partir del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART S.A. s. accidente-ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. fs. 256/257).
Por otro lado, controvierte la denegatoria cursada por el sentenciante de mérito, desde que -afirma- al decretar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio, incurrió en un supuesto de gravedad institucional al aplicar arbitraria e infundadamente la citada norma, vulnerando los derechos constitucionales que enuncia. Invoca la doctrina sentada a partir del precedente L. 119.002, "Carabajal María Isabel y otro c. Provincia ART S.A. y otro. S. Accidente in itinere ", de fecha 25 de abril de 2018.
Asimismo, reitera que, en el caso, se encuentra configurado un supuesto de "gravedad institucional" que habilita -a su modo de ver- la competencia casatoria de esta Suprema Corte.
IV.1. Al respecto, corresponde observar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia está representado para la impugnante por el capital de condena de cuya procedencia se agravia, el que no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 120.919, "Pantolini", resol. de 6-XII-2017 y L. 121.577, "Segovia", resol. de 26-IX-2018).
IV.2. En torno a las alegaciones vertidas, se impone destacar, en primer lugar, que no se advierte en el caso - prima facie valorado- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia en los términos de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), toda vez que los argumentos expuestos en el recurso se relacionan con denuncias concernientes a la apreciación de los hechos y las pruebas, e interpretación y aplicación del derecho común, que denotan que en el sub examine no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009; L. 116.951, "Recalde", resol. de 17-X-2012; L. 118.037, "Vázquez", resol. de 8-IV-2015 y L. 119.355, "Cabral", resol. de 21-X-2015; Fallos: 310:1545 y 325:2192, 1145).
IV.3. En lo atinente a la causal de gravedad institucional, tampoco se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad por aquel tamiz (Fallos: 327:5826, 323:287 y sus citas; v. también 317:1162, 331:2799 y 330:5052).
V.1. Ahora bien, no obstante lo expuesto, si bien -como se anticipó- el valor del agravio por el que la demandada cuestiona el importe de la condena impuesta en orden a lo regulado por el mencionado art. 3 de la ley 26.773, no alcanza el monto mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que se observe, en el caso, tal como lo destacó el sentenciante de mérito, la hipótesis habilitante de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 citada, en atención a la facultad prevista en el art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827, y modif., corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada, a fin de abordar la sustancia de la cuestión controvertida ante esta sede casatoria (art. 292, cit.).
V.2. Ingresando en su estudio, cabe anticipar que le asiste razón a la recurrente en cuanto postula se modifique la sentencia de grado en relación a la aplicación, a la contingencia de autos, del adicional prescripto en el citado art. 3 de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En tal sentido, tuve oportunidad de pronunciarme recientemente en el precedente invocado por la apelante in re L. 119.002, "Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente in itinere", sent. de 25-IV-2018, en la que sostuve que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su art. 4 consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarle a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, la razón emergente manifiesta -afirmé-: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, doctr. causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
En ese contexto, finalmente señalé que la solución propuesta se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART SA s. accidente-ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. consid. 5°, segundo párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan y por los mismos fundamentos, adhieren al voto del señor Juez doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar la queja traída (art. 292, CPCC; 63, ley 11.653; Acordada 1.790) y declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento que el agravio tratado ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia