Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122131
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
VILLANUEVA ESTER MONICA C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 8 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó la demanda que Ester Mónica Villanueva, por sí y en representación de su hijo Gianfranco Santano, interpuso contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la que procuraba el cobro de una indemnización por el fallecimiento del señor Cristian Andrés Santano quien fuera en vida esposo y padre, respectivamente, de los actores (v. fs. 202/212).
Para así decidir, entendió que no había en la causa ningún indicio respecto a la existencia de relación de causalidad o concausalidad entre las tareas realizadas por Santano y el infortunio sufrido.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone, mediante presentación electrónica, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el a quo a fs. 217.
En su impugnación se agravia de que el tribunal haya reemplazado la noción de ocasionalidad por la de causalidad, entendiendo que se debe extender la cobertura a situaciones en que, si bien no responden a la específica actividad laboral desarrollada por el obrero, el trabajo constituyó un elemento indispensable en la ocurrencia del evento dañoso.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar las características de las tareas desempañadas por el trabajador, como así también si existe relación causal o concausal entre éstas y la muerte, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.613, "Gutiérrez", sent. de 16-IV-2014; L. 101.627, "F., M.G.", sent. de 22-VI-2011 y L. 95.205, "Macías", sent. de 22-XII-2008).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico y formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.2. En el caso, la interesada no consigue acreditar tal anomalía, desde que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales sobre el modo en que considera que el a quo debió interpretar los escritos, las constancias y las probanzas de la causa.
En efecto, el tribunal de grado entendió que no existía elemento alguno en la causa -conforme resultado de la autopsia, dictamen médico y la omisión de aportar y respaldar datos respecto de las circunstancias que hacen a la prestación de servicios, adunando la exigua extensión del contrato laboral- que permita determinar la existencia de nexo de causalidad y/o concausalidad entre las tareas realizadas y el infortunio.
Siendo ello así, se advierte que la argumentación de la recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014 y L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016).
III.3. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y sin perjuicio de que la recurrente no desarrolla mayores argumentos sobre el particular, el fallo no luce apartado de la directiva impuesta por dicha norma, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218 "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303 "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225 "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el presente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia