Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122561
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
LUCUMAN VANESA ELIZABETH C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 29 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria, Genoud y Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Vanesa Elizabeth Lucuman, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial y al agravante por temeridad y malicia, con mas los intereses calculados de la manera que especificó (v. fs. 313/330 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica con cargo 11 de octubre de 2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 341 y vta. en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En primer lugar, objeta la decisión de grado en cuanto se dispuso acumular al capital de condena los intereses devengados desde que cada crédito resultó debido y hasta la notificación de la demanda, aplicando indebidamente el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, y vulnerando los principios de congruencia y preclusión, los derechos de propiedad e igualdad ante la ley y las garantías constitucionales que enuncia. Por otra parte, controvierte la aplicación al caso de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Alega que el sentenciante obró sin la prudencia requerida en su imposición, ya que la actitud procesal asumida por la aseguradora, lo fue en el ejercicio de su derecho de defensa en juicio, sin que exista malicia procesal alguna.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 341), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. Tal situación se encuentra ausente en el sub examine , toda vez que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración precedentes vinculados al principio de congruencia y a la configuración del vicio de absurdo, los que, reiteradamente ha dicho este Tribunal resultan ser asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo del precepto procesal citado (causas L. 117.896, "Esteban", resol. de 3-IX-2014; L. 119.334, "Pintos", resol. de 16-XII-2015 y L. 120.270, "Sandoval", resol. de 28-IX-2016).
Por otra parte, es dable destacar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 119.726, "Barrionuevo", resol. de 24-V-2016 y L. 120.843, "Perotta", resol. de 20-IX-2017).
III.3. Con relación al segundo de los cuestionamientos, sabido es -conforme reiterada doctrina de esta Corte- que en el marco de la referida hipótesis de excepción no es idónea la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la determinación de la existencia o inexistencia de un comportamiento en los términos del precepto citado es facultad privativa de los jueces de grado, que remite claramente a cuestiones de hecho y prueba, detraídas del acotado ámbito cognoscitivo al que se circunscribe el referido supuesto excepcional (causas L. 92.086, "Abendaño", sent. de 28-IX-2011; L. 117.682, "Avalos", resol. de 22-X-2014 y L. 118.505, "Maestu", resol. de 8-IV-2015)
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L.117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia